febrero 26, 2012

El honor del mandatario

MARIO VARGAS LLOSA


La sanción contra El Universo de la Corte Nacional del Ecuador escandaliza por su desproporción. Se trata de un acto político, encaminado a acabar con esos pilares de la democracia que son la libertad de expresión y el derecho de crítica

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acaba de ganar una importante batalla legal contra la libertad de prensa en su país y ha dado un paso más en la conversión de su gobierno en un régimen autoritario. La Corte Nacional de Justicia, máxima instancia de la magistratura, ha condenado al diario El Universo, decano de la prensa ecuatoriana con más de 90 años de existencia, por injurias al mandatario, con una sentencia severísima: 40 millones de dólares y tres años de cárcel a los principales responsables del diario, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez.
El proceso contra El Universo se inició hace poco menos de un año, con motivo de un artículo del periodista Emilio Palacio, quien, comentando la actuación del presidente en una confusa revuelta policial de septiembre de 2010 en la que se vio implicado, afirmaba: “El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Rafael Correa consideró esta frase lesiva para su honor.
Celebrando el fallo del Tribunal, mientras sus partidarios quemaban en la calle ejemplares del diario incriminado, el jefe de Estado del Ecuador dijo que con aquel fallo se habían logrado tres objetivos: “que El Universo mintió, que se puede juzgar no a los payasitos, sino a los dueños del circo, y que los ciudadanos pueden reaccionar frente a los abusos de la prensa”.          
No dijo si sentía que había sido desagraviado en su maltratado honor, y por una razón muy sencilla: porque es ahora, precisamente, cuando ese honor —además de su nombre y su gobierno— ha quedado por las patas de los caballos, desprestigiado internacionalmente por una operación legal que toda la prensa libre del mundo, las organizaciones de periodistas, de derechos humanos, y los partidos y gobiernos democráticos consideran un atropello cínico y desorbitado contra la libertad de expresión que puede tener consecuencias trágicas para su país. Sobre todo, teniendo en cuenta que no es el primero ni será el último. Hace unos días, otros dos periodistas ecuatorianos, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, fueron condenados a pagar dos millones de dólares por supuestos “daños morales” que habrían causado al presidente en un libro describiendo los negociados de su familia.
Ni qué decir tiene que la sentencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador instala una espada de Damocles sobre todos los medios de comunicación y los adversarios del gobierno, advirtiéndoles que cualquier crítica al poder puede acarrearles represalias tan feroces como ésta, que, en la práctica, equivale a la clausura del órgano de prensa (pues la multa supera en exceso el patrimonio del periódico), y largas penas de prisión para los periodistas indóciles.
El amedrentamiento y la amenaza para instalar la autocensura en el mundo de la información, obligando a los periodistas e informadores a convertirse en censores de sí mismos y a escribir mirando a hurtadillas a su alrededor, es un método que todos los dictadores modernos practican —el ejemplo más conspicuo en América Latina, después del caso obvio de Cuba, es el del comandante Hugo Chávez en Venezuela, seguido por su aventajada discípula argentina, la señora Cristina Kirchner—, más hipócrita pero también más efectivo que el de la anacrónica censura previa o la mera clausura policial de los medios indomesticables y reacios al servilismo político. La desaparición de un periodismo libre y su reemplazo por unos medios neutralizados e incapaces de ejercer la crítica es el sueño, también, de las seudo democracias demagógicas y devastadas por el populismo, de las que es eximio representante el gobierno de Rafael Correa.
Su involución hacia el populismo demagógico y la retórica truculenta y ramplona que ahora practica —verlo perorar, mirando al cielo, con las venas hinchadas del cuello y embriagado de admiración por sí mismo, constituye un espectáculo impagable— es por desgracia una deriva no infrecuente en los políticos latinoamericanos. Y, en su caso particular, bastante triste. Porque la verdad es que, cuando comenzó a figurar en la vida política de su país, en abril de 2005, en plena crisis constitucional, este economista católico, con títulos en las Universidades de Lovaina e Illinois y una distinguida carrera académica, alentó muchas esperanzas. Parecía movido por sentimientos generosos e idealistas y se pensaba que su gestión gubernamental serviría para reforzar las instituciones democráticas, la justicia social y la modernización del Ecuador.
Ha sido exactamente al revés. Mareado por el poder y la obsesión continuista, peón de brega de los delirios socialistas y bolivarianos del comandante Chávez junto al boliviano Evo Morales y el nicaragüense Daniel Ortega, el gobierno de Rafael Correa, con sus políticas cortoplacistas, de irresponsabilidad fiscal y corrupción multiplicada, su hostilidad hacia la empresa privada, las inversiones extranjeras y su izquierdismo trasnochado, ha empobrecido y desquiciado a la sociedad ecuatoriana, enconándola y crispándola. Por eso, su impopularidad ha ido creciendo de manera sistemática en los últimos tiempos. Los movimientos indigenistas, que en un principio lo apoyaron, están ahora entre los críticos más tenaces de su gobierno.
Éste es el contexto que explica los golpes desesperados contra la libertad de expresión del presidente Correa de los últimos meses y la brutalidad de esta sentencia contra El Universo. Con ella, el jefe de Estado y su gobierno se despojan de una de las pocas credenciales democráticas que todavía podían exhibir y asumen, sin veladuras, el sistema autoritario chavista que tuvieron siempre por modelo.
Dicho esto, nadie puede negar que el periodismo, tanto en Ecuador como en el resto de América Latina, está lejos de ser siempre un dechado de probidad, templanza y objetividad. Desde luego que a veces sucumbe en el amarillismo, es decir, la exageración, la injuria y el libelo, y que un sistema judicial probo e independiente debería amparar a los ciudadanos contra estos excesos. Pero la decapitación no es el remedio más adecuado contra las neuralgias. La sanción contra El Universo de la Corte Nacional del Ecuador escandaliza, entre otras cosas, por su desproporción con la supuesta ofensa, y ese carácter desorbitado que luce es la mejor demostración de que no persigue desfacer un entuerto de que haya sido víctima una persona, sino que se trata de un acto político, encaminado a acabar de una vez por todas con esos pilares de la democracia que son la libertad de expresión y el derecho de crítica.
De todas maneras, ésta es una victoria pírrica de Rafael Correa. Su impopularidad seguirá creciendo, y todavía más si logra su propósito de amordazar del todo a la prensa de su país, lo que, a pesar de todo, no parece nada fácil. Lo ocurrido ha servido para mostrar, por una parte, lo poco confiables que son los tribunales ecuatorianos en materia de justicia por lo enfeudados que están al poder político, y, de otra, el coraje y la consecuencia de los dueños y periodistas de El Universo y los muchos colegas ecuatorianos que se han solidarizado con ellos. Los desenfrenados esfuerzos del gobierno para dividirlos y quebrarlos han sido inútiles. Han luchado todos, empresarios, periodistas, empleados y gráficos, sin hacer concesión alguna, defendiendo con soberbia consecuencia su postura independiente, por lo que se han ganado la admiración del mundo entero y convertido en el símbolo mismo de la resistencia del pueblo del Ecuador contra la noche autoritaria que les ha caído encima.
Es seguro que, a la corta o a la larga, son ellos y no el aprendiz de dictador ni los jueces prevaricadores los que dirán la última palabra. Éste es uno más de los muchos traspiés que le ha deparado la historia a este viejo periódico y no cabe duda de que El Universo sobrevivirá una vez más a la dura prueba y volverá pronto a retomar su puesto de vanguardia en la lucha por la civilización y en contra de la barbarie. Para entonces, Rafael Correa será ya una borrosa silueta medio desvanecida entre el tumulto de caudillitos y politicastros que jalonan la peor tradición de América Latina.
El País, 26 de febrero de 2012

