diciembre 24, 2010

La limusina de Carlos Correa


Justo hace ahora un año, en diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela” que dejaba muy mal parado al gobierno del teniente coronel Chávez. Refería el informe a otro documento presentado en 2003, año de alta conflictividad entre las posturas radicales del oficialismo y las líneas editoriales e informativas de los medios de comunicación independientes, el cual advertía que se “podía constatar que ciertos discursos del Presidente Hugo Chávez Frías en contra de los medios de comunicación podían ser interpretados por sus seguidores como una exhortación a las agresiones hacia ellos. La CIDH, (...) pudo apreciar que en algunas circunstancias los discursos del Presidente Chávez eran seguidos por actos de agresión física. El Presidente, como cualquier persona en Venezuela, tiene el derecho a expresarse libremente y a opinar acerca de quienes cree opositores. Pero su discurso debe cuidar no ser interpretado como una incitación a la violencia”.
En el ámbito doctrinal, el aparte noveno de la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la CIDH, consagra que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Evoco estas consideraciones relativas a garantías y derechos constitucionales sobre la libertad de expresión, al derecho a la información, a la libertad de asociación, para manifestar públicamente mi rechazo al reciente atentado contra el periodista y activista de derechos humanos Carlos Correa. El registro noticioso de lo ocurrido, el descomunal hematoma en la frente de Correa y su rostro todavía aturdido por el impacto recibido, incluso su posterior declaración sobre la amenaza: “te vamos a matar c.. de tu madre” resultarían incompletos si no intentamos analizar el contexto en el cual se produce la agresión. Carlos Correa tiene una notoria trayectoria como activista y defensor de derechos humanos, como investigador de la comunicación, que ha tenido recientemente alta visibilidad por su invalorable trabajo al frente de la ONG Espacio Público que, entre otras actividades, elabora unos muy fundamentados y exhaustivos informes sobre la situación de la libertad de expresión, el derecho a la información y las condiciones del ejercicio del periodismo en nuestro país.
En el clima de incesante cerco a la libertad de expresión en Venezuela y de la criminalización a las asociaciones civiles venezolanas, Carlos Correa ha sido blanco de una obscena e intensa campaña de descrédito desde Venezolana de Televisión. En el dibujo animado que lo caricaturiza, Correa aparece fumando un habano, desplazándose en una ostentosa limusina negra, visita y sale de la embajada de los Estados Unidos con una maleta repleta de dólares. Por supuesto, esta descripción se queda corta ante lo grotesco de unas imágenes que tuvieron una profusa difusión en el canal del Estado: en algunos ocasiones alcanzó la frecuencia diaria de veinticuatro pasadas y  en los últimos meses alcanzaría el millar de veces que Correa fue sometido al escarnio público. De la descalificación y anulación simbólica a la física, la frontera es sumamente tenue y la enseñanza histórica del hacer totalitario es contundente al respecto.
En el informe de Espacio Público de 2009 se sostiene que “La marcada polarización de la sociedad venezolana genera, en su interior, un aumento evidente de la intolerancia con la consecuente disminución del respeto hacia el otro. En materia de libertad de expresión, este fenómeno derivó en un uso del poder estatal en detrimento de la disidencia que se expresa en la imputación de delitos de vilipendio y difamación para acallar voces críticas, el cierre de 32 emisoras de radio y dos televisoras regionales, la censura y autocensura hasta en las producciones artísticas y en el trabajo científico, entre otros eventos que reflejan nítidamente el debilitamiento de la democracia venezolana”.
Carlos Correa quien desde la ONG Espacio Público ha sido tan acucioso en el inventario de las multiplicidad de agresiones que reciben los periodistas y los medios de comunicación deberá, desgraciadamente, en su próximo informe desdoblarse como testigo de tales hechos y lamentable víctima de la intolerancia y del derrotero autocrático por el que se derrumba nuestro país.
Pero Carlos Correa sabe que en su empeño ni está sólo ni se desplaza en limusina.

Óscar Lucien
Twitter:@olucien




diciembre 17, 2010

Teletón de la tragedia


1“Dónde está la cámara Izarra? ¿No, no, esa no, cuál es la mía? ¿Pero yo no me veo ahí igualito? Ah, ah..! hay un dilei (sic)” tronaba el teniente coronel Chávez en la continuación del teletón programado en cadena nacional, a partir de las penurias y calamidades de los pobres venezolanos directamente agobiados por la tragedia, ahora no tan sólo por la inclemencia de las lluvias, sino por doce años de desamparo, de ineficiencia, burocratismo y corrupción. Quiero detenerme un instante en esta referencia temporal para que la pertinencia de la observación no pase inadvertida como parte decorativa del debate político. En este sentido apunto que el 6 de diciembre de 1998, el entonces presidente electo Hugo Chávez (con unos 30 kilos menos de los que ahora apretan su uniforme) declaraba: “Dentro de cinco años, por supuesto que yo no aspiro a que hayamos solucionado el grave problema de la vivienda. Hoy hay un millón y medio de déficit habitacional en Venezuela, pero al menos en un cincuenta por ciento, hemos calculado, debe estar solucionado el drama de la vivienda para las clases pobres y las clases medias venezolanas”. ¿Con qué moral se viene ahora a abrazar a una humilde y desesperada señora damnificada de Vargas (1999) que tiene tres años sobreviviendo en un refugio? ¿Qué justificación ética, política, de honesto compromiso con los pobres puede tener un presidente para solicitar a una Asamblea Nacional, obsecadamente sumisa a sus designios, una habilitación legislativa para atender una crisis de la cual era absolutamente consciente hace doce años, y a la que se había comprometido a solucionar, al menos en un cincuenta por ciento, en el transcurso de cinco años de mandato? Para el comandante presidente, que dice amar las matemáticas, la ecuación tiene que ser trágica: durante su ya prolongado mandato “el grave problema de la vivienda” no sólo no disminuyó en cincuenta por ciento, sino que aumentó en otro veinte y cinco por ciento si nos atenemos a las cifras publicadas en la prensa de estos días: el déficit de vivienda en Venezuela supera los dos millones. Dejo para los especialistas las consideraciones sobre las ingentes sumas de dinero que han corrido por las manos de Chávez en estos doce años, la valoración sobre la regaladera de plata a su combito de la Alba, a la compradrera de fusiles, submarinos y misiles, dinero que pudo efectivamente ser mejor empleado y haber servido para resolver el problema de esos humildes compatriotas que hoy son obscenamente utilizados como comparsas del Teletón de la tragedia, en cadena nacional, del comandante presidente.
2 “Dónde está la cámara Izarra? ¿No, no, esa no, cuál es la mía? Fue el pasado 7 de diciembre, en horas del mediodía, a exactamente doce años de la afirmación arriba citada, cuando el hoy comandante presidente nos impuso una cadena de radio y televisión, que debe conservarse en los anales de esta revolución (sic)  como la más excelsa joya del narcisismo, del culto a la personalidad, de la cursilería y de amilbarado jalamecatismo. No pude conseguir a tiempo la trascripción del texto del locutor que narraba la acción salvadora del comandante presidente pero era algo del siguiente tenor, aunque tenga la seguridad el amable lector que me quedaré corto:  “... en estos momentos el comandante presidente llega al sitio de la tragedia, el comandante presidente, el corazón pletórico de amor por su pueblo besa a una anciana, el comandante presidente alza un niño en sus brazos que al contacto con el comandante presidente sonríe esperanzado, el comandante presidente camina para  acá, el comandante presidente camina para allá, el comandante presidente maneja el mismo su carro, el comandante presidente mira para arriba, el comandante presidente mira para abajo, el comandante presidente agarra el megáfono, el comandante presidente mira para un lado, el comandante presidente mira para otro lado....y (en algún momento) se oye la voz del comandante presidente que grita patria, socialismo y muerte”.
Se privaba con esta obscena cadena a los humildes afectados de mensajes relativos a previsiones que tomar por la naturaleza del desastre, sobre la conveniencia de estar más atentos a normas de higiene, a la obligación de hervir el agua para beber o cocinar, de informaciones sobre las distintas organizaciones que prestan sus servicios de asistencia y cooperación. Obscena cadena que sacrificaba los intereses de los afectados, o la necesidad de información de la ciudadanía, en beneficio del culto a la personalidad del funcionario público con mayor responsabilidad en la tragedia. Recordemos su propia y fraudulenta oferta: “pero al menos en un cincuenta por ciento, hemos calculado, debe estar solucionado el drama de la vivienda para las clases pobres y las clases medias venezolanas”.

