Por solicitud de Cabello, Petkoff debe ir semanalmente a los tribunales

Jueza impuso medida al dirigente de 82 años, pese a su estado de salud.

PEDRO PABLO PEÑALOZA |  EL UNIVERSAL

jueves 5 de junio de 2014  07:02 AM

Teodoro Petkoff debe presentarse cada ocho días ante los tribunales porque así lo quiso Diosdado Cabello.

A sus 82 años, uno de los líderes políticos más prominentes de la democracia venezolana tiene que acudir todas las semanas al Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, hacer una larga cola y registrarse en una máquina captahuella.

La medida contra Petkoff fue solicitada por el presidente de la Asamblea Nacional, que el 6 de marzo pasado interpuso una demanda por difamación agravada contra la junta directiva del diario Tal Cual.

"Todos los actos del Poder Público deben ser razonados. No obstante, en este caso bastó la petición de Cabello para que la jueza Bárbara César impusiera el régimen de presentación semanal ante los tribunales", explicó ayer Humberto Mendoza, abogado del fundador del Movimiento Al Socialismo, ex parlamentario y ministro de Planificación durante el Gobierno de Rafael Caldera.

Mendoza informó que han entregado a César tres certificaciones médicas distintas, firmadas por ortopedistas, traumatólogos y médicos generales, que dan cuentan de los problemas de salud que padece Petkoff y explican que "no está en condiciones de estar presentándose una vez a la semana ante los tribunales". Sin embargo, ya han pasado tres meses y la jueza aún no responde a los requerimientos de la defensa.

"Esta medida es arbitraria, desproporcionada y violatoria de la Constitución", denunció Mendoza.

Ley Resorte es alterada mediante una providencia

Cualquier modificación a lo establecido en una ley debe ser aprobada por más de dos tercios de la Asamblea Nacional

La providencia 027 de Conatel, que fue publicada la semana pasada, modifica el artículo 11 de la Ley Resorte, que establece que los canales del Estado deben tener una representación de hasta 10% en los paquetes básicos de las cableoperadoras, al igual que 12% de televisoras nacionales o programadores nacionales audiovisuales. 

Óscar Lucien, ex director del Ininco, asegura que es ilegal que una ley sea cambiada mediante una providencia administrativa. “Para asuntos tan sensibles que tienen que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información, las decisiones deben ser tomadas en la Asamblea Nacional. Generalmente son leyes orgánicas que requieren más de dos tercios de los diputados para ser aprobadas. Con esta providencia se busca la trocha para dejar que este tema sea manejado discrecionalmente”, indica. 

El artículo 9 de la providencia rebaja a 8% el porcentaje mínimo de canales nacionales o programadores nacionales audiovisuales que deben ofrecer las cableras en sus paquetes básicos. De estos se excluyen los canales informativos de las compañías de televisión por suscripción, los de producción nacional independiente o comunitaria y las televisoras del Estado. 

La norma también indica en el artículo 15 que las empresas que ofrecen televisión por suscripción “deben incorporar, sin dilaciones de ningún tipo, los servicios de producción audiovisual en los que el Estado tenga participación o interés”.

En la grilla de todas las cableoperadoras se incluyen los siete canales del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información —VTV, TVES, ANTV, Ávila TV, Telesur, Vive TV y Colombeia TV—, además de FANB TV. Este número ahora podría aumentar con canales cuyo origen, nacional o internacional, no se aclara en el reglamento. 

La mayoría de las compañías pueden ampliar su paquete básico sin que su operatividad o suscriptores se vean afectados —Inter ofrece 93 canales, Supercable 73 y Netuno 79, por ejemplo—. Pero este crecimiento estaría limitado a la capacidad de sus redes terrestres o satelitales.
Fuentes ligadas al sector consideran que tanto las compañías satelitales como las de fibra óptica serán afectadas por esta providencia. “Todos los operadores tienen redes distintas. Independientemente de la tecnología, el equipamiento permite un número finito de canales; en el país, las redes están diseñadas para que sea entre 100 y 120”, dijo un ingeniero que pidió no ser identificado. 

El experto señaló que la televisión satelital también tiene una capacidad limitada y el costo del segmento es mucho mayor que en las cableras. “La señal del satélite no apunta solo a Venezuela y para optimizar recursos la mayoría de las empresas abarcan varios países con el espacio que tienen. Una señal exclusiva para una sola nación resulta definitivamente muy costoso”, agregó. 

Carlos Villamizar, presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, declaró la semana pasada: “Antes los porcentajes estaban muy bien definidos. Hoy en día eso queda abierto, pues el artículo 15 de la providencia establece que el Estado tiene capacidad ilimitada para incluir sus canales y otros en los que tenga interés sin importar si son nacionales, lo que abre un amplio rango de posibilidades”.

Derechos de los clientes. Andrés Cañizález, profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, cree que uno de los derechos que se vulneran es el acceso a la información libre y plural, consagrado en la Constitución. 

El académico afirma que el canal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debió ser incluido luego de que Conatel llamó a las compañías y estas tuvieron que eliminar una señal de sus parrillas. “La gente no paga un paquete de televisión para ver TVES, FANB TV o Vive TV. La televisión por cable había sido un refugio para evadir las cadenas, para acceder a contenidos distintos a los del gobierno. La introducción de los canales oficiales o en los que el Estado esté interesado implica sacrificar otros por los que el cliente sí ha pagado”.

