Guerrilla y hegemonía comunicacional

"Si no fuera por estos medios, que están en manos de la oligarquía y atacan y mienten y manipulan tanto, el apoyo al Gobierno, a la revolución, estaría en mucho más del 80%". (Hugo Chávez, 2 de marzo de 2009). En esta sucinta declaración, secundada por el Ministro de Información y Comunicación de turno, se encuentra la justificación del fomento de la guerrilla comunicacional (sic). “Así como hemos hecho de nuestras herramientas: computadoras, latas, exactos, pintura, lápices, papeles e ingenio; armas para combatir a los grandes medios de comunicación, no podemos olvidar el fusil fundamental de nuestro repertorio, la palabra como instrumento central para forjar la conciencia revolucionaria”.

A la voz de comando de la Ministra de Comunicación, los niños y adolescentes de los escuelas públicas, por encima de la Constitución, de  la ley de Educación y la ley de protección al niño, niña y al adolescente que lo prohíben, son enrolados como “activistas de la verdad”, Ministro de Educación dixit.  Desde el poder Ejecutivo se fomenta la guerrilla (comunicacional) para utilizar de manera compulsiva la fuerza creativa de niños y jóvenes para combatir a los medios de comunicación privados que ofrecen una mirada de la realidad distinta al gobierno; al mismo tiempo que “siembran” el socialismo.

Promovidas estas guerrillas en las vísperas del proceso electoral para la urgente renovación de la Asamblea Nacional que restituya ese cuerpo como verdadero centro de deliberación y expresión de la diversidad de la opinión política del país, se busca cerrar el círculo de la pretendida hegemonía comunicacional.

Sin duda alguna, fuera del campo habitacional, de la salud  y de la seguridad, donde el fracaso del gobierno es tan notable, lo comunicacional destaca como la mayor defraudación del teniente coronel Chávez a las expectativas ciudadanas. Transcurridos once años de mandato, el gobierno venezolano, de espaldas a la Constitución y a pesar de toda la palabrería usada, no ha garantizado servicios públicos de radio y televisión como manda el artículo 108 de la Carta Magna.

A las abusivas cadenas, a sus maratónicos Aló Presidente, a sus consejos de Ministros televisados y su perenne presencia vía “avances noticiosos” debe sumarse el potente parque gubernamental y para estatal que el Presidente ha ido amasando durante los últimos años.

Apoderándose de frecuencias habilitadas o adquiriendo alguna concesión privada, el gobierno ha ido consolidando una amplia plataforma comunicacional al servicio del proyecto político de Hugo Chávez.  A partir de la exagerada influencia que  atribuye al poder de los medios, la administración chavista se empeña en el desarrollo de su hegemonía comunicacional mediante la gestión directa de radios, televisoras y mediante la sumisión absoluta de la radiotelevisión comunitaria. Por eso la discusión sobre este esperpento de la guerrilla comunicacional, junto al grave hecho de la utilización del aparato del Estado para proselitismo en los espacios educativos, no puede dejarse de lado la valoración del poderío comunicacional del gobierno en función de la parcialidad política que representa, y a contracorriente de la voluntad soberana del pueblo venezolano que en referendo popular rechazó el modelo socialista que se nos pretende imponer. Sin contar con los medios impresos, la cooptación de toda la radiotelevisión comunitaria (sic) y la prolijidad de portales digitales vale la pena tener en cuenta lo que suelen llamar, sin el menor pudor, el sistema nacional de medios públicos, al entero servicio de la propaganda oficial. Para el gobierno, lo que se dice fuera de estos canales es mentira, manipulación y matriz mediática.

La Radio Nacional de Venezuela conforma un amplio circuito con emisoras nacionales y locales. El Circuito YVKE Mundial, potente red de alcance nacional: Tiuna FM:  (La voz de la Fuerza Armada Nacional). Venezolana de televisión (VTV): ha recibido cuantiosas inversiones y modernización de su plataforma tecnológica y su programación está determinada por la agenda del teniente coronel Chávez. Vive TV:En el acto inaugural Chávez marcó su propósito: “Con este nuevo canal, se le dará una batalla fuerte a la aberración comunicacional (...)”. ANTV. Canal de la Asamblea Nacional que cumple, particularmente, funciones político-ideológicas y está integrada al llamado sistema nacional de  medios públicos. Telesur. Funciona como agencia internacional de propaganda chavista y al servicio de los aliados continentales de Chávez. Avila TV. Originalmente adscrita a la Alcaldía Metropolitana de Caracas con el triunfo del alcalde Ledezma, mediante argucias legales fue transferida al Ministerio de Comunicaciones.