Óscar Lucien
Twitter:@olucien

noviembre 26, 2010

Globovisión: memorial de agravios

La sociedad democrática venezolana saldrá mañana a proclamar en las calles, ante Venezuela y el mundo, su rechazo absoluto a la pretensión del teniente coronel Chávez de convertir nuestro país en un remedo de la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, régimen que el Jefe de Estado califica como “mar de la felicidad”. A tan pocos días de la conmemoración del 2 de diciembre de 2007, cuando el pueblo venezolano rechazó en referendo popular la trampa de Chávez para dar una fachada constitucional a su perverso plan autocrático y militarista, salir a marchar mañana es un compromiso ineludible para quien piense que los venezolanos tenemos el derecho y las oportunidades para vivir y progresar en paz. Son muchas las razones para sumarse a la marcha de mañana: para reclamar por una vivienda digna y rechazar las expropiaciones, contra la inseguridad, para denunciar la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción que nos somete a apagones constantes y fallas en el servicio de agua, contra la depauperación de la salud pública. Realidades dramáticas de las cuales se hacen eco los pocos medios de comunicación que aún sobreviven al cerco a la libertad de expresión que de manera sistemática ejerce el gobierno de Chávez, y que constituyen el telón de fondo de su reiterada amenaza contra el canal de noticias Globovisión. Al igual que la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, el teniente coronel Chávez sólo quiere una prensa, una radio y una televisión oficial, un Discovery Chávez permanente, cuyo botón de muestra es la degradada VTV.
Considero entonces que una muy buena razón para marchar mañana es por la defensa de la libertad de expresión, oxigeno vital de la democracia y, en particular, en razón de las reciente amenazas del presidente de la república, en solidaridad con Globovisión que ha resistido con entereza el acoso permanente y el complot de los poderes públicos en su contra. Para quienes necesiten algunas pruebas resumo nuevamente algunos hechos incontestables del informe institucional Globovisión en la mira: “Guillermo Zuloaga, Presidente de GLOBOVISIÓN, tiene dos (2) causas penales abiertas en su contra. Su residencia fue allanada en 2 ocasiones. Su abogada también fue imputada. Zuloaga fue aprehendido el 25 de marzo de 2010 por el presunto delito de "informaciones falsas difundidas" y “vilipendio al Presidente de la República” durante su intervención en la SIP, el 21 de marzo; con insistente frecuencia el Presidente de la República ha referido la persecución contra el Presidente de GLOBOVISIÓN y ha amenazado con “tomar” esa televisora independiente; entre 2009 y 2010 en por lo menos 6 oportunidades el Presidente Chávez amenazó con revocar la concesión de GLOBOVISIÓN y ha dado orden pública a CONATEL, la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia a actuar contra el canal y sus directivos; los directivos de GLOBOVISIÓN (Guillermo Zuloaga, María Fernanda Flores y Nelson Mezerhane) tienen actualmente causas penales abiertas en su contra; Nelson Mezerhane fue acusado por homicidio, estuvo preso aproximadamente 2 meses. Su causa sigue abierta, “archivada” desde hace aproximadamente 3 años. Tras la intervención del Banco Federal en junio de 2010, institución de la cual era propietario, fue imputado por nuevos delitos relacionados con la actividad bancaria y fue solicitada nuevamente su aprehensión. Se han tomado medidas contra sus bienes personales; Alberto Ravell, ex director general del canal, tiene más de 5 causas penales en su contra. Entre los delitos que se le han atribuido resalta la incitación al magnicidio; la sede de GLOBOVISIÓN ha sido atacada violentamente en más de 10 ocasiones, con uso de granadas, bombas y armas de fuego; trabajadores de GLOBOVISIÓN han sido víctimas de más de 250 agresiones físicas por parte de funcionarios policiales, militares o por seguidores del Presidente Chávez; los directivos y trabajadores de GLOBOVISIÓN han sido objeto de más de 300 agresiones verbales por parte del Presidente de la República, altos funcionarios públicos y seguidores del Presidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el discurso violento del Presidente y altos funcionarios contra GLOBOVISION genera las agresiones físicas de las que son víctimas sus trabajadores. Contra GLOBOVISIÓN cursan aproximadamente 40 causas, entre juicios y procedimientos administrativos, iniciados por organismos públicos o por seguidores del Presidente Chávez ante diferentes tribunales, instancias y organismos públicos (CNE, Ministerios, tribunales de protección de menores, tribunales civiles, Tribunal Supremo de Justicia, etc.). En mayo de 2009, el SENIAT multó a GLOBOVISIÓN por un monto de 5 millones, que a los pocos días fue doblado a más de 9 millones de bolívares”.
¿Nos vemos mañana en la marcha?
Óscar Lucien

agosto 20, 2010

La foto de El Nacional

Excepcional ejemplo del marido a quien le enseñan la fotografía de la esposa infiel, desnuda, en alegre entrelazamiento con el conserje del edificio, y alterado toma una firme resolución: cuando llegue a casa quemará el sofá. Del mismo tenor ha sido la reacción del gobierno venezolano ante la publicación de una fotografía, el pasado viernes 13, en la primera página de este diario.
Testimonio trágico del penoso estándar que mantiene a nuestro país entre los primeros con mayor índice de homicidios por armas de fuego por cada 100 mil habitantes,  la foto en cuestión tomada por un reportero del diario e identificada con la leyenda a pie de página “Muertos sin dignidad” es un dramático registro de las condiciones deplorables en que se encuentran los cadáveres en la morgue de Bello Monte en la ciudad capital. Y, efectivamente, una imagen dice mas que mil palabras. Catorce mil quinientos homicidios en 2009, por encima de los ciento veinte mil muertos en estos once años de gobierno bolivariano, son cifras de demasiada entidad para la indolencia con la que los poderes públicos desatienden la violencia que agobia a los venezolanos.
El Nacional ha mostrado la fotografía en un contexto interpretativo: millones de armas ilegales circulan en el país, 72% de los asesinados son jóvenes entre 15 y 29 años de edad, urge la aprobación de una ley de desarme. La imagen dantesca de lo que ocurre en la morgue es expresión de esta terrible situación. Pero como el marido cornudo, el gobierno reacciona con violencia accionando judicialmente contra el diario. Apelar a la ley orgánica de protección al niño y al adolescente (Lopna) no es sino un bochorno cuando sabemos la condición de los niños pobres en el país cuyo presidente se comprometió a cambiar de nombre si a poco de iniciarse su gobierno existían niños en “situación de calle”; cuando desde el sector oficial con el mayor descaro e impudicia se usa a los niños en actos proselitistas; cuando los niños y los adolescentes son las principales víctimas de los enfrentamientos entre bandas en las barriadas caraqueñas. A propósito de este recurso manipulador de la Lopna, recuerdo una visita que hicimos a un popular barrio de Caracas como parte de un proyecto de investigación sobre hábitos y consumo de la televisión. Ante una de las preguntas sobre la violencia que mostraban algunos programas, uno de los niños respondió: “no hombre maestro, violencia es esto” y mostró un pie enyesado a consecuencia de una bala que había atravesado la pared de su rancho mientras dormía. Es fácil imaginar que a estos niños cuando le nombran la Lopna le dan los mismo ataques de risas que les producen a los funcionarios del gobierno cuando se informa sobre los índices de homicidios en el país.
La analogía es pues, perfectamente valida, los maridos cornudos queman los sofás, los gobiernos totalitarios enjuician a los medios y consagran la censura previa.
A la perversión ordinaria de culpar a los medios de la violencia que agobia a los ciudadanos, el gobierno bolivariano (sic) suma ahora la criminalización del compromiso y el deber de informar. El acoso contra El Nacional y los otros diarios afectados por la aberrante medida judicial debe ser considerada (y rechazada) en el contexto del cerco a la libertad de expresión que cada día más se estrecha contra los medios de comunicación en Venezuela y como otra modalidad de la violencia que desde el gobierno se ejerce contra los sectores democráticos.
A la supuesta Defensora del pueblo le molesta la foto de EL Nacional, pero nada dice, contraviniendo sus obligaciones constitucionales, de ciertas expresiones de violencia como que altos funcionarios del gobierno incluyendo al Jefe de Estado, utilicen a diario un lenguaje grosero, amenazante y rabioso; de la consigna “Patria, socialismo o muerte” en todas las instituciones del Estado, incluida la Fuerza Armada Nacional. Todo aquel que no es complaciente con las acciones del gobierno ya sean los medios de comunicación, estudiantes, empresarios, Iglesia, asociaciones de la sociedad civil, partidos políticos, académicos, son descalificados como oligarcas, violentos, golpistas o ladrones. O, acaso, no es también expresión de violencia desconocer los resultados del 2 de diciembre 2007 cuando se rechazó la inconstitucional propuesta de reforma y  el modelo comunista que este enmascaraba.
Pero volviendo al tema de la foto, valdría la pena valorar la opinión de Alejandro Cossío, mexicano que viene de recibir el Premio Nuevo Periodismo, en la categoría Fotografía, con su trabajo “México en el punto de quiebre”, un amplio y conmovedor reportaje sobre la violencia criminal que azota a su país. En América Latina se premia el periodismo independiente, en Venezuela, el gobierno lo  quiere mudo o tras las rejas.