Lucien señala que estas providencias equivalen a que el usuario entregue el control remoto a Conatel, que en última instancia decidirá lo que se verá en los hogares de los venezolanos. “El artículo 15 representa un problema porque da una discrecionalidad absoluta a Conatel de decir que determinado canal, porque el gobierno lo considera de interés, debe ser incluido en la grilla. Se va a tener que sacar un canal para meter otro.

Eso afecta la decisión del usuario, incluso la de comprar o no un paquete de canales”, manifiesta.

KARLA FRANCESCHI C. KFRANCESCHI@EL-NACIONAL.COM31 DE MAYO 2014 - 11:31 PM

No nos callarán

Como ya lo había anunciado, el presidente de la AN decidió embestir contra TalCual. Se trata, muy sintéticamente, de una acusación penal por difamación agravada, que implica de dos a cuatro años de cárcel más serias penalidades en dinero. Se trata evidentemente de un artero ataque contra la libertad de expresión, contra uno de los pocos medios independientes y críticos que están quedando

TEODORO PETKOFF

Como ya lo había anunciado, el presidente de la Asamblea Nacional decidió embestir contra TalCual. Por más que conocemos bien la trayectoria del sujeto en cuestión la naturaleza de su demanda y la sádica ferocidad de ésta superaron todas nuestras expectativas y, según eminentes abogados consultados, prácticamente no tiene antecedentes en el país, tales son los niveles de absurdo legal que alcanza.

Se trata, muy sintéticamente, de una acusación penal por difamación agravada, que implica de dos a cuatro años de cárcel más serias penalidades en dinero no sólo contra Carlos Genatios, autor del artículo de opinión que da lugar a la querella, sino también contra los cuatro miembros de la junta directiva de la Compañía Editorial La Mosca Analfabeta, propietaria de este diario, conformada por Teodoro Petkoff, Manuel Puyana, Francisco Layrisse y Juan Antonio Golía.

Además se solicitan medidas cautelares que implican la presentación semanal de los nombrados ante el Tribunal y la prohibición de salir del país sin previa autorización de éste. La jueza Bárbara Gabriela César Siero, responsable de juzgado vigésimo noveno de primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas, ha aceptado sin reparos la notable acusación, incluidas las medidas cautelares solicitadas.

Pero expliquemos de qué se trata: en un artículo de nuestro colaborador externo Carlos Genatios le atribuye al señor Cabello la frase, entrecomillada, "si no les gusta la inseguridad, váyanse".

La tal frase fue ampliamente comentada en su momento, dada su vesania. Al parecer, Cabello la desmintió con posterioridad. Asunto obviamente del cual no se enteró Genatios, ni tendría por qué enterarse necesariamente, nadie está obligado a consultar todos los medios todos los días. Ese es el pecado que merece tan desaforados castigos.

Y no se puede dejar de señalar que un país donde ya es el más común de los lugares el decir que el lenguaje político se ha encanallado de la manera más vil, desde las alturas más altas del poder mismo, en primer y decisivo lugar, el señor Cabello se ha destacado por ser uno de sus más aguerridos y constantes militantes.

Se podría hacer, a lo mejor la hacemos nosotros, una antología de la gigantesca cantidad de improperios que ha proferido contra sus adversarios políticos, tarea sin duda muy ardua. Baste recordar que refiere habitualmente a Henrique Capriles, líder de unos cuantos millones de venezolanos, como asesino fascista.

Por supuesto, los rusos también juegan, suele recibir igualmente respuestas de similar calibre. Este aguerrido combatiente de la palabra hecha puñal no ha sido demandado por nadie ni ha demandado a sus respondones.

La cosa es con TalCual , esa incomprensible iracundia sobre una nimiedad que entre gente medianamente respetuosa de la libertad de expresión si acaso merecía una breve réplica.

Y es con TalCual porque jamás en la historia del periodismo nacional se ha considerado a un periódico como responsable de la opinión de un articulista externo a éste. Y, de hecho, con la fiereza que indican las medidas cautelares contra cinco honorables ciudadanos.

Se trata evidentemente de un artero ataque contra la libertad de expresión, contra uno de los pocos medios independientes y críticos que están quedando. Después de las compras boliburguesas de medios, la escasez de papel para la libertad, los atropellos de CONATEL, las amenazas incesantes, la censura pura y dura.

Nosotros, por supuesto, vamos a luchar en todos los terrenos, desde el legal y el gremial hasta la convocatoria de la opinión nacional e internacional. En especial apelaremos a algo que nos enorgullece sobremanera, los muchos lectores constantes y fraternos que tenemos.

Pero sabemos que contaremos con el país democrático todo que no dejará de ver este asunto como el problema de una empresa (es lo más distante a lo que somos, desgraciadamente) sino como un ataque a la esencia misma de la democracia, a la libertad de expresión en fase terminal en este tremedal que vivimos.

Editorial del 6 de marzo de 2014

http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=99748&tipo=AVA