¿Medios públicos? ¿Medios revolucionarios?

Óscar Lucien

"Declaro que no permitiré que en Venezuela haya un solo niño de la calle: si no, dejo de llamarme Hugo Chávez Frías" consta como uno de los primeros compromisos del ex-paracaidista golpista, recién electo presidente por el voto popular, ofrecido en su alocución del 6 de diciembre de 1998. De tal juramento pronto se cumplirán catorce años. Mientras, como persona y como  Jefe de Estado reelecto el pasado 7 de octubre para un nuevo periodo, sigue llamándose Hugo Chávez casi todo ha cambiado de nombre en Venezuela, incluyendo el mismo nombre de la república, que por su capricho expreso, es ahora república “bolivariana”. Cambió el himno nacional y el escudo patrio. Cambió el nombre del cerro Avila, del Congreso Nacional, de los ministerios, parques y avenidas. Se habla de un poder popular, de un estado comunal y de un “Socialismo” que no sólo no están en la Constitución sino que fueron rechazados soberanamente por el voto popular en el referendo del 2 de diciembre de 2007. Alerto, en consecuencia, que la “neolengua” de la revolución bolivariana esconde una hábil impostura que desnaturaliza y pervierte claras expectativas y aspiraciones de los venezolanos, traiciona mandatos de la Constitución y mina las bases mismas de la república.

¿Luego de catorce años “en Palacio” queda alguna duda, pregunto, de que el propósito último del proyecto político del teniente coronel Chávez es su permanencia en el poder? ¿Queda alguna duda de que en el campo de las comunicaciones todo el entramado legal y las decisiones administrativas y políticas del gobierno de Hugo Chávez conducen a un control absoluto, bajo la apariencia y el discurso de la democratización? ¿No se suman día a día las evidencias de que los llamados “medios públicos” son de manera desvergonzada aparatos de proselitismo político, propaganda de gobierno, de criminalización y de exclusión de la diversidad política del país? ¿Dónde y cómo aparece en el “Sistema nacional de medios públicos” esa otra mitad de los venezolanos que votó en contra del modelo político que se pretende imponer en Venezuela, fotocopia de la dictadura de la dinastía Castro en Cuba?

En la antesala del nuevo mandato presidencial, del anuncio del “Segundo plan socialista 2013/2019”, podemos constatar y advertir que bajo la apariencia del repetitivo discurso de la democratización de las comunicaciones, se ha camuflado un proyecto de sometimiento y silenciamiento de la sociedad, articulado desde la confesada pretensión de lograr la “hegemonía comunicacional. Lo que viene ahora entonces, es algo más que cambios de nombres.

En distintos ámbitos académico y otros espacios públicos hemos expuesto testimonios fidedignos para demostrar como todas las acciones administrativas y legales del gobierno aluden expresamente al propósito de la democratización de las comunicaciones. Pero al analizar la verdadera racionalidad de la ley o materialización de la misma, artículo por artículo, se descubre al lobo bajo “la caperucita roja”. Normas que, de hecho, en su aplicación, limitan, restringen, censuran, criminalizan, niegan garantías constitucionales, a la libertad de expresión y al derecho a la información de los venezolanos.

El desempeño del gobierno, con funcionarios con muy disminuida entidad propia, y en particular cargando con el talante autocrático y narcisista del Presidente Chávez, no permite vislumbrar días luminosos en el escenario de la comunicación en Venezuela. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública para proselitismo político y culto a la personalidad del presidente; la asignación arbitraria y discriminatoria de propaganda oficial; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas editoriales e informativas.

Ya tenemos un primer y grosero ejemplo. El recién nombrado Ministro de Comunicación estrenándose en funciones en el foro “Comunicación y revolución” anunció para los días siguientes, antesala de las elecciones regionales, a manera de demostración de los grandes logros del ministro saliente en materia tecnológica y de infraestructura, la puesta al servicio del partido del gobierno de tales recursos y formas antidemocráticas de gobernar. ¿Medios públicos?

