abril 27, 2012

Morir en la red

Óscar Lucien


1. La primera noticia de su muerte me la da una vecina a muy temprana hora. Llego de caminar en el parque y coincidimos en el pasillo del edificio. ¿Qué noticias tiene usted?, me pregunta en voz baja, en esa extraña intimidad del ascensor. Confinados en el espacio de un metro cuadrado su sigilo me sorprende. "No, no sé nada, vengo de hacer ejercicio", le respondo cauteloso. Su mirada y el gesto que la acompaña me indican que piensa que le oculto algo. "El hombre murió anoche", me lanza directo. Automatismos desarrollados en estos últimos años permiten rápidamente entender que cuando nos hablan del "hombre", del "tipo", de "Esteban de Jesús", se están refiriendo al comediante presidente Chávez.

Insisto en que nada sé al respecto, salvo haber oído que el presidente Chávez nos visitará a mediados de semana, por pocos días, e inmediatamente regresará a seguirnos gobernando desde La Habana. "Bueno, regresará con los pies hacia adelante porque falleció anoche", me responde tajante.

Como siempre, esta amable vecina, como muchos venezolanos, se entera de episodios cruciales por intermedio de una amiga que tiene una prima que trabaja en una peluquería donde se hace sus cuidados la esposa de un general.

No es chanza; por regla general, la línea de transmisión de lo que ya podemos calificar de "rumor" tiene asiento en la butaca de una peluquería y unos tintes, en los lazos consanguíneos con alguna prima y en una fuente militar. Esta minicrónica doméstica concluye con la cordial despedida y con el compromiso de confirmar el rumor al que, lamentablemente para ella, no doy crédito.

2. Me conecto a Internet y allí, ahora sí, me sorprendo, se suceden los tweets con la "información" que la amiga de una prima que trabaja en la peluquería donde va la esposa de un general le sopló a mi vecina: "El presidente Chávez habría muerto en La Habana". Una ética y una disciplina estricta me protege para no retwitear ningún comentario que no provenga de alguna fuente creíble y calificada y, por el contrario, me pongo alerta para tratar de entender la naturaleza de determinado rumor. Calificamos de "rumor" un comentario que, en general, de manera oral pero ahora exponencialmente potenciado por las redes sociales, va pasando de persona a persona.

Quien transmite un rumor supone que transmite un hecho cierto, aunque no dispone de ningún medio probatorio. Un rumor, hay que aclarar, no es necesariamente producto de una mentira o invención de una mente fantasiosa. De hecho, y particularmente en el caso venezolano, el rumor surge de la sistemática negativa del propio presidente Chávez y su gobierno a consignar un informe médico periódico y calificado que dé cuenta del estado real de su afección. En un comienzo se negó que el presidente Chávez padecía de cáncer. Luego, él mismo, vocero único sobre su estado de salud, reconoció estar enfermo. Meses después anunció que ya se había curado. Y apenas hace unas semanas, nuevamente, en una teledramática cadena, reconoció el resurgimiento de la enfermedad.

Resulta evidente que sin información oportuna y creíble se abone el terreno a la especulación y, en ese sentido, el rumor se convierta en un cuestionamiento a la ausencia de información y a la censura impuesta por Chávez sobre un asunto del ámbito privado pero, igualmente, de altísimo interés público. Tan grave es el tema relativo a la enfermedad presidencial que está calificado, constitucionalmente, de "falta absoluta".

3. Escaldados como estamos, luego de haber estado expuestos a la obscena manipulación de la enfermedad presidencial, la dimensión política del rumor no puede dejarse de lado: el rumor puede ser utilizado, intencionalmente, para convertirse en noticia, como sospecho ha ocurrido en esta oportunidad.

