Gremio periodístico y ciudadanía marcharán este martes por la libertad de prensa y el derecho a la información

La concentración tendrá lugar el martes, 3 de mayo, y partirá a las 10:00 a.m de la estación del Metro Los Cortijos hasta la sede del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, ubicado en la torre HP, para entregar un documento en el que exponen la situación actual del gremio y para pedir que se haga seguimiento a la situación venezolana.

Para conmemorar este próximo martes 3 de mayo el Día  Mundial de la Libertad de Prensa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), en alianza con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Espacio Público, Expresión Libre y estudiantes universitarios, convocó al gremio periodístico, a los defensores de garantías y a la ciudadanía en general a unirse a una manifestación pacífica en rechazo a las actuales condiciones del ejercicio periodístico en Venezuela y exigiendo al Estado que adopte medidas para garantizar la libertad de expresión y el derecho a  la información.

En rueda de prensa desde la sede del CNP, en Caracas, los promotores anunciaron que la concentración, que tendrá lugar el propio 3 de mayo, está prevista desde las 10:00 a.m en la estación del Metro Los Cortijos y  se movilizará por la avenida Francisco de Miranda hasta la sede del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, ubicado en la torre HP, para entregar un documento en el que exponen la situación actual del gremio y para pedir que se haga seguimiento a la situación venezolana.

Reinaldo Carrillo, representante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV) invitó a  todos los estudiantes de esta carrera y a toda la ciudadanía a participar en el evento “por el derecho que es de todos a estar informados libre y oportunamente”.

Puntualizó que las peticiones que se elevarán en esta ocasión serán el desarrollo de políticas sistemáticas que permitan garantizar protección a los periodistas, independencia a los medios y a los ciudadanos a estar informados de manera plural y responsable y seguimiento a situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela.

La movilización se dará como cierre a un conjunto de planteamientos a instituciones del Estado que fueron consignadas las últimas dos semanas ante la Fiscalía General de la República, la Vicepresidencia de la República y Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y que las organizaciones gremiales y ciudadanas esperan que  sean acogidas e interpretadas con la convicción fundamental de que el ejercicio democrático pasa por el ejercicio libre del periodismo.

En este sentido, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, expuso un diagnóstico de la situación que ocurre en Venezuela en relación a estas garantías.

“Al día de hoy y producto de una decisión arbitraria e inconstitucional del Ejecutivo han cerrado al menos 10 medios de comunicación impresos en todo el país, el último de ellos el diario El Carabobeño con más de 80 años de circulación ininterrumpida. La totalidad de los diarios nacionales han tenido que bajar su paginación, periodicidad e incluso cambiar su diseño para adaptarse lo que significa una reducción grave a los espacios para la crítica, para el debate y para la pluralidad “, dijo.

Apuntó como una de las causas de este hecho la monopolización institucional de la compra y distribución del papel prensa en Venezuela que es asignado ahora por el Estado, de manera discrecional, a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro.

“Existen también en Venezuela al menos 200 estaciones de radio cuyas concesiones no han sido renovadas.  Conatel de manera indirecta las mantiene en vilo y no pueden operar en absoluta libertad porque están a la espera de un papel. Esta amenaza sobre las estaciones de radio es una razón para que el 3 de mayo reclamemos prensa libre”, declaró Ruiz

Asimismo, dio cuenta de que existen canales de televisión cuya concesión tampoco ha sido renovada por Conatel, a pesar de haber sido presentada su solicitud y documentación en tiempo oportuno. “En algunos casos ha pasado más de un año en medio de una omisión institucional, lo que se traduce en un ejercicio muy vigilado del trabajo que se hace en esos canales y no se garantiza la libertad en los formatos en que la ley lo establece que es priorizando la información y las necesidades y realidades de un país”.

El dirigente sindical mostró preocupación por las agresiones a periodistas y a medios de comunicación  que “muestran un escalofriante ascenso”.

“En los primeros tres meses de este 2016 damos cuenta de al menos 60 agresiones cometidas contra trabajadores de medios de comunicación y el denominador común la impunidad, porque ni una sola de las denuncias que realizan los periodistas y trabajadores de medios ante la Fiscalía General y otros órganos conocen justicia”, informó.

