mayo 13, 2015

Imponen prohibición de salida del país a 22 directivos de medios

El presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero/ EFE
El presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero/ EFE
Los representantes de El Nacional, La Patilla y Tal Cual deberán presentarse ante el tribunal semanalmente
La jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, impuso prohibición de salida del país a 22 directivos de El Nacional, La Patilla y Tal Cual, acusados de difamación agravada continuada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Como lo pidió Cabello el 23 de abril de 2015, cuando interpuso su acusación, la jueza Núñez también acordó que los 22 acusados deben presentarse una vez a la semana ante el tribunal.
La información trascendió extraoficialmente, pues los afectados no han sido formalmente notificados. También extraoficialmente se supo que el presidente de la Asamblea Nacional ratificó su acusación el 28 de abril y que el tribunal la admitió el 5 de mayo.
La acción judicial de Cabello se fundamenta en la reproducción en El Nacional, La Patilla y Tal Cual (entre otros muchos medios de comunicación nacionales y extranjeros) de la información publicada por el diario español ABC, a partir de los señalamientos de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional. Salazar acusó a Cabello de estar involucrado en el tráfico internacional de drogas, específicamente de ser uno de los líderes del llamado Cartel de los Soles. La noticia publicada en ABC el 25 de enero de 2015 fue suscrita por el corresponsal en Washington Emili J. Blasco, y avalada por el director Bieto Rubido. 
En la querella interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional se alega  que “desde el día 27 de enero de 2015 han venido en forma sistemática y progresiva apareciendo múltiples informaciones en El Nacional, Tal Cual y La Patilla, de los que desprendemos el grave perjuicio que estos medios han generado sobre nuestro representado, su reputación y honor”.
La Corte Interamericana de derechos Humanos, al sentenciar el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica, el 2 de julio de 2004, reivindicó la doctrina del reporte fiel, según la cual no incurre en delito el que reproduce información de terceros.
Después de admitida la demanda, que en este caso habría ocurrido el 5 de mayo, cada uno de  los 22 acusados por Cabello debía ser citado personalmente por el tribunal, cosa que no habría sucedido. El presupuesto de validez de todo juicio, de cualquier naturaleza, es la citación, pues de lo contrario se trataría de un proceso a espaldas de los afectados, lo cual implica una violación del debido proceso.
En el escrito acusatorio suscrito por Cabello se argumenta que la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante el tribunal de la causa obedece a “presunciones razonables” de peligro de fuga y de obstaculización de la justicia, conforme a lo establecido en los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal.
Los señalados en la demanda de Cabello y afectados por las medidas impuestas por la jueza Núñez son: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mota, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Teodoro Petkoff Malec, Juan Antonio Rafael Golia Amodio, Francisco Layrisse, Manuel Antonio Puyana Santander, Alberto Federico Ravell Arreaza, Isabel Cristina Ravell Nolck y David Alberto Morán Bohórquez. 
El curso de la querella
Con la legitimidad que le da ser uno de los acusados, Manuel Antonio Puyana Santander se encargó personalmente de seguirle el curso a la demanda de Diosdado Cabello.
“El mismo 25 de abril, el caso fue remitido al Tribunal 12° de Juicio. Desde entonces, todas las semanas me apersoné al juzgado para revisar el contenido de la querella. El 29 de abril me entrevisté con la jueza y la secretaria. Me dijeron que no podía ver el expediente hasta que la demanda fuese ratificada por Cabello. Y hasta el 4 de mayo insistieron en que debía esperar por la ratificación. ‘Eso es así y punto’, me señalaron ante tanta insistencia de mi parte”.
Puyana informó que el 11 de mayo se enteró de que en el expediente consta que la ratificación se formalizó el 28 de abril y que, el mismo 5 de mayo, cuando se admitió la demanda, la jueza había decretado la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante el tribunal contra los 22 acusados.
“Yo me di por notificado porque me presenté al tribunal, e incluso solicité que me asignaran un defensor público, pues nadie quiere incumplir la voluntad del acusador”, dijo Puyana.

mayo 09, 2015

Expresión Libre: Discriminación con el papel periódico saca de juego a diarios de varios estados

