¿Vayan a lavarse ese palto?

A comienzos de mayo de 2007 se conoció en Venezuela una declaración de la Comisión interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) sobre la amenaza de cierre de RCTV, en la cual se acusaba al Estado venezolano de violar la libertad de expresión, de atentar contra la integridad de sus periodistas y trabajadores y de violar sus garantías judiciales. La respuesta del jefe del Estado no se hizo esperar: ¡Vayan a lavarse ese palto!

Sorpresa. No. Este ha sido el tono y la conducta del gobierno venezolano frente a las numerosas declaraciones, denuncias y demandas de la Comisión como de los fallos de la Corte misma. Displicencia, discurso altisonante, desacato. La CIDH ha dictado numerosas medidas cautelares en defensa de la libertad de expresión en Venezuela y de protección a trabajadores y periodistas que se han estrellado contra los oídos sordos y el desacato del jefe del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia, supuesto garante de la constitucionalidad de los pactos y tratados legítimamente firmados por la república.

Una de las disposiciones que hacían considerar la Constitución venezolana entre las más avanzadas del mundo la consagra su artículo 23: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (...)  son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Como sabemos, otra letra muerta de la Carta Magna que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la penosa situación de la democracia en Venezuela pone al desnudo, vista la reiterada indisposición del Estado venezolano de atender a sus recomendaciones. ¡Vayan a lavarse ese palto!

El informe aborda asuntos capitales referidos a los derechos políticos y la participación, la separación e independencia de los poderes públicos, la defensa de los derechos humanos y la libertad de asociación, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales y los derechos, económicos, sociales y culturales y a la libertad de pensamiento y expresión.

Respecto de este último y medular aspecto, tanto los dictámenes ­­­­­­de la Comisión como de la Corte Interamericana expresan con reiteración que se acuerdan medidas en beneficio de los periodistas, directivos y trabajadores de medios de comunicación venezolanos  por considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión se encuentran en una situación de grave riesgo,  agudizado, además, por el continuo incumplimiento por parte del Estado venezolano a las medidas cautelares acordadas a favor de dichos medios y comunicadores.

Nuevamente, el informe de la CIDH describe los aspectos más recientes relacionados con la libertad de expresión y reitera sus recomendaciones al Estado venezolano. Entre los elementos analizados por la CIDH resaltamos los siguientes: impactos negativos de la Ley Resorte, el acoso a Globovisión, la utilización perniciosa de las cadenas presidenciales, la tipificación de delitos contra el honor, el código de justicia militar, las manifestaciones de altas autoridades del Estado contra medios de comunicación y periodistas con base en la línea editorial, los casos de Cedice y de las asociaciones teatrales, la suspensión de 32 emisoras de radio, las agresiones físicas a periodistas.

La CIDH insiste en recomendar al Estado venezolano, entre otras:

a)Adecuar  la  legislación  interna  conforme  a  los  parámetros  establecidos  en  la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de Principios sobre Libertad 

de Expresión. b) Asegurar  que  el  uso  de  la  facultad  de  imponer  la  cadena  a  los  medios  de  comunicación  para  difundir  mensajes  estatales,  se  adecue  a  los  estándares interamericanos especialmente en lo referido a la satisfacción del 

requisito  de estricta necesidad. c) Garantizar  la  más  absoluta  imparcialidad  y  el  debido  proceso  en  todos  los  procedimientos  administrativos  y  judiciales. d)Asegurar que ninguna de sus actuaciones está motivada o dirigida 

a premiar a los medios que comparten su política de gobierno o castigar a aquéllos 

que son críticos o independientes. e)Mantener desde las más altas instancias estatales 

la condena pública de los actos de violencia contra los comunicadores sociales y 

medios de comunicación. f)Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger 

la vida, la integridad personal de los comunicadores sociales, y la protección de la 

infraestructura de  los  medios  de  comunicación. ¿Vayan a lavarse ese palto?

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

El Nacional, 12 de marzo de 2010

“La broma” de Laureano

“El optimismo es el opio del pueblo” escribe el despechado Ludvik en una postal a su pretendida sin sospechar que su ironía, motivada por el desengaño amoroso pues ella prefiere participar en una actividad del partido a encontrarse con él, será su ruina. La postal cae en manos de la Unión de estudiantes a la que pertenece el mismo Ludvik y al ser interpretadas como una traición al régimen será expulsado de la universidad y enviado a un campo de trabajos forzados. Desde ese momento, como consecuencia de esa “broma”, comienza la tragedia del personaje principal de la novela de Milan Kundera. 