El Gobierno ha montado un apabullante dispositivo propagandístico, por algunos calificado como la "Misión Lástima", que ha repercutido en buenos dividendos para la campaña del enfermo, el candidato reeleccionista del oficialismo. En consecuencia, la supuesta muerte del Presidente en la redes sociales opacó lo que en mi opinión era la noticia fundamental y trascendente de esta semana: no sólo por las graves acusaciones del magistrado rojo Aponte Aponte, sino por la repercusión en muchos de los casos objeto de manejos políticos. Cuatro días haciéndose eco de rumores sobre la muerte de Chávez me parece un gravísimo error político en la perspectiva de una contundente victoria de Henrique Capriles. La denuncia de Aponte pudo haber sido el "Efecto Atocha" (Madrid 2004) contra Chávez, en el marco del actual proceso electoral. Hay que estar muy cautelosos para no morir en la red del G2.

EL NACIONAL - VIERNES 27 DE ABRIL DE 2012

abril 22, 2012

INFORME SIP


SIP: El Ejecutivo usa la ley para asediar a Globovisión y perseguir a periodistas


El informe presentado detalló las irregularidades cometidas en contra del canal de los Zuloaga
El informe de la vicepresidencia regional para la libertad de prensa e información de la Sociedad Interamericana de Prensa detalló que en Venezuela se producen anualmente 150 agresiones en contra de trabajadores de los medios. Según el escrito, desde 1999 a la fecha se han registrado 1.200 denuncias.

Los delegados de la SIP iniciaron el viernes la tradicional reunión de medio año, en la ciudad de Cádiz, España, encuentro que culmina mañana La organización precisó que la libertad de prensa en el país se encuentra seriamente amenazada. La aseveración se fundamenta en el uso que hace el Ejecutivo de la Ley Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios electrónicos como instrumento "para asediar al canal de noticias Globovisión y para perseguir judicialmente a periodistas, obligándolos al exilio", reza el texto.

En el documento se afirma que a la fecha la Comisión Nacional de Telecomunicaciones está en mora con los directivos de al menos 250 estaciones radiales AM y FM, a los que no ha renovado las concesiones para poder operar dentro de la frecuencia asignada, situación que se traduce en un limbo jurídico.

La investigación también refiere que sobre el diario El Nacional sigue la prohibición, impuesta en agosto de 2010, de publicar fotografías relacionadas con hechos violentos.

La SIP agrega que los más vulnerables a los ataques son los reporteros, los fotógrafos y los camarógrafos que cubren los hechos en la calle.

Los directivos de la SIP mostraron preocupación por la impunidad que rodea las averiguaciones de los ataques a los trabajadores de la prensa y la inacción por parte de los órganos encargados de impartir justicia. "La impunidad es tal que el crimen ha tanteado muy de cerca en nuestro quehacer cotidiano. No se está seguro en lugar alguno. Los asesinatos, secuestros, sicariato, robos, hurtos y violaciones hurgan en cualquier rincón".

Advertencia. En el informe se subraya que se siguen produciendo denuncias por acoso a periodistas, agresiones verbales, físicas y desprestigio a las labores que desempeñan los comunicadores sociales.

"El acoso ha existido y es casi seguro que seguirá. Cierre de empresas periodísticas, persecuciones y hasta la muerte son parte de la gama de cercos disuasivos con que se pudiera incidir de algún modo en el trabajo informativo".

El documento recoge las palabras de la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett, quien explicó que algunos medios de comunicación han modificado su línea editorial con el objetivo de no recibir multas.

"Cada vez existe mayor autocensura, inhibiciones dentro de los medios, que los ha llevado a cambiar su línea editorial para evitar ser sancionados directa o indirectamente. Hay dispositivos de temor e intimidación", expresó.

Casos recientes. Ayer los delegados recibieron los informes de las naciones que integran la agrupación. Para hoy está pautado que conversen sobre las constituciones latinoamericanas y cómo influyen en el ejercicio de la libertad de prensa. Igualmente, revisarán los ataques y defensa del sistema interamericano.