Tumores y propaganda

RICARDO TROTTI 
La información anodina y sin precisiones de Hugo Chávez sobre el nuevo tumor cancerígeno que le extirparán en La Habana, calmó en algo los rumores, pero no las críticas sobre la irresponsabilidad de un gobierno que insiste en ocultar la verdad y desinformar sobre un asunto de elevado interés público como la salud del primer mandatario. 

Una fuente fundamental de la propaganda es la desinformación intencionada, lo cual Chávez aprendió como táctica militar y perfeccionó en su acercamiento a Cuba. Los regímenes autoritarios basan su estabilidad en la lealtad y el culto a la personalidad, de ahí que la salud de Chávez o Fidel Castro, como antes la de Lenin, Mao, Hitler o de Kim Jong II, sean consideradas secreto de Estado; y sus cuerpos terminan embalsamados para la historia. 

Chávez adquirió esos vicios por eternizarse en el poder y haber aprendido técnicas de propaganda que el gobierno cubano ensaya a diario para crear rumores, manipular información, controlar medios de comunicación y calcular los efectos del silencio. Por eso Chávez prefirió internarse en el sigilo de La Habana que exponerse a la transparencia que manejan las clínicas oncológicas de Brasil, como Lula da Silva y Fernando Lugo experimentaron. 

Hay que hacer una diferencia entre Cuba y Venezuela. El caso de Chávez es más grave, por dos razones. Primero, porque tratándose de que no es un régimen impuesto por la fuerza sino ungido por los votos, incumple con las condiciones de rendición de cuentas y transparencia que exige la democracia. Y segundo, porque usa dineros de todos los venezolanos para crear en otros países sistemas de propaganda a su imagen y semejanza, como ocurre entre miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas. 

No es casual que en esos países, los responsables de la propaganda sean los que más han sobrevivido a los constantes cambios de Gabinete, como Fernán Alvarado y Rosario Murillo, secretarios de Comunicación de Ecuador y Nicaragua; e Iván Canelas y Andrés Izarra, ministros de Comunicación de Bolivia y Venezuela. 

