PROYECTO Su objetivo es construir el Estado comunal

Ley de comunicación popular es discriminatoria         Biagio Pillieri consideró que el enfoque dado a la propuesta obliga a los medios comunitarios  a supeditarse a una ideología

	MARU MORALES

OMAR VÉLIZ / ARCHIVO Biagio Pilieri, diputado por Convergencia, rechazó el carácter discriminatorio de del proyecto de ley de comunicación popular

El diputado por Convergencia Biagio Pillieri considera que la aprobación del proyecto de ley de comunicación del poder popular en los términos como fue planteada por el PSUV impondría de hecho la discriminación por razones políticas.

Consideró contradictorio que el mismo Parlamento que aprobó a mediados de año la Ley contra la Discriminación Racial se proponga dar luz verde a una propuesta que fomentará el otorgamiento de recursos a los medios alternativos y comunitarios, condicionado a una afinidad política e ideológica.

"No podemos pensar en unos medios que para sobrevivir dependan de recursos aprobados por la Vicepresidencia, porque entendemos que si no son parte de lo que el Gobierno llama poder popular no tendrán cabida", explicó Pilieri en una entrevista a Unión Radio.

El parlamentario se refirió no sólo al título del proyecto, que circunscribe la comunicación alternativa y comunitaria únicamente a la que se identifica como del poder popular, sino a la creación del Consejo Nacional de Comunicación Popular, que estará adscrito a la Vicepresidencia y será el ente encargado de administrar los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Comunicación del Poder Popular. Además el objetivo de la ley es la construcción del Estado comunal y no la divulgación de problemas y soluciones para las comunidades.

"El proyecto se ha modificado tres veces. Es cierto que ahora es menos malo, pero aún así sigue siendo el menos adecuado para los medios comunitarios", acotó. El diputado opositor y precandidato a la Gobernación de Yaracuy garantizó que darán el debate para demostrar lo inconveniente del enfoque ideológico del proyecto.

Recuento.

La propuesta fue consignada la primera semana de agosto de 2010 por iniciativa popular con el respaldo de 26.000 firmas. Sin haber sido aprobada en primera discusión por la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, la directiva del Parlamento presentó a la plenaria en noviembre un texto modificado que la mayoría oficialista aprobó en primera discusión.

El texto fue llevado a una rápida consulta pública y el 16 de diciembre en sesión extraordinaria se inició su segunda discusión. En medio de los reclamos de la bancada de oposición, el oficialismo logró aprobar 5 artículos y difirió los restantes 31 para este año. El presidente de la Comisión de Poder Popular y Medios, Darío Vivas, indicó que sería aprobada en el primer trimestre de 2012. 


EL NACIONAL - MARTES 03 DE ENERO DE 2012

¿Comunicación del poder popular? 

	ÓSCAR LUCIEN @olucien

L a introducción del proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular (sic) en la Asamblea Nacional en nada se diferencia de otras propuestas del gobierno del teniente coronel Chávez, y, por el contrario, confirma lo que es imposible dudar que forma parte de la estrategia legislativa oficialista: hacen circular un proyecto apócrifo sobre el tema propuesto en el cual se expresa lo medular del asunto en sus términos más radicales para luego ser desmentido alegando que se trata de un borrador, o de una de las versiones preliminares ya corregidas. Poco después aparece la versión oficial, previo tratamiento cosmético, en la cual se han maquillado los apartes que han causado más preocupación en la colectividad y han edulcorado los artículos más criticados pero en lo esencial se mantiene el propósito y naturaleza del proyecto jurídico: autoritario y centralizador aunque bajo el manto de la retórica democratizadora.

Para detenernos sólo en el campo de la comunicación, así ocurrió con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, con el frustrado anteproyecto de Ley de Delitos Mediáticos, y es lo que ocurre ahora con el proyecto de la así llamada Ley de Comunicación para el Poder Popular.

Con lo difícil que significa expresar una opinión fundamentada sobre este proyecto, que adolece de la mismas maniobras de cambios y modificaciones de artículos y de exposición de motivos, adelanto una versión sumaria del punto de vista que me han solicitado en otros medios tratando de puntualizar cuáles serían los aspectos esenciales que un proyecto de esta naturaleza, desde una perspectiva verdaderamente democrática, no podría eludir.

En primer lugar, el proyecto salda una mora de más de diez años de acuerdo con el mandato del La ley Orgánica de Telecomunicaciones: "El Estado promoverá la existencia de estaciones de radiotelevisión sonora y abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, como medios para la comunicación y actuación, plural y transparente, de las comunidades organizadas...".