Óscar Lucien
Twitter:@olucien


julio 02, 2010

Las cadenas y su combo

Mucho puede decirse del desesperado intento del teniente coronel Chávez de mantener, literalmente, encadenado al país. Horas y horas, su discurso omnipresente repitiendo los mismos chistes y las mismas anécdotas de su infancia sabanera o de su vida cuartelaria pueden resumir una extraordinaria historia clínica para algún especialista de salud mental. Pero no siendo este el ámbito de mi competencia profesional, reviso algunas iniciativas que han buscado la acción de la justicia para restituir la garantía a la libre expresión y al derecho fundamental a estar informados que de manera recurrentemente viola la abusiva cadena presidencial.
En febrero de 2002 un grupo de parlamentarios de la Asamblea Nacional que para aquel entonces no era roja rojita interpuso un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad, conjuntamente con medida cautelar innominada, contra el artículo 209 de la Ley de Telecomunicaciones del cual se vale el gobierno para dar sustento a la espuria legitimidad del Presidente de la República para convocar, indiscriminadamente, cadenas de radio y televisión. Desde entonces, cerca de una decena de acciones de amparo constitucional, de solicitud de medidas cautelares, de recursos de nulidad, se han presentado ante el alto tribunal por considerar que las cadenas presidenciales vulneran derechos consagrados en la Constitución de la República y en tratados y convenios internacionales suscritos por Venezuela. Todos, por una u otra razón, sin entrar siquiera en el fondo de la materia, han sido desestimados, declarados inadmisibles o improcedentes. Si el reclamante acude a la Sala Constitucional, los magistrados lo remiten al Contencioso Administrativo; si se acude al Contencioso Administrativo alegan vicios de forma, o se declara la perención de la instancia y la extinción del proceso, pero nunca analizan el fondo del reclamo, reiteradamente de espaldas a la Constitución que establece claramente que no se puede negar el acceso a la justicia por formalismos no esenciales.
En abril de 2002 se registra una iniciativa ciudadana ante el TSJ contra el presidente de la República, solicitando se prohíba al jefe de Estado usar en forma simultánea los medios de comunicación social, como no sea para transmitir mensajes oficiales, los cuales deben estar limitados en cuanto contenidos, hora, tiempo y frecuencia. La Sala Constitucional, en ponencia del magistrado José Delgado Ocando, declaró inadmisible el recurso al considerar que los hechos imputados al Presidente de la República “no afectan los intereses colectivos o difusos, por cuanto la indeterminación subjetiva u objetiva a que se hizo referencia, no se aprecia en la demanda”. Meses más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente (octubre de 2002) una acción de amparo interpuesta contra el presidente Hugo Chávez y contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por el presunto uso abusivo de las cadenas de radio y televisión durante las jornadas de abril de ese año. La decisión fue adoptada por la Sala Constitucional. En el recurso, interpuesto por 7 ciudadanos, se denunció a Chávez y CONATEL por haber infringido los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana y 13 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, la Sala indicó que el caso podía ser ventilado en la justicia contencioso-administrativa.
El 29 de julio de 2003, el hoy Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, interpuso un recurso de nulidad contra el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), el cual fue declarado sin lugar en dictamen de la Sala Constitucional, el 14 de noviembre de 2007, con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero López y el voto concurrente de su colega Pedro Rondón Haaz.
En julio de 2006, el mismo Carrasquero, aunque admite el recurso de nulidad presentado por Marcel Granier, Presidente de las empresas 1BC y RCTV, el 2 de marzo de 2006, declara improcedentes  la solicitud de amparo cautelar y la medida cautelar innominada contra artículo 192 de la LOT.
La asociación civil Ciudadanía Activa también presentó una solicitud de amparo contra el presidente de la república por uso indebido de cadenas presidenciales, el 20 de febrero de 2008. El TSJ resuelve que la solicitud debe tramitarse ante la Sala Administrativa. El recurso duerme “el sueño de los (in)justos”.
La mayoría de las acciones contra las cadenas presidenciales ni siquiera se refiere el tenor de los contenidos: proselitismo político, presunción de incitación al odio.
Y, ha habido de todo. ¿Quién no recuerda que, también, en cadena nacional, el Presidente narró experiencias muy íntimas de sus peripecias personales ante un cólico que sufrió durante un acto oficial?

Óscar Lucien
Twitter: @olucien

junio 26, 2010

Globovisión: memorial de agravios


La sociedad democrática venezolana saldrá mañana a proclamar en las calles, ante Venezuela y el mundo, su rechazo absoluto a la pretensión del teniente coronel Chávez de convertir nuestro país en un remedo de la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, régimen que el Jefe de Estado califica como “mar de la felicidad”. A tan pocos días de la conmemoración del 2 de diciembre de 2007, cuando el pueblo venezolano rechazó en referendo popular la trampa de Chávez para dar una fachada constitucional a su perverso plan autocrático y militarista, salir a marchar mañana es un compromiso ineludible para quien piense que los venezolanos tenemos el derecho y las oportunidades para vivir y progresar en paz. Son muchas las razones para sumarse a la marcha de mañana: para reclamar por una vivienda digna y rechazar las expropiaciones, contra la inseguridad, para denunciar la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción que nos somete a apagones constantes y fallas en el servicio de agua, contra la depauperación de la salud pública. Realidades dramáticas de las cuales se hacen eco los pocos medios de comunicación que aún sobreviven al cerco a la libertad de expresión que de manera sistemática ejerce el gobierno de Chávez, y que constituyen el telón de fondo de su reiterada amenaza contra el canal de noticias Globovisión. Al igual que la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, el teniente coronel Chávez sólo quiere una prensa, una radio y una televisión oficial, un Discovery Chávez permanente, cuyo botón de muestra es la degradada VTV.
Considero entonces que una muy buena razón para marchar mañana es por la defensa de la libertad de expresión, oxigeno vital de la democracia y, en particular, en razón de las reciente amenazas del presidente de la república, en solidaridad con Globovisión que ha resistido con entereza el acoso permanente y el complot de los poderes públicos en su contra. Para quienes necesiten algunas pruebas resumo nuevamente algunos hechos incontestables del informe institucional Globovisión en la mira: “Guillermo Zuloaga, Presidente de GLOBOVISIÓN, tiene dos (2) causas penales abiertas en su contra.   Su residencia fue allanada en 2 ocasiones. Su abogada también fue imputada. Zuloaga fue aprehendido el 25 de marzo de 2010 por el presunto delito de "informaciones falsas difundidas" y “vilipendio al Presidente de la República” durante su intervención en la SIP, el 21 de marzo; con insistente frecuencia el Presidente de la República ha referido la persecución contra el Presidente de GLOBOVISIÓN y ha amenazado con “tomar” esa televisora independiente; entre 2009 y 2010 en por lo menos  6 oportunidades el Presidente Chávez amenazó con revocar la concesión de GLOBOVISIÓN y ha dado  orden pública a CONATEL, la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia a actuar contra el canal y sus directivos; los directivos de GLOBOVISIÓN (Guillermo Zuloaga, María Fernanda Flores y Nelson Mezerhane) tienen actualmente causas penales abiertas en su contra; Nelson Mezerhane fue acusado por homicidio, estuvo preso aproximadamente 2 meses.  Su causa sigue abierta, “archivada” desde hace aproximadamente 3 años. Tras la intervención del Banco Federal en junio de 2010, institución de la cual era propietario, fue imputado por nuevos delitos relacionados con la actividad bancaria y fue solicitada nuevamente su aprehensión.  Se han tomado medidas contra sus bienes personales; Alberto Ravell, ex director general del canal, tiene más de 5 causas penales en su contra.  Entre los delitos que se le han atribuido resalta la incitación al magnicidio; la sede de GLOBOVISIÓN ha sido atacada violentamente en más de 10 ocasiones, con uso de granadas, bombas y armas de fuego; trabajadores de GLOBOVISIÓN han sido víctimas de más de 250 agresiones físicas por parte de funcionarios policiales, militares o por seguidores del Presidente Chávez; los directivos y trabajadores de GLOBOVISIÓN han sido objeto de más de 300 agresiones verbales por parte del Presidente de la República, altos funcionarios públicos y seguidores del Presidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el discurso violento del Presidente y altos funcionarios contra GLOBOVISION genera las agresiones físicas de las que son víctimas sus trabajadores. Contra GLOBOVISIÓN cursan aproximadamente 40 causas, entre juicios y procedimientos administrativos, iniciados por organismos públicos o por seguidores del Presidente Chávez ante diferentes tribunales, instancias y organismos públicos (CNE, Ministerios, tribunales de protección de menores, tribunales civiles, Tribunal Supremo de Justicia, etc.). En mayo de 2009, el SENIAT multó a GLOBOVISIÓN por un monto de 5 millones, que a los pocos días fue doblado a más de 9 millones de bolívares”.
¿Nos vemos mañana en la marcha?