Fecha: 08-05-2015 05:53 PM 
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Comunicado de Expresión Libre  /  Informe abril 2015
La entrega en forma discriminatoria de papel a medios privados y la escalada de los  precios que éstos deben pagar por otros insumos importados profundizó durante el mes de abril la crisis de varios diarios venezolanos: Notidiario, de Delta Amacuro, cesó en su publicación impresa; El Carabobeño, de Valencia, que ya había pasado a tamaño tabloide, alarga su cierre usando el papel que estaba destinado para su revista; El Siglo, de Maracay, Estado Aragua, anunció que sus reservas de papel están exhaustas y El Nacional sigue confrontando enormes problemas para mantener su edición impresa.
Antes, El Correo del Caroní pasó a tamaño tabloide y a limitar su circulación de lunes a viernes, mientras que Tal Cual se convirtió en semanario. Todos laboran en críticas condiciones por no tener acceso al papel que importa el Estado a través de la monopólica Corporación Maneiro con divisas preferenciales.
Esta señalada discriminación es la que hace posible que un periódico de formato estándar, como El Universal, tradicional e histórico competidor de El Nacional, pueda venderse a la mitad de precio que el segundo, lo cual se traduce en una competencia desleal sobre la base del apoyo gubernamental.
De igual manera, los diarios oficialistas como Correo del Orinoco, Ciudad Caracas y sus versiones para otras regiones, exhiben ediciones sin merma en su paginación y, lo que resulta una afrenta para el agonizante periodismo libre, distribuidos gratuitamente o al irrisorio precio de dos bolívares.
Nuevos casos de censura expresa se dieron en diarios capitalinos, como El Universal, y se mantiene una alta frecuencia de agresiones a reporteros durante el ejercicio de su labor en la búsqueda de noticias, llegándose al extremo que la sola presencia de un periodista lo hace merecedor de insultos y escupitajos por partidarios del gobierno, como ocurrió con el reportero de Venevisión y Unión Radio, Gustavo Gómez Morón, frente a la sede de Cubana de Aviación.
La crisis económica sigue arreciando con una severa caída de la producción y por tanto de la publicidad que proviene del sector privado, mientras la todavía cuantiosa pauta publicitaria del gobierno es repartida de manera inequitativa: abundante para quienes se someten a los dictados del Ejecutivo y virtualmente inexistente para los medios críticos.  
La crisis económica puede terminar por afectar también la enorme y costosa estructura mediática del gobierno, pues circulan informaciones, no desmentidas por el sector oficial, de un retraso de pagos en el exterior por parte de la Corporación Maneiro, que tiene a su cargo la importación de los insumos para la prensa nacional.
En abril se dieron nuevos casos de despidos por retaliaciones políticas o empresariales y algunos reporteros vieron obstaculizadas su labor de informar sobre casos de ineficiencia y/o corrupción imputable al Ejecutivo Nacional.
También resulta digna de mención la nueva demanda por difamación introducida por el presidente de la Asamblea Nacional,  Diosdado Cabello, contra 22 personas que forman parte, por separado, de las directivas de los medios El Nacional, Tal Cual y La Patilla.
Se dio un nuevo caso de detención de voceros gremiales que emitieron opiniones sobre la crisis en el sector de los servicios, como fue el caso del ingeniero Luis Vásquez Corro, del Estado Lara, quien alertó sobre la posible profundización de la crisis eléctrica a causa del fenómeno natural de El Niño. Fue detenido sin miramientos por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Y en el contexto de las campañas para las primarias para elegir candidatos a diputados, el pasado 30 de abril la policía bolivariana y la guardia nacional impidieron la realización de un acto de un precandidato de la oposición en el estado Anzoátegui, agrediendo, golpeando y deteniendo a siete personas entre ellas al periodista Luis Córdoba.
Los casos recopilados por Expresión Libre durante el mes de abril son los siguientes:
> Una nota de la periodista Delia Meneses sobre la quema, en la parroquia Candelaria, de un Judas alegórico a personeros del gobierno, fue censurada el 5 de abril en el diario El Universal.
> El 7 de abril el periódico Notidiario, del Delta Amacuro, anunció que dejaba de circular por falta de papel y la crisis económica. Permaneció en su versión digital.
> El 8 de abril el  gobernador del estado Lara, Henri Falcón, respondió de manera airada una pregunta que le formulara el  periodista  Ramón Véliz,  sobre las elecciones primarias en esa región.  Al día siguiente el gobernador reconoció su error y le dio excusas públicas al periodista.
> El 13 de abril al periodista Gustavo Gómez Morón,  reportero de Venevisión y Unión Radio, le escupieron en la cara cuando intentaba dar cobertura a la suspensión de venta de boletos en bolívares por parte de Cubana de Aviación. Recibía declaraciones de los afectados al frente de la empresa.
> El 14 de abril la periodista Eliana Andrade moderadora por cinco años del programa de opinión “Polos Encontrados” de la televisora TVS, del estado Aragua, fue despedida en forma intempestiva. Aparentemente fue por comentarios subidos de tono en su facebook personal, al rechazar el cambio en las políticas del gobierno para la adquisición de divisas. La periodista admitió que sus comentarios fueron “impropios”. La decisión partió del gobierno regional del Estado Aragua.  Luego recibió mensajes agresivos por parte de funcionarios de ese estado.