TVES. Nace de la confiscación de la frecuencia a RCTV

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

El Nacional, 23 de abril de 2010

Guerrilla y hegemonía comunicacional

"Si no fuera por estos medios, que están en manos de la oligarquía y atacan y mienten y manipulan tanto, el apoyo al Gobierno, a la revolución, estaría en mucho más del 80%". (Hugo Chávez, 2 de marzo de 2009). En esta sucinta declaración, secundada por el Ministro de Información y Comunicación de turno, se encuentra la justificación del fomento de la guerrilla comunicacional (sic). “Así como hemos hecho de nuestras herramientas: computadoras, latas, exactos, pintura, lápices, papeles e ingenio; armas para combatir a los grandes medios de comunicación, no podemos olvidar el fusil fundamental de nuestro repertorio, la palabra como instrumento central para forjar la conciencia revolucionaria”.

A la voz de comando de la Ministra de Comunicación, los niños y adolescentes de los escuelas públicas, por encima de la Constitución, de  la ley de Educación y la ley de protección al niño, niña y al adolescente que lo prohíben, son enrolados como “activistas de la verdad”, Ministro de Educación dixit.  Desde el poder Ejecutivo se fomenta la guerrilla (comunicacional) para utilizar de manera compulsiva la fuerza creativa de niños y jóvenes para combatir a los medios de comunicación privados que ofrecen una mirada de la realidad distinta al gobierno; al mismo tiempo que “siembran” el socialismo.

Promovidas estas guerrillas en las vísperas del proceso electoral para la urgente renovación de la Asamblea Nacional que restituya ese cuerpo como verdadero centro de deliberación y expresión de la diversidad de la opinión política del país, se busca cerrar el círculo de la pretendida hegemonía comunicacional.

Sin duda alguna, fuera del campo habitacional, de la salud  y de la seguridad, donde el fracaso del gobierno es tan notable, lo comunicacional destaca como la mayor defraudación del teniente coronel Chávez a las expectativas ciudadanas. Transcurridos once años de mandato, el gobierno venezolano, de espaldas a la Constitución y a pesar de toda la palabrería usada, no ha garantizado servicios públicos de radio y televisión como manda el artículo 108 de la Carta Magna.

A las abusivas cadenas, a sus maratónicos Aló Presidente, a sus consejos de Ministros televisados y su perenne presencia vía “avances noticiosos” debe sumarse el potente parque gubernamental y para estatal que el Presidente ha ido amasando durante los últimos años.

Apoderándose de frecuencias habilitadas o adquiriendo alguna concesión privada, el gobierno ha ido consolidando una amplia plataforma comunicacional al servicio del proyecto político de Hugo Chávez.  A partir de la exagerada influencia que  atribuye al poder de los medios, la administración chavista se empeña en el desarrollo de su hegemonía comunicacional mediante la gestión directa de radios, televisoras y mediante la sumisión absoluta de la radiotelevisión comunitaria. Por eso la discusión sobre este esperpento de la guerrilla comunicacional, junto al grave hecho de la utilización del aparato del Estado para proselitismo en los espacios educativos, no puede dejarse de lado la valoración del poderío comunicacional del gobierno en función de la parcialidad política que representa, y a contracorriente de la voluntad soberana del pueblo venezolano que en referendo popular rechazó el modelo socialista que se nos pretende imponer. Sin contar con los medios impresos, la cooptación de toda la radiotelevisión comunitaria (sic) y la prolijidad de portales digitales vale la pena tener en cuenta lo que suelen llamar, sin el menor pudor, el sistema nacional de medios públicos, al entero servicio de la propaganda oficial. Para el gobierno, lo que se dice fuera de estos canales es mentira, manipulación y matriz mediática.

La Radio Nacional de Venezuela conforma un amplio circuito con emisoras nacionales y locales. El Circuito YVKE Mundial, potente red de alcance nacional: Tiuna FM:  (La voz de la Fuerza Armada Nacional). Venezolana de televisión (VTV): ha recibido cuantiosas inversiones y modernización de su plataforma tecnológica y su programación está determinada por la agenda del teniente coronel Chávez. Vive TV:En el acto inaugural Chávez marcó su propósito: “Con este nuevo canal, se le dará una batalla fuerte a la aberración comunicacional (...)”. ANTV. Canal de la Asamblea Nacional que cumple, particularmente, funciones político-ideológicas y está integrada al llamado sistema nacional de  medios públicos. Telesur. Funciona como agencia internacional de propaganda chavista y al servicio de los aliados continentales de Chávez. Avila TV. Originalmente adscrita a la Alcaldía Metropolitana de Caracas con el triunfo del alcalde Ledezma, mediante argucias legales fue transferida al Ministerio de Comunicaciones.