Ante este clima, Ruiz, en nombre de la alianza invitó a la ciudadanía a unirse al reclamo que harán público este martes 3 de mayo.

El gremio periodístico de luto

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas inició la rueda de prensa lamentando y repudiando el asesinato de la comunicadora Lucía Suánez, quien fue asesinada la madrugada de este jueves madrugada de un disparo en la cabeza según informó el diputado por el estado Bolívar, Américo de Grazia.

Suánez era hija de la directora de la emisora Radio Minera 97.7 FM, en el cual tenía un programa de opinión, y además fue una de las periodistas que realizó seguimiento al caso de los mineros en Tumeremo.

“Nuestra sentida palabra de condolencia a sus familiares y nuestro repudio a un hecho que una vez más cobra la vida de un comunicador social en nuestra Venezuela donde todos luchamos por la igualdad, honestidad y respeto para el trabajo de los comunicadores”, dijo Guía.

(Caracas, 28/04/2016)

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa

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El secreto es la regla

Acceso a la información pública, rendición de cuentas y transparencia gubernamental son tres conceptos que con el tiempo se han vuelto cada vez más extraños para los venezolanos, pese a que la tendencia mundial apunta en esa dirección. Y es que con la llegada del siglo XXI pareciera que un manto de opacidad se cernió progresivamente sobre la gestión pública venezolana, al punto de que hoy en día el “secreto es la regla” y no la excepción, según opinan activistas de Derechos Humanos y expertos en el área jurídica.

 La directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, afirma enfáticamente que en el país la opacidad de la información se ha convertido en una “política sistemática de Estado” porque de manera recurrente y por diferentes vías se limita el acceso a la información, componente esencial del derecho a la libertad de expresión, que además está recogido en el artículo 28 de la Constitución venezolana.

En criterio De Freitas, tal afirmación queda evidenciada en la práctica ante la ausencia de información o el retardo en la publicación de ciertos datos de interés general para la ciudadanía tales como los índices de inflación y escasez, los reportes epidemiológicos o las cifras de criminalidad, que por lo general son conocidas de manera extraoficial a través de los medios de comunicación. Pero a su juicio, también queda demostrada de manera formal cuando se restringe este derecho mediante diversas normativas emanadas de diferentes poderes del Estado.

Legal pero injusto

De un total de 475 instrumentos normativos entre leyes (143), decretos-leyes (251), leyes aprobatorias de convenios internacionales (74) y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (7) que se aprobaron entre 1999 y 2014, al menos 60 contienen una o varias normas que se consideran “opacas” porque limitan el acceso a la información o bien porque eliminan de su texto la obligación de hacerlo, según el informe Es legal pero injusto, elaborado por Transparencia Venezuela.

Un caso emblemático es la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV). Hasta el 2001 estuvo en vigencia la norma del 04/12/1992 (G.O. N° 35.106), la cual no contemplaba restricciones a la información, pero a partir de la ley publicada el 03/10/2001 (G.O. N° 37.296) se le otorgó al Directorio de la institución la facultad discrecional para determinar la confidencialidad de cualquier información que considere una amenaza a la seguridad y estabilidad monetaria; disposición que se mantuvo en las cinco reformas posteriores.

Precisamente en 2015 el BCV no publicó las cifras de inflación como lo establecía la ley sino que las mantuvo en reserva hasta principios de 2016. Casualmente al final de 2015 la ley fue nuevamente reformada (G.O. N° 6.211 del 29/12/2015), pero esta vez por el presidente Nicolás Maduro vía Habilitante, y con ella quedó derogada la obligatoriedad de publicación de este tipo de datos. Aunque el pasado 3 de marzo la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, reformó el decreto-ley y entre otros aspectos restableció el deber de publicar los índices económicos, la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia del 31 de marzo, declaró la inconstitucionalidad de esta última modificación.

A juicio de Carlos Correa, director de Espacio Público, toda esa situación que se presentó con la Ley del BCV pone de manifiesto que “hay una enorme preocupación porque no se conozcan las cifras de inflación”. En su criterio, hay una relación directa entre los temas que le preocupan a la gente y la información que se oculta.