> El 15 de abril el Grupo Ultimas Noticias despidió al periodista Jesús Hurtado, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), a quien le había abierto una solicitud de calificación de despidos por textos publicado en su página de facebook en protesta por la política informativa del diario.  El organismo sindical rechazó el despido por considerarlo ilegal y violatorio del fuero sindical.    
> El 16 de abril el diario El Carabobeño inició una serie de vigilias como medida de reclamo a la entrega de papel por parte del gobierno nacional.  Anunció que le quedaba una semana de papel para  su circulación, está usando el papel de su revista para aguantar un poco más.
> El 16 abril  se informó que la Corporación Maneiro, que recibe papel en forma monopólica y luego suministra a medios oficialistas y privados, tiene una deuda internacional por no haber cancelado a sus proveedores durante ocho meses.
> La periodista Madelyn Palmar y el diputado Julio Montoya fueron retenidos el 16 de abril por efectivos militares cuando efectuaban una grabación sobre la situación que viven habitantes de la Ciudad Comunal El Laberinto,  sector El diluvio, del Estado Zulia. Allí permanece en estado de abandono un  proyecto de “desarrollo agrícola socialista” que recibió una inversión millonaria y que debía ser  entregado en el 2010. Costosa maquinaria pesada está deteriorándose. Les quitaron parte del material a los periodistas y el teniente que les impidió seguir grabando y amenazó con llevarse detenida a la periodista, anunció que "le entregaremos esto al diputado Diosdado Cabello".
> El delito de opinión se sigue aplicando. El Ingeniero Electricista Luis Vásquez Corro, miembro de la Comisión Eléctrica Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela,  fue detenido el 19 de abril por una comisión del SEBIN tras declarar que por efectos del fenómeno El Niño era muy probable que el servicio eléctrico nacional y en especial el del Estado Lara entrara en una crisis mayor.  El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), al solidarizarse con Vásquez, recordó que la Ley de Ejercicio de la ingeniería le da al CIV Ley de Ejercicio, como Cuerpo Moral de carácter Público (art. 21) que tendrá como fines principales (art. 22) "servir de Guardián del Interés Público y actuar como Asesor del Estado en los asuntos de su competencia”.
> El 23 de abril el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, introdujo una demanda por difamación contra directivos de los diarios El Nacional y Tal Cual y el diario digital La Patilla, publicaciones que se hicieron eco de las graves acusaciones que su ex colaborador Leamsy Salazar hizo desde el exterior. En total fueron 22 las personas demandadas por Cabello por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Caracas.
> La dirigente política María Corina Machado denunció que una entrevista que tenía pautada en  la televisora A1TV del Estado Falcón fue suspendida por instrucciones del gobierno regional. “El periodista llamó a cancelar, hay órdenes "superiores" de no darme espacio”, dijo en su cuenta tuiter el 26 de abril. En la zona se dice que la amenaza que viene del gobierno local es quitarles la señal a radioemisoras y televisoras.
> El 27 de abril la periodista Geisha Torres, con 15 años de carrera en la fuente deportiva, fue contratada y despedida por el canal del Estado TVES en una semana por presiones políticas.  La causa aparente es que una foto tomada hace siete años con el dirigente opositor Henrique Capriles durante un evento deportivo fue difundida por las redes sociales. La empresa argumentó que no tenía presupuesto.
> Los periodistas Dayimar Ayala, del diario “2001”, y Hernán Lugo, de El Nacional, fueron insultados durante un acto en el Teatro Municipal porque se mantuvieron sentados mientras se cantaba el himno del PSUV. Sucedió el 28 de abril.
> El 30 de abril, mientras se preparaba la tarima para un acto del precandidato de la Unidad en Anzoátegui Jesús Gómez, que tenía todos los permisos de la alcaldía, se presentaron funcionarios de la policía bolivariana y la guardia nacional y arremetieron contra los que estaban en el lugar para impedir que se realizara el evento y se llevaron presos a siete personas entre ellas al periodista Luis Córdoba, a quien tiraron al piso y le rompieron la cámara fotográfica y su celular. Está comprobado que en época de elecciones se incrementan las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
> Al igual que como ha venido ocurriendo con otros diarios regionales, el periódico El Siglo, uno de los más importantes del Estado Aragua, anunció que se le agotaban las reservas de papel. Mostró fotos de sus patios de bobinas completamente vacíos. Ante esta delicada situación, la Seccional del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Aragua exigió del gobierno nacional garantizar que la materia prima e insumos lleguen hasta los medios de comunicación para asegurar con ello la permanencia de las empresas editoras como vehículo para la libertad de expresión. Agregó la representación del CNP-Aragua que la presión económica sobre los medios y las limitaciones para la adquisición de papel, son mecanismos perversos para controlar la información y cerrar espacios que permitan la denuncia y abran el compás a la pluralidad y la disidencia.