Sin duda alguna, más allá  de simples cambios de nombres, parece que entramos a un denso y sostenido proceso cuyo fin es el secuestro de los medios de los venezolanos en favor de un proyecto político. 
@olucien

EL NACIONAL - VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2012	OPINIÓN/7

Opinión El show no debe continuar  ÓSCAR LUCIEN @olucien 1 . La aparición del comediante-presidente en las inmediaciones de la refinería de Amuay luego de la lamentable tragedia, pavoneándose en su absurdo empeño de acercarse al foco del incendio todavía no controlado, a pesar de las expertas recomendaciones de no hacerlo, y su ensañamiento contra la periodista de RCN, ofrece un buen retrato del teniente coronel Chávez que, en víspera de la elección del 7-O, vale tener presente. Descontado el respeto y la solidaridad con las víctimas, fallecidos, heridos y familiares, es imposible soslayar la dimensión política que la propia presencia del comediante-presidente y que el talante de su intervención pone de relieve. Desprovisto de su manual de citas célebres, Chávez no pudo recordar al filósofo (sic) autor de la frase "la función debe continuar" pero con ese humor llegó a Paraguaná a sentar cátedra sobre accidentes en áreas petroleras y en ética de periodismo. Fuera de lo inapropiado de la expresión, frente a un balance que en ese momento superaba la treintena de fallecidos y el centenar de heridos, la misma es reveladora del sentido profundo de la telepresidencia de Hugo Chávez. Para Chávez, un acto de gobierno es un acto mediático; la función gubernamental no existe fuera de la acción comunicativa; y en el contexto de una campaña electoral su desempeño se coloca en esta dimensión valorativa, para él como actor (en sentido literal) y para la sociedad democrática que lo ve actuar. ¿No politizar la tragedia? Imposible. La politizó el propio Chávez en el lugar de los acontecimientos al descalificar destempladamente los comentarios sobre supuestos olores a gas en días previos, al adelantar consideraciones técnicas sobre un ámbito que no es de su especialidad y competencia, al imponer normas sobre el ejercicio y la ética periodística. Si yo fuera periodista, zanjó Chávez intentando amordazar el sentido de unas pesquisas que buscaban esclarecer si, en efecto, se habían seguido todas las normas y protocolos de seguridad que hubiesen impedido la horrible tragedia. ¿Acaso no existe preocupación por la excesiva partidización de una Pdvsa que se define como roja rojita en desmedro de la calificación técnica? ¿Por qué el Presidente quiere asumir un protagonismo, cuando el momento es el de la unidad solidaria de todo el país y la actuación independiente de investigadores y técnicos para establecer las causas de la tragedia? ¿La función debe continuar? Tres cadenas ha realizado el presidente Chávez luego de lo ocurrido en Amuay. Fuera de limitar el libre flujo de la información, en ellas el Gobierno pretende imponer su única visión sobre el accidente, se publicita al Presidente como dadivoso salvador de los pobladores de la zona afectada y se urde una gesta heroica de la acción profesional de los bomberos que dominaron el fuego. Y, colmo de la manipulación, se pretende sustraer lo acontecido del debate público bajo la condena de "la malsana politización de la tragedia". Pero los venezolanos, al reclamar una investigación profesional de las causas del accidente, no podemos renunciar a nuestra valoración política de esa situación, particularmente cuando estamos a poco más de un mes de la elección de un nuevo jefe de Estado, responsable principal de la gestión pública. Impunemente, la "función no puede continuar". 2. El desempeño público del comediante-presidente es un caso típico de telepresidencia. En palabras de Jesús Martín-Barbero la telepresidencia puede reconocerse cuando "la comunicación entre gobernantes y gobernados, entre Estado y ciudadanía, sufre de demasiado autoritarismo disfrazado, de un montón de paternalismo travestido de cercanía a la gente, y otro tanto del populismo que, a diferencia del histórico ­del de los años treinta a los cincuenta del siglo XX­ más que hacerse cargo de la voz de las mayorías la suplanta con todas las artimañas que las tecnologías y los expertos en marketing les prestan". Muchos gobernantes latinoamericanos califican dentro de esta categoría pero, sin duda, Chávez es el telepresidente por excelencia, el único gobernante que ha convertido el despacho gubernamental en un set de televisión y la acción de gobierno en un "reality show" personal. Sometidos a más de 2.000 horas de abusivas e inconstitucionales cadenas que constituyen el mecanismo privilegiado de su perfomance, los venezolanos estamos convocados a elegir un nuevo presidente que salga del set y vaya al encuentro no mediático con necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. La función de Chávez no debe continuar. El 7-O baja el telón.