Óscar Lucien
Twitter:@olucien






junio 18, 2010

¡Usted lo vio!

El crudo  e incesante acoso a Globovisión no es un hecho aislado. Las recientes acciones judiciales contra Guillermo Zuloaga y Nelsón Mezerhane, dos de sus principales accionistas, deben analizarse como parte del cerco a la libertad de expresión que está en marcha en Venezuela, libertad, que constituye el único antídoto contra el modelo autocrático y militarista que se nos pretende imponer.  Una mirada retrospectiva de estos once años de gobierno puede mostrar que estamos ante un plan, si bien no explícito en sus años iniciales se ha ido articulando hasta el momento en que se anuncia a viva voz la pretensión oficial de la hegemonía comunicacional. A partir del desacato del Presidente Chávez del resultado del referendo de diciembre de 2007,  podemos afirmar con  absoluta convicción que el cerco a la libertad de expresión en Venezuela anuncia la muerte de la democracia en nuestro país. Cuando hablamos de cerco nos referimos, efectivamente, a acciones judiciales, a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, a la actuaciones del Seniat y de Conatel, a las agresiones físicas a periodistas y sedes de medios de comunicación, a los insultos e intimidaciones del teniente coronel Chávez, a la utilización perversa de las cadenas presidenciales, al uso discrecional de colocación de la propaganda oficial, a la promoción de la autocensura, al desacato a los pronunciamientos y fallos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A manera de ejemplo,  nos detenemos en el informe Globovisión en la mira que el canal de noticias 24 horas publica en su portal digital. De manera sumaria, al estilo de los certeros micros ¡Usted lo vio! que transmite diariamente el canal, resaltamos: Guillermo Zuloaga, Presidente de GLOBOVISIÓN, tiene dos causas penales abiertas en su contra.  Pesan sobre él y su hijo las medidas de prohibición de salida del país y régimen de presentación.  Su residencia fue allanada en 2 ocasiones, ocasión la que, también, se imputa su abogada. El pasado 11 de junio un tribunal dictó una orden de captura en su contra. En el último año en por lo menos 4 oportunidades el Presidente Chávez amenazó con revocar la concesión de GLOBOVISIÓN.  El Presidente dio orden pública a CONATEL, la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia a actuar contra el canal y sus directivos.  Todos, de inmediato acataron la orden. Los directivos de GLOBOVISION (Guillermo Zuloaga, Alberto Ravell, María Fernanda Flores y Nelson Mezerhane) tienen actualmente causas penales abiertas en su contra. Mezerhane fue acusado por homicidio, estuvo preso aproximadamente 2 meses.  Su causa sigue abierta, “archivada” desde hace aproximadamente 3 años. Alberto Ravell, ex director general del canal,  tiene más de 5 causas penales en su contra.  Entre los delitos que se le han atribuido resalta la incitación al magnicidio. Guillermo Zuloaga, fue aprehendido el 25 de marzo por el presunto delito de "informaciones falsas difundidas" durante su intervención en la SIP, 4 días antes. La sede de GLOBOVISIÓN ha sido atacada violentamente en más de 10 ocasiones, con uso de granadas, bombas y armas de fuego. Trabajadores del canal han sido víctimas de más de 250 agresiones físicas por parte de funcionarios policiales, militares o por seguidores del Presidente Chávez. Los directivos y trabajadores de GLOBOVISIÓN han sido objeto de más de 300 agresiones verbales por parte del Presidente de la República, altos funcionarios públicos y seguidores del Presidente. En los últimos 14 meses CONATEL inició 6 procedimientos sancionatorios. En todos los casos las posibles sanciones son: suspensión de las transmisiones o revocatoria de la concesión. En el último año, el SENIAT multó a GLOBOVISIÓN por un monto de 5 millones, que a los pocos días fue doblado a más de 9 millones de bolívares; el TSJ dictó 4 decisiones en contra, en casos que tenían años pendientes: (i) se incautaron definitivamente microondas de la empresa, (ii) se declararon liberadas frecuencias radioeléctricas que estaban reservadas al canal para expandir su cobertura, (iii) se le aplicó una multa por aproximadamente 500 mil bolívares, que a los pocos días fue doblada; todos los registradores se han negado a recibir actas de asamblea de accionistas de GLOBOVISION y sus empresas relacionadas. Contra GLOBOVISION cursan aproximadamente 40 causas, entre juicios y procedimientos administrativos, iniciados por organismos públicos o por seguidores del Presidente Chávez ante diferentes tribunales, instancias y organismos públicos; se les ha impedido el acceso a cubrir informaciones oficiales en por lo menos 40 oportunidades.
En fin, pruebas y pruebas fehacientes de un perverso cerco.
¿La sociedad democrática venezolana dejará sola a Globovisión?

Óscar Lucien
Twitter:@olucien


¿BBC criolla?


Pensar que Venezuela pueda contar con servicios públicos de radiotelevisión, cuyo paradigma se resume coloquialmente en la aspiración de una BBC criolla, ha sido motivo de burla, de incredulidad, incluso, en un momento determinado, de clara oposición. Con la perspectiva de estos once años de mediocridad, insuficiencias y descarada parcialidad de los medios bajo la tutela del teniente coronel Chávez y,  peor aún, bajo la declarada pretensión de una hegemonía comunicacional, quizá sea hora que la sociedad democrática encare nuevamente con seriedad la conveniencia de que los venezolanos podamos contar con unos servicios públicos de radiotelevisión.
¿Por qué se alude siempre a la BBC?  La Corporación Británica de Radiodifusión,  siempre se toma como referencia por ser la empresa pública con mayor tradición, universalmente reconocida por la prestación de sus servicios bajo el imperativo de la imparcialidad, el mandato de la precisión, la obligación de verificar y comparar la información tantas veces sea necesario, y, en definitiva, con el deber de “ser justos, estar libres de prejuicios, mostrar amplitud de criterio y respetar la verdad”.
Pero ¿no son estos los atributos esenciales de toda actividad comunicacional? Si, en efecto, pero las empresas de comunicación privadas prestan sus servicios condicionadas por los imperativos propios a una actividad comercial y se exponen más frágiles ante los intereses y compromisos políticos de sus propietarios y anunciantes.
En una sociedad democrática pueden convivir en equilibrio un sistema público de radiotelevisión y empresas de comunicación privadas, como ocurre en Europa, luego de los procesos de desregulación ocurridos en las últimas décadas del siglo pasado.
En Venezuela, la aspiración a un servicio público de radiotelevisión ya tuvo un elaboradísimo nivel de concreción en 1974, en el célebre Proyecto RATELVE.  La crítica situación de la comunicación de nuestro país, el cerco incesante a la libertad de expresión y de información, la confiscación de los espacios públicos y privados de la comunicación al servicio de la parcialidad política en el gobierno y el culto a la personalidad del presidente de la república, colocan nuevamente sobre la agenda pública, ahora con carácter de urgencia, la conveniencia de los servicios públicos no gubernamentales de comunicación, la vieja pero siempre vigente idea de una BBC criolla. Antonio Pasquali, reconocida autoridad en la materia, resume claramente lo definitorio de un servicio público: “... todo Servicio Público tiene como características esenciales las de ser Universal (igual para todos), continuo (ininterrumpido), versatil (diferenciado según necesidades), adecuado (tecnológicamente actualizado) y no-gubernamental (no políticamente controlado por gobiernos).  
Basados en estas consideraciones y conforme a lo establecido en el artículo 108 de la  Constitución: “El Estado garantizará Servicios Públicos de Radio y Televisión”, suscribí el documento que el pasado lunes 12 de julio, junto a Antonio Pasquali y Elizabeth Safar (exdirectores del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, UCV, y miembros del Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público), fue consignado en la Defensoría del Pueblo, en tanto institución con mandato constitucional para defender a los ciudadanos antes los abusos de las autoridades estatales. La Defensora Gabriela Ramirez está obligada a procesar esa documentada denuncia contra el gobierno por haber pervertido la función de los medios de Estado para convertirlos en: “a), uno de los mayores y más anti-democráticos instrumentos creadores de asimetría de poder a favor del grupo político gobernante, por confiscación total de su capacidad emisora y control ideológico de sus contenidos, habiéndosele confiado como única misión la de ser órgano propagandístico de la ideología oficial y principal emisor de las alocuciones presidenciales de obligatoria retransmisión,.... b) un mecanismo formador de opinión pública desde el cual funcionarios públicos abusan de sus cargos y funciones para vulnerar en su dignidad, discriminar, marginalizar e insultar a ciudadanos, grupos y partidos cuyas creencias  políticas no coinciden con  las del régimen en el poder, c) un caso emblemático de uso anti-constitucional, indebido y arbitrario  de patrimonio público puesto al servicio de la parcialidad política en el poder bajo el estímulo y el mal ejemplo del propio ciudadano Presidente de la República,...”.
La urgencia de una Autoridad Independiente garante del añorado servicio público, solicitada en el documento en cuestión, es, también, un importante aliciente para que el próximo 26 de septiembre votemos por una nueva Asamblea Nacional, equilibrada y plural.