TVES. Nace de la confiscación de la frecuencia a RCTV

Óscar Lucien

Twitter: @olucien

Opinar ¿es un delito?

Las recientes detenciones del dirigente político Oswaldo Álvarez Paz y de Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias Globovisión, por opiniones emitidas sobre aconteceres de la realidad política venezolana me llevan a revisar unos apuntes personales sobre lo que califico de “cerco a la libertad de expresión en Venezuela” con el propósito de encarar apropiadamente la respuesta a la interrogante de si, en Venezuela, opinar ¿es un delito?.

Entre los aspectos más preocupantes que limitan o cercan la libertad de expresión mediante las trabas al acceso a la información,  las demandas judiciales, la violencia verbal y las agresiones físicas, está la reforma al Código Penal promulgada el 16 de marzo de 2005 la cual repotencia los llamados delitos de desacato o vilipendio, y endurece significativamente las sanciones para lo que podríamos calificar delitos de expresión.

Sin duda alguna lo más grave de esta reforma al Código Penal es la criminalización de la opinión o manifestación de desaprobación, hecha en público o en privado, contra funcionarios públicos. Cualquier reclamo considerado una ofensa a un funcionario público será castigado con penas privativas de libertad. El nuevo Código Penal eleva las sanciones para los delitos de prensa, y muy en especial, los delitos de injuria, calumnia y difamación de una personalidad pública en el ejercicio de sus funciones.

La nueva versión del artículo 148 “establece una pena de 6 a 30 meses de cárcel para las ofensas al Presidente de la República. La sanción se incrementará en un tercio más cuando la ofensa sea pública”. Según el artículo 149, si va dirigida contra otro representante del Estado, la sanción será de la mitad, o dos tercios de la prevista en el artículo 148, de acuerdo con el rango de la persona ofendida: Vicepresidente, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, miembros de los Poderes Públicos, Ministros, Diputados o Alto Mando Militar.

Vale la pena destacar las consideraciones a este respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según las cuales leyes de desacato o vilipendio son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de igual manera, su insistencia, desde 1994, en recomendar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que adecuen sus legislaciones a las obligaciones y estándares internacionales sobre derechos humanos.

Por otra parte, de acuerdo con “el nuevo artículo 297A, la difusión de informaciones falsas a través de prensa escrita, teléfono o e-mail, con intención de ‘sembrar el pánico’, se castigará con una pena que va de dos a cinco años de cárcel”. Una verdadera espada de Damocles, la discrecionalidad de una autoridad pública o de un juez para determinar cuando un ciudadano con sus comunicaciones intentó “crear pánico”.

El artículo 444, referido al delito de  difamación, establece que toda persona que haga manifestaciones que puedan "exponer a otra persona al desprecio o el odio público" será castigada con una pena de uno a tres años de cárcel, y una multa. El Código Penal, previo a esta reforma, sancionaba una pena máxima de 18 meses de cárcel. Ahora bien, este artículo que hace expresa referencia a las publicaciones en la prensa, establece que si el delito se comete públicamente, la condena podrá llegar hasta cuatro años de cárcel, además de duplicar la sanción económica.

Por último, el artículo referido a la protección del honor incrementa considerablemente las penas del viejo Código: en el caso de la  injuria, que era castigada con un máximo de ocho días de cárcel, ahora podrá tener una pena comprendida entre seis meses y un año de cárcel, pero si el delito se comete a través de la prensa la sanción se eleva a uno a dos años de cárcel.

Voces calificadas como la de los abogados Alberto Arteaga y Rafael Chavero, a nivel nacional, han alertado sobre lo inconveniente y delicado de dicha reforma. En lo internacional el informe de la asociación Reporteros Sin Fronteras es muy claro al respecto: "Esta reforma supone una auténtica regresión en la materia. En lugar de ir hacia la despenalización preconizada por la Organización de Naciones Unidas, agrava las penas de cárcel previstas para determinados delitos de prensa. (...) las autoridades venezolanas van a contracorriente de la actual liberalización. Por otra parte, las fuertes sanciones establecidas para algunos delitos mal definidos, tales como "la ofensa" o "la protección del honor", van a animar a los periodistas a autocensurarse en sus críticas a las autoridades, por temor a incurrir en graves castigos".

Oswaldo Alvárez Paz está preso en una cárcel de la policía política por opinar en un programa de tv. Guillermo Zuloaga está en libertad en virtud de una medida cautelar, luego de opinar en un foro internacional. Opinar ¿es un delito?

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

El Nacional, 9 de abril de 2010