CNE y los monitos de la baraja

Óscar Lucien

Una vez más el Consejo Nacional Electoral comete un acto de retaliación y de criminalización contra la asociación civil Ciudadanía Activa al prohibir de manera absolutamente arbitraria y sin fundamento una serie de micros institucionales que desde varios meses transmite, dentro de sus programas de opinión, el canal del noticias Globovisión. Ciudadanía Activa es una ONG que desde hace más de diez años mantiene una dinámica actividad, nacional e internacional, promoviendo valores democráticos, divulgando la Constitución Nacional y actuando en defensa de derechos civiles y políticos de los venezolanos. Como miembro activo de esa organización doy fe de las actuaciones diafanamente públicas, notorias y comunicacionales de Ciudadanía Activa ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y ante el mismo CNE, presentando comunicaciones, solicitudes de amparos o medidas cautelares contra algún derecho ciudadano vulnerado.

Circunstancias absolutamente aleatorias, puesto que la motivación asociativa la determina la voluntad de defender los valores democráticos, han permitido que en Ciudadanía Activa concurran un conjunto de profesionales del ámbito del cine y la comunicación cuyo aporte ha sido fundamental para la producción y difusión de mensajes propios de la misión y visión de la organización. Películas documentales como “La lista: un pueblo bajo sospecha” (sobre el oprobioso apartheid bolivariano); “El único soy yo,: rumbo al totalitarismo del siglo XXI” (sobre el nefasto culto a la personalidad); y ¿Venezuela se uniforma? (sobre la militarización de la sociedad venezolana) para sólo citar tres documentales que constituyen una trilogía sobre el complejo proceso político de supresión de la democracia que vive nuestro país, han repercutido en una considerable visibilidad de Ciudadanía Activa. Y de manera relevante es conocida Ciudadanía Activa por su serie de micros sobre temas constitucionales y legales que se transmiten con frecuente periodicidad por Globovisión, por algunas estaciones regionales y, por supuesto, por Internet.

Este largo preámbulo tiene sentido para poner de relieve lo perverso de la reciente decisión del CNE de prohibir la serie de micros sobre ventajismo electoral que estaba difundiendo Globovisión, al calificar a Ciudadanía Activa “un tercero que está haciendo propaganda electoral sin estar inscrito en el CNE como actor político”. ¿Pero en qué cabeza cabe semejante perversidad? ¿Desde cuándo hay que ser actor político inscrito en el CNE para expresar una opinión? ¿De qué jugarreta se valen las rectoras del CNE para calificar de propaganda electoral unos mensajes que en ningún momento llaman a votar por alguna candidatura que es lo que, de acuerdo con la norma aprobada por ellas mismas, califica como propaganda? Si existe una institución pública venezolana que sabe que Ciudadanía Activa no es un partido político es el CNE. Numerosísimas comunicaciones han sido dirigidas a la Sra. Lucena, Rectora-Presidente y demás miembros del Directorio, a lo largo de una década, solicitando información sobre resultados electorales, proponiendo ideas de participación ciudadana, denunciando irregularidades, instando por cumplimiento y diligencia del CNE respecto de normativas electorales. Vale la pena recordar que en octubre de 2011 Ciudadanía Activa presentó una denuncia ante el CNE por la indebida declaración por parte del Presidente de la República del Despacho Presidencial de Miraflores como una base de patrulla electoral del PSUV, al mismo tiempo que instaba al CNE a promover una normativa electoral para regular la utilización de cadenas presidenciales durante la campaña. Nunca el CNE se ha dignado siquiera a dar acuse de recibo de estas comunicaciones aunque si se tienen los sellos respectivos de su consignación en la receptoría de la institución.

La medida de suspender los micros de CA tienen un evidente carácter retaliativo, que constituye un grave acto de censura que marca un grave precedente por cuanto censurar o limitar la opinión clausura el debate político del país. El supuesto gran logro del tránsito de la democracia representativa a la participativa queda sin efecto con esta absurda y arbitraria prohibición. Los ciudadanos no podemos ir a votar como los monitos de la baraja que ni ven ni oyen ni hablan. Para ejercer democráticamente el voto es esencial la deliberación y la confrontación de las opiniones. Si las rectoras quieren comportarse como los monitos de la baraja están en su derecho. Pero al hacerlo traicionan el mandato constitucional que juraron obedecer.