06-05-2015

mayo 08, 2015

El periodismo, un protagonista incómodo

Marcelino Bisbal
El Nacional, 8 DE MAYO 2015

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Es garantía de salud democrática el poder contar con unos medios de comunicación que puedan moverse libremente, sin presiones de los poderes públicos, incluso del poder económico, que además tengan la posibilidad de recibir, recabar y difundir información sin que las presiones del gobierno influyan en esa tarea. Estos principios no se pueden ejercer a plenitud en la Venezuela de hoy. Es más, cada día se les hace más difícil a los periodistas poder llevar a cabo su ejercicio profesional sin correr riesgos, o bien por el abuso de la fuerza pública, o por la aplicación discrecional de todo un conjunto de leyes que restringen la posibilidad de investigar, interpretar y difundir información que no sea políticamente correcta para el gobierno.
Desde hace dieciséis años el gobierno ha venido ejerciendo presiones legales que generan evidentes mecanismos de censura y autocensura, que han limitado el acceso a la información pública. El gobierno ha usado un lenguaje que discrimina a los medios y sus periodistas como nocivos para el proceso-régimen, además ha impuesto agendas de prioridades periodísticas sobre las cuales se puede o no se puede informar/opinar…
Este es el contexto en el que se mueve el ejercicio del periodismo. La atmósfera del país hace un buen rato que está enrarecida­ –cada vez más– y los límites que se le van imponiendo a los medios influyen en su funcionamiento libre para la construcción de la información. Bill Kovach, que fue periodista en The New York Times, decía hace unos años que “el periodismo y la democracia crecieron juntos. Ellos crecerán y prosperarán, o morirán juntos”.
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Una revisión analítica de la conducción del gobierno en materia comunicacional nos demuestra que estamos en presencia de un aumento significativo, año tras año, de violaciones de la libertad de expresión e información. Se diría que hay una sistematicidad de las violaciones en la medida que el gobierno se manifiesta más autocrático. En este sentido, según refiere un informe de la asociación civil Espacio Público, 2014 fue el peor de los últimos 20 años para la libertad de expresión en el país. En ese año se produjeron 580 violaciones, frente a los 220 casos reportados en 2013 y los 169 en 2012. Los casos más emblemáticos tienen que ver con agresiones e intimidación a los periodistas y reporteros gráficos y luego vienen los hechos de censura y autocensura. Es bueno resaltar, desde nuestra perspectiva, que esta cifra coincide no solo con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, sino también con los eventos del 12-F. 
La organización estadounidense Freedom House nos dice en su informe de 2013 que Venezuela está entre los países de América Latina sin prensa libre. Apunta que el presidente Nicolás Maduro continuó los esfuerzos de su predecesor (Hugo Chávez) para controlar la prensa y demás medios de comunicación. La puntuación de Venezuela disminuyó –en 2013 pasó de 76 a 78 puntos, lo que la coloca junto con Suazilandia en el puesto 171 entre 197 países evaluados.  La misma organización, en su informe para 2014, expresa que en nuestro país ha habido un aumento en las agresiones contra periodistas locales y extranjeros, falta de transparencia sobre las ventas de medios importantes y dificultades para obtener papel periódico, exacerbadas por las políticas económicas aplicadas por el gobierno.
El investigador Antonio Pasquali nos apunta en relación con las cifras que demuestran cuánto se está violentando la libertad de comunicar que “estos indicadores tienen la preciosa característica no solo de confirmar la sistematicidad de las violaciones de la libre comunicación, sino de revelarnos a la vez cuánto de democracia se nos va en cada una de ellas”.
