Corrupción habilitada
Óscar Lucien
“Nicolás Maduro está absolutamente inhabilitado para promover un debate
sobre la corrupción”
condensaba en un tuit mi primera reacción a la convocatoria pública del hijo del
Comandante galáctico a un debate sobre
la corrupción y a su capricho de solicitar poderes absolutos a la Asamblea
Nacional para supuestamente legislar sobre esta delicada materia. Profundizo en
estas líneas lo que el marco de ciento cuarenta caracteres limita expresar en
esa red social en atención, en particular, a los seguidores oficialistas que
sin insultos expresaron contrariedad con mi posición. Es más, me inhibí de
titular “Maduro es un corrupto” para facilitar ese intercambio.
Bastaría concentrarme en lo ocurrido
en el mes de agosto para fundamentar mi punto de vista no sólo en una apreciación
subjetiva, sino con el respaldo documental que la Ong Súmate consignó en el
Consejo Nacional Electoral, exigiendo su oportuna actuación para impedir el
adelanto de la campaña electoral y el uso de bienes del Estado en beneficio de
una parcialidad política.
De entrada dejo claro un mandato
constitucional: el artículo 145 de la CRBV establece que “Los funcionarios
públicos y las funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de
parcialidad alguna”. Este precepto, es cierto, se pisotea a diario pero es
bueno tenerlo presente. Cuando Maduro se pavonea con candidatos de farándula,
estrellas deportivas, exfuncionarios públicos o animadores de tv, promoviendo
sus impuestas candidaturas exhibe una conducta que es contraria a la
Constitución que tanto cacarea respetar. Pero no se trata sólo de un principio
ético, de un deber ser normativo que se toma o se deja. El principio
constitucional según el cual los funcionarios se deben al Estado y no a
parcialidad política alguna tiene una expresión muy clara y taxativa en varios
artículos de la Ley contra la corrupción, instrumento legal aprobado bajo el
imperio de la Constitución bolivariana (sic). Por ejemplo, el artículo 54 de la
Ley contra la corrupción penaliza severamente con prisión de seis meses a
cuatro años a los funcionarios públicos que en beneficio propio o para fines
contrarios a lo establecido disponga de bienes del patrimonio público. Es
importante notar que no se trata de una sanción moral, de una amonestación, ni
siquiera de una multa: el delito es tan grave que acarrea privativa de
libertad.
Voy a dejar fuera de estas
consideraciones otro polémico reciente tuit: “Destinar la residencia presidencial La
Casona para un uso distinto a la ley es corrupción”. Mucho menos referiremos
previos escandalosos casos como el Pudreval, la maleta de Antonini, CAEZ, Mackled,
etc. Me concentro en un asunto menos
opaco, que lo padece a diario la ciudadanía bajo la absoluta displicencia y
complicidad de las autoridades (in)competentes: la obscena corrupción en el uso
de medios del Estado para favorecer a los candidatos oficialistas.
De acuerdo con el citado informe de
Súmate, el Presidente Maduro hizo campaña electoral
en beneficio de los candidatos a alcaldes del PSUV en 3 de las 6 cadenas
nacionales identificadas, específicamente en las de los días lunes 5, lunes 12,
y miércoles 14 de agosto; como también promovió a los candidatos de su
parcialidad política en 10 de las 12 transmisiones especiales, destacando que
dos de ellas fueron explícitamente proselitistas y que ocurrieron el viernes 16
de este mes: “Reunión con candidatos a alcaldes del PSUV para los 335
municipios del país” y “Entrega de premios de Rifa del PSUV”.
Durante el mes de agosto, Nicolás
Maduro ha sobrepasado la veintena de alocuciones públicas, las cuales superan
el setenta por ciento de dedicación a consideraciones proselitistas, a la
promoción de los candidatos oficialistas para las elecciones del próximo 8 de
diciembre. Esta es una contundente realidad de la actividad comunicacional de
Maduro: la perversa confusión de acción de gobierno con proselitismo político,
agravada en un funcionario que confunde gobernar con chacharear en un set de
televisión. Y la Ley contra la corrupción, vigente, tipifica esa conducta como
un delito.
Ratifico entonces mi criterio de que
Nicolás Maduro está inhabilitado para promover un debate sobre la corrupción.
Para lograr un mínimo de credibilidad está obligado a predicar con el ejemplo.
Y quienes callan son cómplices: su delito es público, notorio y comunicacional.
Dejo abierta una interrogante ¿Para
qué entonces requiere Maduro una Ley Habilitante para combatir la corrupción si
la corrupción está habilitada?