Aclara que de acuerdo a parámetros internacionales en materia de libertad de expresión, toda la información en manos de instituciones del Estado es de carácter público, salvo algunas excepciones que tienen que estar previstas y justificadas en una ley y que se restringen por razones de seguridad nacional, orden público, salud pública, o protección del derecho a la privacidad, según explica el abogado Víctor Hernández-Mendible, director de la firma HMO Consultores y profesor invitado en la University for Peace de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Correa coincide con De Freitas en que la opacidad de la información es una “política transversal de Estado” y destaca que responde a una “cultura que está enquistada en la institucionalidad pública venezolana, donde los funcionarios públicos se creen dueños de las instituciones y se olvidan que están al servicio de la sociedad, por eso no rinden cuentas de su gestión”.

De las 60 normativas que contemplan opacidad 42 fueron promulgadas por la Asamblea Nacional: 22 en la modalidad de leyes (orgánicas y ordinarias) y 20 bajo la figura de leyes aprobatorias de convenios internacionales; otras 11 fueron aprobadas por el presidente de la República vía Habilitante y 7 corresponden a decisiones del TSJ donde se justifica el silencio o la negativa de las instituciones públicas para brindar determinado tipo de información.

Cabe señalar que 43 de los 60 instrumentos considerados opacos fueron aprobados durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), mientras que durante los dos primeros años de gestión de Nicolás Maduro (primero como Presidente encargado y luego como Presidente electo) se aprobaron 17, es decir, 28,5%. Sin embargo, la cifra es superior porque el estudio de Transparencia Venezuela no incluye el lote de normativas aprobadas en 2015, entre las cuales se encuentra la ya citada reforma parcial de la Ley del BCV, aprobada por Maduro.

Opacidad generalizada

Carlos Correa no duda en afirmar que en Venezuela la opacidad es de carácter general pues se ha extendido a todos los ámbitos de la vida nacional, aunque reconoce que hay tópicos más sensibles que otros. De Freitas, por su parte, agrupa en dos grandes categorías los temas que se invisibilizan: los que involucran grandes cantidades de dinero y los que tienen una consecuencia política para el Gobierno porque han sido utilizados como bandera electoral.

En el primer grupo figuran, entre otros, la gestión de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), las importaciones y el manejo de las divisas a través de Cadivi y las grandes contrataciones de empresas extranjeras en el marco de las misiones, especialmente las relacionadas con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Mientras que en el segundo grupo destacan los índices económicos y las cifras de inseguridad, salud, educación, justicia y defensa, entre otros. 

¿Y cuál es la razón?

Ambos entrevistados señalan que aunque son variadas las razones por las cuales se oculta la información de carácter público, dos aspectos fundamentales juegan un papel muy importante a la hora de tomar la decisión: la fuente de información y el tema del que se trate; no obstante hacen hincapié en que en la mayoría de los casos existe “un temor a la crítica”, que –según Correa– está asociado al “ejercicio arbitrario del poder” o a la ineficiencia en la gestión pública.

Para la directora de Transparencia Venezuela los motivos por los cuales se oculta información son: para esconder la ineficiencia, para “mentir o confundir” con fines propagandísticos o para tapar hechos de corrupción.

Por su parte, el abogado Víctor Hernández-Mendible afirma que el interés que motiva a las autoridades a ocultar la información es “no rendir cuentas y patrimonializar los ingresos públicos para beneficio personal”.

Independientemente de las causas que motiven la opacidad, tanto De Freitas como Correa aseguran que la opacidad como política se ha extendido ha todo el Estado y se practica en todos los niveles de los poderes públicos, incluido el Poder Judicial, que es el encargado de impartir justicia.

La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, asegura que el Poder Judicial no escapa de la opacidad. Como ejemplo cita que a partir del 2004 no existe información pública consolidada sobre la gestión del sistema integral de justicia, la cual era publicada anualmente a través de un informe que elaboraba el Ministerio de Interior y Justicia. Refiere, igualmente, que los informes anuales del TSJ dejaron de publicarse en la página oficial del ente a partir del 2011 y aunque aclara que estos fueron sustituidos por la publicación del discurso anual de apertura del año judicial, estos contemplaban cada vez menos información estadística que sirviera para hacer una evaluación de la gestión del Máximo Juzgado; incluso asegura que estos no estuvieron disponibles durante el 2014 y 2015.    