Óscar Lucien
Twitter:@olucien

El Nacional, 18 de junio de 2010

junio 11, 2010

!Huele a fo!


"Algo huele a podrido en Dinamarca". Metáfora de estos tiempos de revolución bolivariana (sic), la podredumbre que cada día escandaliza a los venezolanos da trágica corporeidad a la alusión de Horacio en el Hamlet de William Shakespeare. Mucho huele a podrido en Venezuela y la criminal descomposición de alimentos y medicinas escondidas en contenedores y depósitos a lo largo de todo el país no es sino la materialización de lo que el mismo teniente coronel Chávez ha denunciado como talón de Aquiles de su revolución: burocratismo, ineficiencia y corrupción.
Después de tanto gallinero vertical, de cultivos “orinopónicos”, de saraos y rutas de la empanada, luego del anuncio de tantas comunas socialistas y como consecuencia de tanto ¡expropiése! irresponsable, a quién puede sorprender hoy ver a esos camiones con el logo de Agrotiendas Socialistas trasladando semillas de papa dañadas a un relleno sanitario. ¿De cuál soberanía alimentaria nos habla Chávez cuando la hediondez debería privarle el aliento para “encadenarse” a cada rato buscando  engatusar al pueblo sobre los verdaderos responsables de estos crímenes?
Huele a podrido en Venezuela. Pero en medio de la hediondez de los alimentos y medicinas corrompidos es importante detenerse en la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) mediante decreto presidencial 7454, con el objeto,  aparente, de  coordinar la recopilación de información que realizan las instituciones del Estado y analizar los datos que requiera el Ejecutivo para tomar decisiones estratégicas pero que, en el fondo, esconde un nuevo y sofisticado instrumento de control en el incesante cerco a la libertad de expresión en nuestro país. Uno de los aspectos más sensibles y delicados de la actuación de este CESNA es lo relacionado con su atribución (art.9) de “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento”.  En consecuencia, vista la vocación “secretista” de este gobierno los venezolanos estaremos ahora a merced de unos funcionarios que de manera discrecional determinarán cuales informaciones son aptas para el consumo de la ciudadanía, prerrogativa que contradice el mandato constitucional (art.337) según el cual, ni siquiera en los estados de excepción puede ser restringido el derecho a la información. De igual manera, los alcances tan genéricos de una atribución que permite al Estado (léase al Presidente) “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia” contraviene lo pautado en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA que establece: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
Temas tan delicados como este de informar sobre la podredumbre de alimentos, sobre la presencia de oficiales cubanos en la Fuerza Armada Nacional y en instituciones estratégicas como identificación y extranjería, notarias y registros públicos, sobre el número de asesinatos semanales y el genocidio carcelario, dar cuenta de las ingentes sumas de dinero que se regalan a otros países, de acuerdo a consideraciones de este CESNA pueden considerarse de “reservado, clasificado, o de divulgación limitada” y privar a la soberanía de estar enterada de informaciones de evidente interés nacional.
El libre acceso a la información pública es un derecho constitucional: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular (...)” art.143. La creación del CESNA no hace sino escamotear este derecho y ofrecer un manto de seudo legalidad a indebidas prácticas, habituales de funcionarios públicos y del obsesivo celo de las instancias institucionales para la cobertura de los medios independientes.
Huele a fo y el olor es tan fuerte que no hay CESNA que pueda esconderlo. Tampoco las largas cadenas que, igualmente son otra modalidad de restricción de acceso a la información. Insisto, el libre acceso a la información pública es un derecho constitucional, razón por la que el próximo 26 de septiembre debemos elegir diputados que hagan cumplir la Constitución.

Óscar Lucien
Twitter:@olucien




mayo 28, 2010

RCTV, Polar, ....tu gallinita


1Tres años se cumplen del cierre de RCTV al ser confiscada por el gobierno del teniente coronel Chávez la frecuencia de su señal abierta; cuatro meses han pasado desde la interrupción de su salida como canal internacional. A tres años de la dramática  y sentida noche del 27 de mayo podemos evocar como comenzó todo. Escaramuzas y pirotecnias verbales para justificar lo injustificable: ataques directos y descalificaciones a sus propietarios y directivos, acusaciones de golpistas, criticas a la programación y, por supuesto, la guinda de la torta, la apelación al compromiso del Estado con el mandato constitucional de ofrecer a los venezolanos servicios públicos de radiotelevisión. ¿Transcurridos tres años, nos ofrece el gobierno de Chávez algo que mínima y dignamente pueda llamarse televisión pública? ¿Qué es  TVES, para qué sirve, quién la ve? ¿Puede dudar alguien hoy día que el propósito claro del cierre inicial, como del bloqueo posterior de su señal internacional, mediante recovecos legales y providencias administrativas sobrevenidas, responde a un plan sistemático de acoso a un medio de comunicación por su línea informativa y editorial no sometida a los dictámenes del gobierno? ¿No es hora que los venezolanos, y en particular los líderes políticos, entendamos que el cierre de RCTV fue y es parte de un plan sistemático de cerco a la libertad de expresión en Venezuela, que se manifiesta en este canal en su versión extrema, pero que opera con igual eficacia contra los otros medios de comunicación mediante la discrecionalidad en la colocación de la pauta propagandística del gobierno para castigar o gratificar, con la utilización política del Seniat, de Conatel y del sistema judicial, con el consentimiento a agresiones físicas directas, con la perversa promoción de la autocensura?
2Un mensaje de texto me interpela en función de mi supuesta competencia sociológica: ¿Si el problema es la cerveza.... por qué en Alemania no hay tantos muertos los fines de semana? Ciertamente resulta chocante el tono pendenciero, insultante y personalizado del teniente coronel Chávez contra una compañía cien por ciento venezolana. Pero si nos quedamos sólo en lo grotesco de la puesta en escena del telepresidente, corremos el riesgo de no entender el fondo de la problemática, de la misma naturaleza del caso RCTV: el cerco a la propiedad privada en Venezuela. Chávez  apuesta a que ese discurso del rico malo, oligarca y sangre azul contra “el pobre pata en el suelo” tenga alguna eficacia. La reacción de los trabajadores de Polar defendiendo sus puestos de trabajo y reconociendo la labor social de la empresa es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, el problema de fondo, y aquí Polar deslumbra por su carácter emblemático, es acabar con la propiedad privada en el país, instaurar un modelo en el cual el gobierno es dueño de todo, de lo que producimos, como lo producimos y en el caso de RCTV, como pensamos. El acoso a Polar es, sin duda, parte de un plan. Contrariando la Constitución, aplicando una reforma (in) constitucional rechazada por el pueblo en referendo popular, este gobierno insiste en promover e imponer un modelo comunista. El Estado dueño de todo y los ciudadanos, despojados de tal condición nos convertimos en súbditos, cuando no esclavos, de un gobernante hiper poderoso y omnipresente. Como en Cuba. Un Estado que se coloca de rodillas frente al capital extranjero mientras destruye la productividad nacional bajo la siniestra excusa de proteger a los más pobres. El telepresidente dice que los accidentes de tránsito son culpa de la cerveza y que si le da la gana convertirá a Polar en una fábrica de helados. ¿Qué tal si Lorenzo Mendoza le manda una cajita de Helados EFE y una botella de Pomar Frizzante para que coja mínimo? También, como se le nota muy sudoroso, puede ser una botellita de agua mineral gasificada Minalba Sparkling.
3 Pedro y Jesús, dos compadres están en el solar de una casa humilde cobijados bajo la sombra de un árbol de aguacate, tomándose unas polarcitas bien fría: oiga compadre dice Pedro, qué le parece lo de RCTV, además de cerrarlo le robaron sus equipos y no lo quieren dejar salir por el cable. ¡Pásame otra cervecita fría! responde tajante Jesús. El compadre Pedro le pasa la cerveza y continúa la cháchara: ¡ y ahora esta guerra contra la Polar. ¿Se imagina usted que puedan expropiar esa empresa tan grande y productiva? Por esa vía nos van a quitar hasta las gallinas. Jesús que sorbe un trago largo, impasible, se atraganta. ¿Qué pasó compadre?, le hablo de RCTV y no dice nada, le digo lo de la Polar y se queda callado pero apenas le nombro las gallinas se atraganta, comenta Pedro sorprendido ¡Es que las gallinitas si las tengo! responde dubitativo Jesús...