Recuerdo vagamente el argumento y también la  advertencia de Milan Kundera de que “La broma”  es una novela de amor. Sin embargo, más que las peripecias sentimentales de sus personajes cada vez que pienso en esa obra literaria sólo logro evocar la agobiante opresión de un régimen totalitario que vigila permanentemente, que se cuela hasta en los espacios más privados de la comunicación amorosa y como, suprimido todo espacio público para la libertad de expresión, hasta en un chiste se vislumbra una conspiración.

¿No es una terrible y trágica paradoja evocar esta ficción de Kundera, suerte de crónica de los días más oscuros del socialismo real, cuando en nuestro país las hipersensibles autoridades que pregonan el socialismo del siglo XXI pretender encarcelar a un escritor por una crónica humorística publicado en un diario local? Confieso que cuando me llegó el mensaje de texto con la noticia del probable enjuiciamiento a Laureano Márquez por su crónica “Venezuela sin Esteban” publicada en el diario Tal Cual, no di crédito al asunto. Tampoco, al momento, había leído su excelente columna a la que nos acostumbra los viernes. Pasmado, luego de varios correos electrónicos ratificando la alarma general por la insólita persecución a Márquez, frente a sendos anexos, el artículo en cuestión y el comunicado del Ministerio de propaganda del gobierno, salí de la ilusión de que se trataba de una “broma”. Escribí “insólita” pero en estricto sentido, el adjetivo, sobra. Laureano Márquez, columnista, y Teodoro Petkoff, editor del diario que publica sus textos, ya fueron perseguidos por la justicia (sic) venezolana en ocasión de la publicación de la crónica intitulada “Querida Rosinés”, y condenados a una onerosa multa que no tenía otro propósito que la quiebra financiera del periódico. En aquella oportunidad el atentado contra la libertad de expresión se escudó en la ley orgánica de protección al niño, niña y al adolescente (LOPNA). Pero no nos confundamos. Estamos ante un nuevo atentado a la libertad de expresión de características similares pero de distinta, peligrosa y terrible naturaleza. La persecución del 2005, teniendo como brazo ejecutor a la LOPNA podría calificar en el clásico esquema de adulancia al jefe, de tradicional jalamecatismo, de ofrenda al culto a la personalidad al jefe máximo. Pero el comunicado del Ministerio de propaganda (Minci), si bien algunos lo valoran dentro de este esquema, también como una suerte de fuga hacia adelante para agradar al irascible comandante, debe ser valorada como un estadio superior en la estrategia de criminalizar la opinión distinta al discurso hegemónico del gobierno.

“A los paranoicos también los persiguen” suele citar mi compadre merideño. Mientras los seguidores de Laureano Márquez disfrutamos de su inteligente y divertida crónica donde imagina a “Venezuela sin Esteban”, el Ministerio de propaganda (Minci) descubre un plan golpista, terrorista, fascista (y provoca agregar, autopista, fisioterapista, manicurista, oculista) para acabar con la revolución: "Este editorial de diario Tal Cual representa una agresión, una provocación y un irrespeto a la democracia venezolana, un llamado flagrante a desconocer el orden constitucional y una incitación a la violencia como vía de lucha política para lograr lo que saben que no podrán lograr jamás a través de la vía electoral. Esta es una invitación a un plan golpista, genocida y terrorista, que se enmascara a través del humor”.

Un reciente comentario sobre Kundera y su obra pone de manifiesto la preocupación del escritor por denunciar los excesos de los regímenes totalitarios y en particular las perversiones de los organismos de inteligencia. Recomienda el comentarista la lectura de “La broma” pues revela mucho sobre el socialismo real que le parece muy lejano pero determinó trágicamente la historia y la vida de millones de personas.

¿Lejano? Hace pocos días el régimen socialista (sic) de Chávez respondió con desmesurada violencia contra jóvenes estudiantes que portaban una pancarta con la inscripción ¡ Tas ponchao! Hoy, criminalizan a Laureano Márquez por una crónica humorística que imagina a “Venezuela sin Esteban”. En el socialismo venezolano (como en el otro) tampoco hay espacio para “bromas”.

Óscar Lucien

Twitter:@olucien