El informe detalló, caso por caso, las diferentes irregularidades ocurridas en Venezuela durante los últimos seis meses. Citó el asesinato de la estudiante Karen Berendique, a manos de efectivos del Cicpc, y la restricción, por parte de la Fiscalía de divulgar información sobre la contaminación el agua sin la presentación de un estudio científico que la sustente. 


INGRID BRAVO BALABÚ 
ibravo@el-nacional.com

El Nacional, domingo 22 de abril de 2012

abril 13, 2012

INFORME Instituto Prensa y Sociedad presentó su reporte
En Venezuela el Estado abusa de su poder para limitar a los medios                                                           De los 200 ataques ocurridos entre mayo de 2010 y diciembre de 2011, 76 fueron causados por el uso abusivo de los poderes públicos

DIANA LOZANO PERAFÁN 
dlozano@el-nacional.com


El Estado venezolano abusa de su poder para atacar el derecho a la libertad de expresión, señala el informe que divulgó el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela. 
En el reporte de Ipys se advierte que entre mayo de 2010 y diciembre de 2011 ocurrieron 200 ataques a la libertad de expresión, de los cuales 76 fueron causados por el uso abusivo del poder estatal. 



"Hay una escalada de acciones soterradas en el área legal que amenazan la libertad de expresión", advirtió Marianela Balbi, directora ejecutiva de Ipys Venezuela.

Mediante sentencias, providencias administrativas y leyes los poderes del Estado limitan la labor de los medios de comunicación social, indica el informe.

El 48% de las agresiones contra periodistas se cometieron mediante procesos judiciales por delitos de opinión como difamación, vilipendio o injuria.

El Poder Judicial se ubica a la cabeza de los poderes que emiten decisiones para censurar los contenidos que difunden los medios de comunicación, seguido del Ejecutivo y el Legislativo.

"En lugar de ser garante de la libertad de expresión, lo que hace el Poder Judicial es afectar la labor de los medios", aseveró Luisa Torrealba, coordinadita del área de libertad de expresión de Ipys.

Torrealba advirtió que al contrario a lo que ocurre en Venezuela, la tendencia mundial es a eliminar de las leyes los delitos de opinión.

Ipys asegura que en Venezuela las acciones legales ­que pueden ser dictadas por la vía judicial o la administrativa­ son cada vez más usadas para agredir a los medios, aunque en el informe se admite que en ocasiones las medidas anunciadas contra la prensa no pasan de ser amenazas.

Torrealba advirtió que otras formas de abuso estatal son el uso de las cadenas de radio y televisión, que en su criterio muchas veces son usadas para impedir la transmisión en vivo de otras informaciones.

Concesiones. Especial atención puso Ipys en la situación de los medios de radio y televisión, debido a la necesidad de contar con concesiones otorgadas por el Estado para hacer uso del espacio radioeléctrico.

"El retiro de concesiones a medios radioeléctricos está condicionado a elementos arbitrarios", señala el informe.

Ipys asegura que en 57% de los casos hay un condicionamiento arbitrario para que medios comerciales obtengan las mencionadas concesiones, en 29% de las veces hay una dependencia política por parte de Conatel (que es el ente regulador y que está adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República), mientras que en 14% de los casos hay una evidente desigualdad ante la ley por razones de afinidad política al gestionar las licencias.

Tendencia a empeorar. La directora ejecutiva de Ipys advirtió que no es buena la perspectiva que se vislumbra en cuanto al respeto al derecho a la libertad de expresión e información este año, cuando se celebrarán las presidenciales, debido a que en los períodos electorales aumentan los ataques a los trabajadores de los medios de comunicación.
Advirtió que mientras que en 2011 Ipys emitió 96 alertas de violaciones de la libertad de expresión en todo el territorio nacional, en el primer trimestre de 2012 ha emitido 50 alertas, lo que representa 52% del total del año pasado. 


El Nacional, 13 de abril de 2012