En tal sentido, conceptualmente, la existencia de medios comunitarios ofrece la posibilidad real de una radio-televisión de proximidad, garante del pluralismo, en sintonía permanente con necesidades y expectativas de comunicación que no tienen cabida en los grandes aparatos de la difusión masiva condicionada por otros imperativos, entre ellos la rentabilidad, y mucho menos en los medios públicos, controlados por el Gobierno y sometidos a obscenos dispositivos de propaganda y del culto a la personalidad del Presidente. ¿No es acaso una desgraciada realidad la puesta en marcha de un plan del Gobierno que ha desnaturalizado los medidos comunitarios en sus propósitos y objetivos originarios, que sólo reciben apoyo si se alinean con el proyecto político del oficialismo y, en consecuencia, carecen de dos de sus rasgos definitorios: independencia y pluralismo? La propuesta de Ley de Comunicación para el Poder Popular, para consolidar y fortalecer el Estado comunal (sic) y construir el socialismo es contraria a la Constitución, es excluyente y discriminatoria. Un proyecto de ley en esta materia, de motivación democrática, tiene que ser plenamente consecuente con los principios del Derecho internacional para la regulación asociada a la libertad de expresión (principio de no discriminación, derecho de asociación, condicionamientos previos relativos a cobertura y potencia, libertad editorial, independencia financiera, entre otros) y con las recomendaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios: "La diversidad y el pluralismo en la radiodifusión es el principal objetivo de cualquier marco regulatorio de radiodifusión democrático".

A pesar de las contundentes críticas que se han hecho al proyecto de Ley de Comunicación Popular, en lo esencial por ser contrario a la Constitución de la República que consagra el pluralismo, el Gobierno ha amenazado con pasar su aplanadora antes del 15 de diciembre y aprobar en segunda discusión una versión que incluso desconocían los parlamentarios de la alternativa democrática en la AN.

¿Se habrá retomado allí lo contenido en el anteproyecto de abril de 2011sobre la asignación de 33% del espectro radioeléctrico al Poder Popular (sic)? ¿En qué queda lo relativo al financiamiento? ¿Habrá una mención concreta a las limitaciones expresas a la potencia irradiada? ¿Seguirán los medios comunitarios condicionados normativa y financieramente por la Vicepresidencia de la República? ¿Se seguirá hablando en la exposición de motivos de "la canalla mediática nacional"? ¿Comunicación popular o hegemonía oficialista?
EL NACIONAL - VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2011

"Estábamos ilegales por culpa de ellos"

Al menos 20 emisoras de radio han sido cerradas por Conatel en los últimos dos meses. La forma en que han desalojado los equipos y los pretextos que utilizan para tomar esta medida ponen en evidencia que no se trata, como explican, de un "plan de acción para el control de la prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones", sino de una estrategia política. 

Tal es el caso de Machiques 106.3, una de las tres emisoras de Perijá, en el estado Zulia, a la cual se le aplicó el pasado 2 de noviembre una medida cautelar por presunta "actividad clandestina". 

Sin embargo, el propietario de la radio, Robinson Millano, denuncia que no pueden calificarlos de clandestinos porque antes habían sido inspeccionados y tenían más de 10 años funcionando. "Estábamos ilegales por culpa de ellos. Desde 2006 estábamos esperando respuesta de Conatel. Habíamos entregado toda la permisología que exigen y hasta habíamos pagado alrededor de Bs 13 millones", dice. 

Millano relata que "un piquete de más de 50 guardias llegó a la emisora. 

Agarraron al operador, que no cargaba las llaves, fueron al liceo donde trabaja mi esposa y la sacaron de ahí con amenazas, intimidación y armas largas. 

Buscaron las llaves en mi casa, asaltaron la radio y le dieron a mi esposa un trato como si fuese la peor de las delincuentes", expresa. 

LA RABIA DEL SALTO DE TALANQUERA En el caso de esta emisora la intención política parece ser muy clara, pues Millano confiesa que durante casi 20 años apoyó al presidente Hugo Chávez, es capitán retirado de la aviación, fue el fundador del MVR en Machiques, director regional del INTI y del Tránsito Terrestre, prefecto del municipio Machiques y candidato a esa alcaldía en 2000. 

"Pero en 2002 comencé a ver que Chávez promueve la lucha de clases y que ha habido una desviación absoluta. Mi emisora era la única firmemente opositora de la zona. Mientras estuve con el chavismo no tuve problemas con la radio", añade. 
PATTY FUENTES GIMÓN 

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Tal Cual, Viernes 02 de Diciembre de 2011