Óscar Lucien
Twitter: @olucien



mayo 07, 2010

Las preguntas de Adriana


“¿Cuál fue la pregunta de la periodista Nuñez, de Televén, ametrallada por el teniente coronel presidente Chávez?” indaga @caroaular en Twitter. Y al instante recibe como respuesta, “la que cualquier periodista independiente hubiera hecho”. Otro escribe, “Adriana Nuñez le hizo tres buenas preguntas al Presidente. Todos esperamos las respuestas”. En otros tweets se visualiza el entorno patético de la situación con Chávez encolerizado: “Me da mucha lástima Jorge Rodríguez RT @mlhccs: Aristóbulo: Serio. Jorge Rodríguez: Risa ¿nerviosa? Y, por supuesto la respuesta plena de candor (o ¿ironía?) de @Adrita1983: “#Por cierto. Las preguntas las hicimos TODOS los periodistas independientes. La 1 de @cecicaione, la 2 mía y la 3 de @HLGÑapita. #Gracias a TODOS los que me han escrito... Se les quiere y se agradece el apoyo. Por cierto ¿Por qué se puso bravo? No entiendo”.
Que @Adrita1983, nickname de la periodista de Televen Adriana Nuñez, cuyas preguntas generan el tenso episodio con el Presidente de la República en la cobertura de las elecciones primarias del partido de gobierno, no entienda la rabieta de @Chávezcandanga, ofrece un invalorable material de reflexión sobre el ejercicio del periodismo y sobre la libertad de expresión en Venezuela. Esbozo en las líneas que siguen una perspectiva para abordar el asunto.
1 En alguna oportunidad hemos manifestado preocupación por la apatía de reporteros y reporteras en las coberturas de ruedas de prensa o en la declaración de algún funcionario o personalidad noticiosa. El paisaje visual es conocido: un enjambre de micrófonos o grabadores digitales cubren el rostro del entrevistado que mal o bien expone su punto de vista frente a una interlocución pasiva que no ofrece otras facetas para la audiencia. Son muchos los casos de periodistas concentrados frenéticamente en sus blackberrys, urgidos por la prontitud del despacho, pero con muy escaso interés en profundizar el asunto noticioso. Tan visible es el problema, no exclusivamente nuestro, que en las numerosas escuelas de Comunicación Social de las universidades latinoamericanas está planteado el debate de si para una labor asumida con este talante es necesario pasar cinco años en una universidad. ¿Cuáles son los retos en la formación del periodista ante la avasallante presencia de las nuevas tecnologías digitales? ¿Cuáles son los compromisos con el pertinente uso del lenguaje? ¿Cómo fortalecer las competencias profesionales para un periodismo de investigación que trascienda la inmediatez que ya resuelven las redes sociales, y ofrezca al lector, radioescucha o televidente una interpretación fundamentada del acontecimiento? Lo primero que parece sorprendernos de la rabieta presidencial con Adriana Nuñez es su osadía en preguntar. Parece nimio pero en ese nivel de precariedad nos encontramos.
2 La cólera de Chávez frente a las interrogantes de Adriana Nuñez es un vistoso termómetro de lo limitado del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. La oportunidad de la pregunta es una llamativa excepción en virtud de la sistemática negativa del Jefe del Estado a encontrarse con la prensa nacional: el delicado tema del cierre de las fuentes de información oficial ya ha sido denunciado como un componente esencial del cerco a libertad de expresión en nuestro país. Chávez, que confunde en forma perversa su doble papel de jefe de un partido y de presidente de la república, se molesta porque la periodista, con absoluta pertinencia, le formula unas interrogantes que son un clamor nacional: ¿El poder Comunal remplazará a la Asamblea Nacional? ¿En qué consiste el apoyo de los cubanos a la Fuerza Armada Nacional? ¿El aumento de sueldo a las FAN puede ser extendido a otros sectores? Pero está irremediablemente acostumbrado a las preguntas “bombitas” del sistema nacional de medios públicos (sic) del tipo ¿ Por qué a usted, comandante-presidente, lo comparan tanto con Simón Bolívar? ¿Que siente usted, comandante-presidente, cuando en los aeropuertos latinoamericanos lo reciben millones de gente del pueblo que ha ido allí caminando para agradecerle su ayuda? ¿Puede usted, comandante-presidente, dormir bien cuando sabe que el planeta depende de usted?
Chávez, que habla lo que le da la gana donde y cuando le da la gana, que baila, canta y echa chistes cuando se le antoja, en su magazine personal, en los Consejos de Ministros televisados, en la ONU, en los países que visita, quería que Adriana Nuñez le preguntara sobre el proceso electoral. ¿Que habría respondido Chávez si la periodista le hubiese preguntado, por ejemplo, si el uso que él hace de VTV para la promoción del PSUV en esas mismas elecciones del domingo no es una violación a artículos de la ley de corrupción sancionados con penas privativas de libertad?

Óscar Lucien
Twitter: @olucien



abril 23, 2010

Guerrilla y hegemonía comunicacional


"Si no fuera por estos medios, que están en manos de la oligarquía y atacan y mienten y manipulan tanto, el apoyo al Gobierno, a la revolución, estaría en mucho más del 80%". (Hugo Chávez, 2 de marzo de 2009). En esta sucinta declaración, secundada por el Ministro de Información y Comunicación de turno, se encuentra la justificación del fomento de la guerrilla comunicacional (sic). “Así como hemos hecho de nuestras herramientas: computadoras, latas, exactos, pintura, lápices, papeles e ingenio; armas para combatir a los grandes medios de comunicación, no podemos olvidar el fusil fundamental de nuestro repertorio, la palabra como instrumento central para forjar la conciencia revolucionaria”.
A la voz de comando de la Ministra de Comunicación, los niños y adolescentes de los escuelas públicas, por encima de la Constitución, de  la ley de Educación y la ley de protección al niño, niña y al adolescente que lo prohíben, son enrolados como “activistas de la verdad”, Ministro de Educación dixit.  Desde el poder Ejecutivo se fomenta la guerrilla (comunicacional) para utilizar de manera compulsiva la fuerza creativa de niños y jóvenes para combatir a los medios de comunicación privados que ofrecen una mirada de la realidad distinta al gobierno; al mismo tiempo que “siembran” el socialismo.
Promovidas estas guerrillas en las vísperas del proceso electoral para la urgente renovación de la Asamblea Nacional que restituya ese cuerpo como verdadero centro de deliberación y expresión de la diversidad de la opinión política del país, se busca cerrar el círculo de la pretendida hegemonía comunicacional.
Sin duda alguna, fuera del campo habitacional, de la salud  y de la seguridad, donde el fracaso del gobierno es tan notable, lo comunicacional destaca como la mayor defraudación del teniente coronel Chávez a las expectativas ciudadanas. Transcurridos once años de mandato, el gobierno venezolano, de espaldas a la Constitución y a pesar de toda la palabrería usada, no ha garantizado servicios públicos de radio y televisión como manda el artículo 108 de la Carta Magna.
A las abusivas cadenas, a sus maratónicos Aló Presidente, a sus consejos de Ministros televisados y su perenne presencia vía “avances noticiosos” debe sumarse el potente parque gubernamental y para estatal que el Presidente ha ido amasando durante los últimos años.
Apoderándose de frecuencias habilitadas o adquiriendo alguna concesión privada, el gobierno ha ido consolidando una amplia plataforma comunicacional al servicio del proyecto político de Hugo Chávez.  A partir de la exagerada influencia que  atribuye al poder de los medios, la administración chavista se empeña en el desarrollo de su hegemonía comunicacional mediante la gestión directa de radios, televisoras y mediante la sumisión absoluta de la radiotelevisión comunitaria. Por eso la discusión sobre este esperpento de la guerrilla comunicacional, junto al grave hecho de la utilización del aparato del Estado para proselitismo en los espacios educativos, no puede dejarse de lado la valoración del poderío comunicacional del gobierno en función de la parcialidad política que representa, y a contracorriente de la voluntad soberana del pueblo venezolano que en referendo popular rechazó el modelo socialista que se nos pretende imponer. Sin contar con los medios impresos, la cooptación de toda la radiotelevisión comunitaria (sic) y la prolijidad de portales digitales vale la pena tener en cuenta lo que suelen llamar, sin el menor pudor, el sistema nacional de medios públicos, al entero servicio de la propaganda oficial. Para el gobierno, lo que se dice fuera de estos canales es mentira, manipulación y matriz mediática.
La Radio Nacional de Venezuela conforma un amplio circuito con emisoras nacionales y locales. El Circuito YVKE Mundial, potente red de alcance nacional: Tiuna FM:  (La voz de la Fuerza Armada Nacional). Venezolana de televisión (VTV): ha recibido cuantiosas inversiones y modernización de su plataforma tecnológica y su programación está determinada por la agenda del teniente coronel Chávez. Vive TV:En el acto inaugural Chávez marcó su propósito: “Con este nuevo canal, se le dará una batalla fuerte a la aberración comunicacional (...)”. ANTV. Canal de la Asamblea Nacional que cumple, particularmente, funciones político-ideológicas y está integrada al llamado sistema nacional de  medios públicos. Telesur. Funciona como agencia internacional de propaganda chavista y al servicio de los aliados continentales de Chávez. Avila TV. Originalmente adscrita a la Alcaldía Metropolitana de Caracas con el triunfo del alcalde Ledezma, mediante argucias legales fue transferida al Ministerio de Comunicaciones.
TVES. Nace de la confiscación de la frecuencia a RCTV

