CNE y los monitos de la baraja
Óscar
Lucien
Una
vez más el Consejo Nacional Electoral comete un acto de retaliación y de
criminalización contra la asociación civil Ciudadanía Activa al prohibir de
manera absolutamente arbitraria y sin fundamento una serie de micros
institucionales que desde varios meses transmite, dentro de sus programas de
opinión, el canal del noticias Globovisión. Ciudadanía Activa es una ONG que
desde hace más de diez años mantiene una dinámica actividad, nacional e
internacional, promoviendo valores democráticos, divulgando la Constitución
Nacional y actuando en defensa de derechos civiles y políticos de los
venezolanos. Como miembro activo de esa organización doy fe de las actuaciones
diafanamente públicas, notorias y comunicacionales de Ciudadanía Activa ante el
Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría, la
Defensoría del Pueblo y ante el mismo CNE, presentando comunicaciones,
solicitudes de amparos o medidas cautelares contra algún derecho ciudadano
vulnerado.
Circunstancias
absolutamente aleatorias, puesto que la motivación asociativa la determina la
voluntad de defender los valores democráticos, han permitido que en Ciudadanía
Activa concurran un conjunto de profesionales del ámbito del cine y la
comunicación cuyo aporte ha sido fundamental para la producción y difusión de
mensajes propios de la misión y visión de la organización. Películas
documentales como “La lista: un pueblo bajo sospecha” (sobre el oprobioso apartheid bolivariano); “El
único soy yo,: rumbo al totalitarismo del siglo XXI” (sobre el nefasto culto a la personalidad); y ¿Venezuela
se uniforma? (sobre la
militarización de la sociedad venezolana) para sólo citar tres documentales que
constituyen una trilogía sobre el complejo proceso político de supresión de la
democracia que vive nuestro país, han repercutido en una considerable
visibilidad de Ciudadanía Activa. Y de manera relevante es conocida Ciudadanía
Activa por su serie de micros sobre temas constitucionales y legales que se
transmiten con frecuente periodicidad por Globovisión, por algunas estaciones
regionales y, por supuesto, por Internet.
Este
largo preámbulo tiene sentido para poner de relieve lo perverso de la reciente
decisión del CNE de prohibir la serie de micros sobre ventajismo electoral que
estaba difundiendo Globovisión, al calificar a Ciudadanía Activa “un tercero
que está haciendo propaganda electoral sin estar inscrito en el CNE como actor
político”. ¿Pero en qué cabeza cabe semejante perversidad? ¿Desde cuándo hay
que ser actor político inscrito en el CNE para expresar una opinión? ¿De qué
jugarreta se valen las rectoras del CNE para calificar de propaganda electoral
unos mensajes que en ningún momento llaman a votar por alguna candidatura que
es lo que, de acuerdo con la norma aprobada por ellas mismas, califica como
propaganda? Si existe una institución pública venezolana que sabe que
Ciudadanía Activa no es un partido político es el CNE. Numerosísimas
comunicaciones han sido dirigidas a la Sra. Lucena, Rectora-Presidente y demás
miembros del Directorio, a lo largo de una década, solicitando información
sobre resultados electorales, proponiendo ideas de participación ciudadana,
denunciando irregularidades, instando por cumplimiento y diligencia del CNE
respecto de normativas electorales. Vale la pena recordar que en octubre de
2011 Ciudadanía Activa presentó una denuncia ante el CNE por la indebida
declaración por parte del Presidente de la República del Despacho Presidencial
de Miraflores como una base de patrulla electoral del PSUV, al mismo tiempo que
instaba al CNE a promover una normativa electoral para regular la utilización
de cadenas presidenciales durante la campaña. Nunca el CNE se ha dignado
siquiera a dar acuse de recibo de estas comunicaciones aunque si se tienen los
sellos respectivos de su consignación en la receptoría de la institución.
La
medida de suspender los micros de CA tienen un evidente carácter retaliativo,
que constituye un grave acto de censura que marca un grave precedente por
cuanto censurar o limitar la opinión clausura el debate político del país. El
supuesto gran logro del tránsito de la democracia representativa a la
participativa queda sin efecto con esta absurda y arbitraria prohibición. Los
ciudadanos no podemos ir a votar como los monitos de la baraja que ni ven ni
oyen ni hablan. Para ejercer democráticamente el voto es esencial la
deliberación y la confrontación de las opiniones. Si las rectoras quieren
comportarse como los monitos de la baraja están en su derecho. Pero al hacerlo
traicionan el mandato constitucional que juraron obedecer.