Desinformar a nivel gubernamental se ha vuelto un vicio tan grande como hacer propaganda. Un caso patético es el de Argentina, donde las mediciones oficiales sobre pobreza e inflación son manipuladas y rara vez coinciden con las de consultoras privadas, a las que se prohíbe divulgar sus resultados. Otros gobiernos son aún más frontales, tomando represalias contra quienes denuncian actos de corrupción en la función pública, como le ocurrió en Ecuador a los autores del libro El Gran Hermano, sentenciados a pagar dos millones de dólares a favor del presidente Rafael Correa, por revelar la existencia de contratos fraudulentos y comprobados, entre el gobierno y su hermano. 

En América Latina los gobiernos no solo son alérgicos a poner en manos de los ciudadanos la información que generan, sino que además tratan de entorpecer que los medios de comunicación lo hagan. Por eso existen más países con leyes de prensa para trabar la labor de los medios, que Estados con legislaciones sobre transparencia y acceso a información pública que obliguen a oficinas y funcionarios a difundir los datos que se les solicitan. En muchos, como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela, los gobiernos se resisten a promulgar este tipo de leyes, como si los actos de administración de gobierno que los ciudadanos les han delegado, fueran asuntos privados. 

Además de esta resistencia a la transparencia, en Latinoamérica no se escatiman esfuerzos para crear órganos de propaganda o para "decir la verdad que los medios callan", como se excusó esta semana Evo Morales al inaugurar su programa de radio. También en Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, esa misma excusa promovida hace tiempo por Hugo Chávez, ha servido a los gobiernos para expropiar o comprar medios o crear agencias de noticias que solo se utilizan como órganos de difusión partidaria y no como medios públicos al servicio de todos los sectores de la sociedad. 

La desinformación y la propaganda gubernamental son tumores que carcomen a la democracia. Aunque combatir ese cáncer debería ser una tarea de todos, lamentablemente es un ejercicio que poco se practica a la hora de elegir o reelegir a los gobernantes. 

|  EL UNIVERSAL
domingo 26 de febrero de 2012  04:43 PM



enero 03, 2012

PROYECTO Su objetivo es construir el Estado comunal
Ley de comunicación popular es discriminatoria         Biagio Pillieri consideró que el enfoque dado a la propuesta obliga a los medios comunitarios  a supeditarse a una ideología


MARU MORALES 


OMAR VÉLIZ / ARCHIVO Biagio Pilieri, diputado por Convergencia, rechazó el carácter discriminatorio de del proyecto de ley de comunicación popular
El diputado por Convergencia Biagio Pillieri considera que la aprobación del proyecto de ley de comunicación del poder popular en los términos como fue planteada por el PSUV impondría de hecho la discriminación por razones políticas.

Consideró contradictorio que el mismo Parlamento que aprobó a mediados de año la Ley contra la Discriminación Racial se proponga dar luz verde a una propuesta que fomentará el otorgamiento de recursos a los medios alternativos y comunitarios, condicionado a una afinidad política e ideológica.

"No podemos pensar en unos medios que para sobrevivir dependan de recursos aprobados por la Vicepresidencia, porque entendemos que si no son parte de lo que el Gobierno llama poder popular no tendrán cabida", explicó Pilieri en una entrevista a Unión Radio.

El parlamentario se refirió no sólo al título del proyecto, que circunscribe la comunicación alternativa y comunitaria únicamente a la que se identifica como del poder popular, sino a la creación del Consejo Nacional de Comunicación Popular, que estará adscrito a la Vicepresidencia y será el ente encargado de administrar los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Comunicación del Poder Popular. Además el objetivo de la ley es la construcción del Estado comunal y no la divulgación de problemas y soluciones para las comunidades.

"El proyecto se ha modificado tres veces. Es cierto que ahora es menos malo, pero aún así sigue siendo el menos adecuado para los medios comunitarios", acotó. El diputado opositor y precandidato a la Gobernación de Yaracuy garantizó que darán el debate para demostrar lo inconveniente del enfoque ideológico del proyecto.

Recuento.

La propuesta fue consignada la primera semana de agosto de 2010 por iniciativa popular con el respaldo de 26.000 firmas. Sin haber sido aprobada en primera discusión por la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, la directiva del Parlamento presentó a la plenaria en noviembre un texto modificado que la mayoría oficialista aprobó en primera discusión.

El texto fue llevado a una rápida consulta pública y el 16 de diciembre en sesión extraordinaria se inició su segunda discusión. En medio de los reclamos de la bancada de oposición, el oficialismo logró aprobar 5 artículos y difirió los restantes 31 para este año. El presidente de la Comisión de Poder Popular y Medios, Darío Vivas, indicó que sería aprobada en el primer trimestre de 2012. 



EL NACIONAL - MARTES 03 DE ENERO DE 2012