Óscar Lucien
Twitter:@olucien

El Nacional, 23 de abril de 2010


Guerrilla y hegemonía comunicacional


"Si no fuera por estos medios, que están en manos de la oligarquía y atacan y mienten y manipulan tanto, el apoyo al Gobierno, a la revolución, estaría en mucho más del 80%". (Hugo Chávez, 2 de marzo de 2009). En esta sucinta declaración, secundada por el Ministro de Información y Comunicación de turno, se encuentra la justificación del fomento de la guerrilla comunicacional (sic). “Así como hemos hecho de nuestras herramientas: computadoras, latas, exactos, pintura, lápices, papeles e ingenio; armas para combatir a los grandes medios de comunicación, no podemos olvidar el fusil fundamental de nuestro repertorio, la palabra como instrumento central para forjar la conciencia revolucionaria”.
A la voz de comando de la Ministra de Comunicación, los niños y adolescentes de los escuelas públicas, por encima de la Constitución, de  la ley de Educación y la ley de protección al niño, niña y al adolescente que lo prohíben, son enrolados como “activistas de la verdad”, Ministro de Educación dixit.  Desde el poder Ejecutivo se fomenta la guerrilla (comunicacional) para utilizar de manera compulsiva la fuerza creativa de niños y jóvenes para combatir a los medios de comunicación privados que ofrecen una mirada de la realidad distinta al gobierno; al mismo tiempo que “siembran” el socialismo.
Promovidas estas guerrillas en las vísperas del proceso electoral para la urgente renovación de la Asamblea Nacional que restituya ese cuerpo como verdadero centro de deliberación y expresión de la diversidad de la opinión política del país, se busca cerrar el círculo de la pretendida hegemonía comunicacional.
Sin duda alguna, fuera del campo habitacional, de la salud  y de la seguridad, donde el fracaso del gobierno es tan notable, lo comunicacional destaca como la mayor defraudación del teniente coronel Chávez a las expectativas ciudadanas. Transcurridos once años de mandato, el gobierno venezolano, de espaldas a la Constitución y a pesar de toda la palabrería usada, no ha garantizado servicios públicos de radio y televisión como manda el artículo 108 de la Carta Magna.
A las abusivas cadenas, a sus maratónicos Aló Presidente, a sus consejos de Ministros televisados y su perenne presencia vía “avances noticiosos” debe sumarse el potente parque gubernamental y para estatal que el Presidente ha ido amasando durante los últimos años.
Apoderándose de frecuencias habilitadas o adquiriendo alguna concesión privada, el gobierno ha ido consolidando una amplia plataforma comunicacional al servicio del proyecto político de Hugo Chávez.  A partir de la exagerada influencia que  atribuye al poder de los medios, la administración chavista se empeña en el desarrollo de su hegemonía comunicacional mediante la gestión directa de radios, televisoras y mediante la sumisión absoluta de la radiotelevisión comunitaria. Por eso la discusión sobre este esperpento de la guerrilla comunicacional, junto al grave hecho de la utilización del aparato del Estado para proselitismo en los espacios educativos, no puede dejarse de lado la valoración del poderío comunicacional del gobierno en función de la parcialidad política que representa, y a contracorriente de la voluntad soberana del pueblo venezolano que en referendo popular rechazó el modelo socialista que se nos pretende imponer. Sin contar con los medios impresos, la cooptación de toda la radiotelevisión comunitaria (sic) y la prolijidad de portales digitales vale la pena tener en cuenta lo que suelen llamar, sin el menor pudor, el sistema nacional de medios públicos, al entero servicio de la propaganda oficial. Para el gobierno, lo que se dice fuera de estos canales es mentira, manipulación y matriz mediática.
La Radio Nacional de Venezuela conforma un amplio circuito con emisoras nacionales y locales. El Circuito YVKE Mundial, potente red de alcance nacional: Tiuna FM:  (La voz de la Fuerza Armada Nacional). Venezolana de televisión (VTV): ha recibido cuantiosas inversiones y modernización de su plataforma tecnológica y su programación está determinada por la agenda del teniente coronel Chávez. Vive TV:En el acto inaugural Chávez marcó su propósito: “Con este nuevo canal, se le dará una batalla fuerte a la aberración comunicacional (...)”. ANTV. Canal de la Asamblea Nacional que cumple, particularmente, funciones político-ideológicas y está integrada al llamado sistema nacional de  medios públicos. Telesur. Funciona como agencia internacional de propaganda chavista y al servicio de los aliados continentales de Chávez. Avila TV. Originalmente adscrita a la Alcaldía Metropolitana de Caracas con el triunfo del alcalde Ledezma, mediante argucias legales fue transferida al Ministerio de Comunicaciones.
TVES. Nace de la confiscación de la frecuencia a RCTV

Óscar Lucien
Twitter: @olucien




abril 09, 2010

Opinar ¿es un delito?


Las recientes detenciones del dirigente político Oswaldo Álvarez Paz y de Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias Globovisión, por opiniones emitidas sobre aconteceres de la realidad política venezolana me llevan a revisar unos apuntes personales sobre lo que califico de “cerco a la libertad de expresión en Venezuela” con el propósito de encarar apropiadamente la respuesta a la interrogante de si, en Venezuela, opinar ¿es un delito?.
Entre los aspectos más preocupantes que limitan o cercan la libertad de expresión mediante las trabas al acceso a la información,  las demandas judiciales, la violencia verbal y las agresiones físicas, está la reforma al Código Penal promulgada el 16 de marzo de 2005 la cual repotencia los llamados delitos de desacato o vilipendio, y endurece significativamente las sanciones para lo que podríamos calificar delitos de expresión.
Sin duda alguna lo más grave de esta reforma al Código Penal es la criminalización de la opinión o manifestación de desaprobación, hecha en público o en privado, contra funcionarios públicos. Cualquier reclamo considerado una ofensa a un funcionario público será castigado con penas privativas de libertad. El nuevo Código Penal eleva las sanciones para los delitos de prensa, y muy en especial, los delitos de injuria, calumnia y difamación de una personalidad pública en el ejercicio de sus funciones.
La nueva versión del artículo 148 “establece una pena de 6 a 30 meses de cárcel para las ofensas al Presidente de la República. La sanción se incrementará en un tercio más cuando la ofensa sea pública”. Según el artículo 149, si va dirigida contra otro representante del Estado, la sanción será de la mitad, o dos tercios de la prevista en el artículo 148, de acuerdo con el rango de la persona ofendida: Vicepresidente, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, miembros de los Poderes Públicos, Ministros, Diputados o Alto Mando Militar.
Vale la pena destacar las consideraciones a este respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según las cuales leyes de desacato o vilipendio son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de igual manera, su insistencia, desde 1994, en recomendar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que adecuen sus legislaciones a las obligaciones y estándares internacionales sobre derechos humanos.
Por otra parte, de acuerdo con “el nuevo artículo 297A, la difusión de informaciones falsas a través de prensa escrita, teléfono o e-mail, con intención de ‘sembrar el pánico’, se castigará con una pena que va de dos a cinco años de cárcel”. Una verdadera espada de Damocles, la discrecionalidad de una autoridad pública o de un juez para determinar cuando un ciudadano con sus comunicaciones intentó “crear pánico”.
El artículo 444, referido al delito de  difamación, establece que toda persona que haga manifestaciones que puedan "exponer a otra persona al desprecio o el odio público" será castigada con una pena de uno a tres años de cárcel, y una multa. El Código Penal, previo a esta reforma, sancionaba una pena máxima de 18 meses de cárcel. Ahora bien, este artículo que hace expresa referencia a las publicaciones en la prensa, establece que si el delito se comete públicamente, la condena podrá llegar hasta cuatro años de cárcel, además de duplicar la sanción económica.
Por último, el artículo referido a la protección del honor incrementa considerablemente las penas del viejo Código: en el caso de la  injuria, que era castigada con un máximo de ocho días de cárcel, ahora podrá tener una pena comprendida entre seis meses y un año de cárcel, pero si el delito se comete a través de la prensa la sanción se eleva a uno a dos años de cárcel.
Voces calificadas como la de los abogados Alberto Arteaga y Rafael Chavero, a nivel nacional, han alertado sobre lo inconveniente y delicado de dicha reforma. En lo internacional el informe de la asociación Reporteros Sin Fronteras es muy claro al respecto: "Esta reforma supone una auténtica regresión en la materia. En lugar de ir hacia la despenalización preconizada por la Organización de Naciones Unidas, agrava las penas de cárcel previstas para determinados delitos de prensa. (...) las autoridades venezolanas van a contracorriente de la actual liberalización. Por otra parte, las fuertes sanciones establecidas para algunos delitos mal definidos, tales como "la ofensa" o "la protección del honor", van a animar a los periodistas a autocensurarse en sus críticas a las autoridades, por temor a incurrir en graves castigos".
Oswaldo Alvárez Paz está preso en una cárcel de la policía política por opinar en un programa de tv. Guillermo Zuloaga está en libertad en virtud de una medida cautelar, luego de opinar en un foro internacional. Opinar ¿es un delito?