Peticiones sin respuesta

Por disposición constitucional y legal, los entes del Estado no solo están obligados a publicar toda aquella información que sea de interés general para la ciudadanía, sino que además tienen el deber de dar respuesta efectiva a las peticiones de información realizadas por interesados. La falta de respuesta en este sentido, también es considerado opacidad.

Entre 2009 y 2016, distintas organizaciones que forman parte de la coalición ProAcceso (movimiento que promueve el acceso a la información), entre ellas Espacio Público y Transparencia Venezuela, dirigieron al menos 474 solicitudes de información a distintas instituciones del Estado en los tres niveles de Poder (Nacional, estadal y municipal); pero en 92,4% de los casos se impuso el silencio absoluto (438 solicitudes), es decir no hubo respuesta de ningún tipo. En total 36 peticiones fueron atendidas, pero solo en 22 (4,64%) la respuesta fu satisfactoria, mientras que en las 14 restantes (2,95%) fue parcial o para negar la información.

Es por eso que todos los consultados coinciden en señalar que para cambiar esta cultura de opacidad el primer paso es sancionar una Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, que de hecho ya fue aprobada en primera discusión a principios de marzo pasado. El segundo paso –señalan– dependerá de la voluntad política que exista por parte de todas las autoridades del Estado para cumplir y hacer cumplir la nueva ley.

Twitter: @alejandramhf

Fuente: El Universal

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/secreto-regla_304981

EXPRESIÓN LIBRE DEPLORA PROFUNDAMENTE

FINAL DE LA EDICION IMPRESA DE “EL CARABOBEÑO”

Prensa EL / 16-03-2016

La edición impresa del Diario El Carabobeño  llegará mañana a su final tras recoger durante 82 años el acontecer regional, nacional e internacional, en lo que de por sí constituye uno de los capítulos más aciagos propiciados por la sistemática política gubernamental de cercar y eventualmente desaparecer los medios de comunicación privados e independientes y con ello restringir a su mínima expresión los derechos de expresión y de información.

Expresión Libre, Periodistas por la Paz y la Democracia, deplora profundamente la desaparición impresa de este medio que nació en 1933, en plena dictadura gomecista, como una modesta hoja informativa concebida por el espíritu emprendedor de Don Eladio Alemán Sucre, hasta convertirse en una de las más pujantes y representativas empresas del país, estrechamente comprometida con el desarrollo de los ciudadanos de Valencia y de  todo el Estado Carabobo. 

Silvia Alegrett, coordinadora general de esta ONG y expresidente del Colegio Nacional de Periodistas expresó que “El país no tiene agua, ni luz, ni comida por la ineficiencia de quienes nos gobiernan, pero ese mismo gobierno ha sido muy efectivo en acallar a medios para implantar la hegemonía comunicacional, y aun cuando no les ha sido fácil, se han empecinado en alcanzar esa meta y hoy se anotan un nuevo logro al decretarse el cierre del diario El Carabobeño por falta de papel, gracias a la política monopólica instaurada con la creación de la Corporación Manerio”.

“Causa indignación que un medio que tiene 82 años informando a los carabobeños tenga que cerrar sus puertas dejando a más de 300 trabajadores que integran su nómina sin su sustento, pero lo más grave es que con este cierre se incrementa el silencio noticioso” acotó Alegrett.

Los diarios que todavía pelean por seguir informando han tenido que reducir sus páginas, pasar a tamaño tabloide y reducir su circulación, todo lo cual ha implicado la pérdida del 70% del espacio para informar al ciudadano, lo que por supuesto va en detrimento del derecho de la población a estar informado y a expresarse libremente. En 2013 había 115 diarios y hoy quedan 94 con el cierre de El Carabobeño.

A pesar de todas las dificultades que ha enfrentado El Carabobeño y la gran mayoría de los medios regionales, la coordinadora de Expresión Libre manifestó que esta organización conserva intacta la fe en que la sociedad venezolana sabrá sobreponerse a esta etapa de mengua de los valores democráticos y estamos seguros que más temprano que tarde veremos a El Carabobeño en todas sus versiones cumpliendo cabalmente el rol social que siempre se le ha reconocido.

En Expresión Libre rechazan todas las prácticas oficiales que han conducido a este desenlace amargo y manifiestan su solidaridad con e