En Venezuela existen tres instituciones que son organizaciones no gubernamentales –Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea)– que se han dedicado de manera minuciosa a diagnosticar el estado de la libertad de expresión en nuestro país y por supuesto han abarcado lo que se ha dado en llamar la “era de Chávez” y ahora lo que llevamos de gobierno de Nicolás Maduro. Estos diagnósticos apuntan que el cerco a la libertad de expresión no se reduce solamente a la censura directa de un medio, o a la detención arbitraria de los profesionales del periodismo, sino que también existen otras maneras de afectar el derecho a esa libertad cívica. Estos caminos van desde la intimidación, hostigamiento judicial, restricciones administrativas,… que limitan en grado importante el ejercicio de la libertad de expresión y de información en nuestro país.
A lo largo de los dieciséis años del llamado socialismo del siglo XXI se ha podido detectar la presencia de variadas formas de contención y de confrontación contra los medios de comunicación, que provienen del gobierno o que son alentados desde esferas gubernamentales. Un repertorio generalista, que ha venido amenazando el libre ejercicio de la labor informativa en Venezuela durante todos estos años, nos da cuenta de la presencia de gobiernos –primero el de Hugo Chávez Frías y ahora el de Nicolás Maduro– que no tenían en su agenda la idea de una comunicación social más libre y plural, sino todo lo contrario.
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Todos los años, en el mes de mayo, se celebra en casi todo el planeta el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El 3 de mayo del año 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la tesis de que se debe reconocer una prensa libre, pluralista e independiente como el componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental. Para este año 2015 tres son los temas que se han propuesto  para celebrar, debatir, pensar y actuar en relación con el Día Mundial de la Libertad de Prensa:
-El periodismo libre e independiente y la información de calidad, en el contexto de la era digital. Este tema abarca las consecuencias de la concentración mediática para la función de los medios de comunicación, las cuestiones de la autorregulación, los retos al periodismo de investigación, la incitación al odio y la alfabetización informacional y mediática.
-Las cuestiones relativas a la participación de las mujeres en la dirección de los medios de comunicación y en los procesos de adopción de decisiones, así como la representación de la mujer en los medios de comunicación.
-La seguridad de los periodistas, incluso en las zonas críticas, y la protección de las fuentes de los periodistas contra la difusión digital.
Mientras se anuncian esos tres temas de gran significación y reto para el periodismo de estos tiempos, en Venezuela estamos inmersos en un declive de los medios críticos e independientes. Tenemos un gobierno con poca imaginación para los asuntos públicos, en especial para el manejo de la economía que repite y aplica los mismos métodos del marxismo más rancio, pero que no improvisa en el tema de las comunicaciones. Allí nada se deja al azar.
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No es posible en Venezuela plantearse los temas que se proclaman desde las Naciones Unidas para este año sin abordar y advertir lo que está sucediendo con el control de la libertad de comunicar y con la idea de control social que el gobierno quiere instaurar en todos los espacios de la vida pública. El periodismo es un protagonista incómodo pues desde allí se evidencia hacia dónde se nos quiere conducir.
Quisiera citar uno de los apartes del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Todos esos mecanismos de restricción de medios y de información están puestos en práctica como nunca antes lo habíamos visto.
El des-orden reina en todo el país y la cultura del autoritarismo se ha ido imponiendo poco a poco, porque “la cultura es, sobre todo, un modo de existir cotidianamente”. La suerte del país se jugará en la cultura de la unidad y esta se vuelve a poner en práctica ahora con las elecciones parlamentarias que se aproximan. Desde allí, saliendo todos a participar, quizás estemos a las puertas de ingresar en un cambio, el de un tránsito hacia unas comunicaciones democráticas. Las cosas empiezan a moverse en la dimensión de que el cambio sí es posible. Sí se puede derrotar el des-orden.
http://www.el-nacional.com/marcelino_bisbal/periodismo-protagonista-incomodo_0_623937692.html