Óscar Lucien
Twitter:@olucien

El Nacional, 9 de abril de 2010




marzo 26, 2010

Autocensura


El reciente encarcelamiento de Oswaldo Álvarez Paz por sus opiniones expresadas en el programa Alo Ciudadano, de Globovisión, debe entenderse en el marco del incesante cerco a la libertad de expresión en Venezuela. De manera acertada, el comunicado de la “Mesa de la Unidad Democrática” señala que la detención del exgobernador del Zulia “es un intento de promover el miedo y la autocensura, como medios para silenciar a los venezolanos”. Por un lado, el gobierno busca acallar a los medios de comunicación mediante dispositivos legales que determinan supuestos ampliamente genéricos de infracciones que criminalizan la opinión y penalizan la expresión pública del disentimiento; se utilizan los controles impositivos, la discrecionalidad en la pauta de propaganda del gobierno y se recurre a la sanción extrema del cierre o revocatoria de licencia a capricho del ente regulador (sic).
Pero, por otro lado, se ponen en práctica mecanismos más sutiles y perversos para promover la autocensura: el propio condicionamiento de los medios de comunicación por temor a las repercusiones negativas derivadas de su labor intrínseca de información y de opinión. La averiguación contra el Presidente de Fedecámaras por declaraciones en el programa La Entrevista de RCTV internacional, el juicio a Rafael Poleo por  comentarios en Alo Ciudadano y la privación de libertad a Oswaldo Álvarez Paz, para solo citar los casos más recientes, tienen un impacto nefasto para la garantía de la pluralidad de la opinión pública de los venezolanos. Aunque los medios impresos no son ajenos a esta perversa dinámica, particularmente, por su mayor audiencia, se busca atemorizar a los prestadores de servicios radioeléctricos, en la misma medida que se pretende atemorizar al ciudadano común cada vez más inhibido a la expresión libre de su pensamiento. Y esto atenta contra la vida democrática. 
El oxígeno indispensable de una democracia es la garantía de que todos los ciudadanos puedan expresar de viva voz o por cualquier medio, su parecer de cuanto acontece en su vida ciudadana. Esta norma esencial, consagrada en las legislaciones de las democracias modernas, no siempre supone un diálogo fluido entre los ciudadanos y el Estado. En Venezuela son numerosos los ejemplos que muestran lo intolerante que pueden ser los gobiernos frente a la crítica de sus adversarios, como torcidos y perversos los mecanismos que se ponen en marcha para silenciar las opiniones adversas. A pesar de la insistencia oficial de que el gobierno actual ha sido muy respetuoso de la libertad  de expresión, lo “dicho dicta mucho del hecho”.
Más allá de las constantes embestidas verbales del Presidente contra los periodistas, de las descalificaciones a columnistas, de las constantes interpelaciones – y en repetidos casos  agresiones- a propietarios de los medios, son muchas las situaciones de coerción a los periodistas que han quedado en el limbo de la confusión, en la opacidad de lo sucedido, que le hacen muy flaco servicio al necesario y vital compromiso del ciudadano con la defensa de la libertad de expresión. Valdría la pena tener a mano un inventario de delicadas situaciones que han privado a la ciudadanía de numerosas fuentes de información y de opinión. Eventos en los que las explicaciones no han sido del todo claras y trasparentes y donde el ciudadano ha quedado con una extraña desazón que posibilita la coartada oportuna del régimen: se trata de un problema privado, entre patronos y empleados, y el gobierno no tiene nada que ver con el asunto. Y en lugar de explicación, clara y transparente, magazines ligeros, horóscopos, cartas astrales, comiquitas. Comiquitas que no dan risa por supuesto.
Los ciudadanos, y no sólo los periodistas y empresarios de los medios, tenemos la enorme responsabilidad de estar muy atentos a la más mínima acción gubernamental, o privada, que impida la libre expresión. En el mundo de hoy, se hace cada día más imposible callar a un medio con tanques de guerra o comandos policiales. Pero existen mecanismos más sutiles y certeros que una metralla o una paliza, que, aparentemente, no dejan huellas.
La prisión de Oswaldo Álvarez Paz es un claro mensaje del gobierno. Abrumado por las denuncias de corrupción, inmovilizado por el burocratismo y la ineficiencia, blanco de consistentes críticas por su incapacidad para resolver la adecuadamente la prestación de servicios tan esenciales como el agua y la electricidad, y asediado por los sondeos de opinión que vaticinan la pérdida de la Asamblea Nacional el gobierno arrecia su ataque a los medios. Tiene en marcha todos los dispositivos y la autocensura es uno de los más perniciosos.
Oswaldo Álvarez Paz está preso por opinar libremente. ¿Se impondrá la autocensura?

Óscar Lucien
Twitter:@olucien

El Nacional, 26 de marzo de 2010

marzo 19, 2010

Internet en la mira


La verborrea del teniente coronel Chávez ha encendido nuevamente la mecha y la obsecuente Fiscal General Ortega Díaz terminó por enredar el asunto citando chapuceramente a la canciller alemana Angela Merkel: “Internet no puede ser un territorio sin ley”. La alarma, legítimamente, se ha disparado. La Asamblea Nacional se ocupa del tema del asunto en un penoso acto de logomaquia, es decir, en una discusión en la que se atiende solo a las palabras y no a lo esencial del asunto.
Con todos sus bemoles, Internet representa la utopía de la comunicación. Por su filosofía del intercambio abierto de la información, la producción social del conocimiento y de la inteligencia colectiva. Por su arquitectura informática reticular, por la multidimensionalidad de los tipos de comunicación posible (interpersonal, de grupo, o masiva), por la hipertextualidad, por la desterritorialización. 
Sin embargo, es obvio, que en la realidad real, Internet no es un mundo aparte, que se encuentra en continua interrelación con el resto de la sociedad y en, consecuencia, condicionado por ella misma.
Internet, en efecto, no es un territorio sin ley. Existen condicionamientos, leyes si se quiere, relativas a la arquitectura de la información, a los protocolos que deben usarse para poder comunicar, sistemas de filtros propios a la misma red. Existen leyes relativas a la llamada cibercriminalidad, para la protección contra los fraudes electrónicos, contra la pedofilia y la pornografía infantil. En Alemania, por ejemplo, ya que ha citado a la canciller Merkel, está prohibido cualquier tipo de propaganda nazi. Esta es una prohibición que está asentada en la Constitución alemana. Y sin embargo, los nazis alemanes que no pueden colgar su propaganda en el portal Yahoo  alemán, porque está prohibido, lo colocan en el Yahoo francés. Internet no puede ser un territorio sin ley, es verdad, y de hecho no lo es. En las sociedades democráticas, donde el Estado actúa en defensa de los ciudadanos, se legisla para proteger a los ciudadanos de la utilización indebida de datos sensibles, contra el uso de informaciones personales para la creación de perfiles de usuarios con fines económicos.
En el caso de Venezuela toda referencia a una eventual regulación a un medio o sistema de comunicación como Internet genera preocupación por la racionalidad totalitaria y no democrática en el fondo de su motivación. La intervención de altos voceros del gobierno no ha contribuido a tranquilizar a la colectividad. Al Presidente de la República se le informa de una noticia falsa en un portal digital sobre la presunta muerte de uno de sus Ministros. En lugar de solicitar la corrección, la rectificación oportuna o en, caso extremo, querellarse con el autor de la noticia, al Jefe del Estado no se le ocurre otra cosa que mandar a controlar Internet. Es como si se pretendiera legislar y controlar la venta de cuchillos porque un amante enloquecido por los celos apuñaleó a su compañera. La Fiscal General, bueno, ni se diga. En lugar de defender derechos de la ciudadanía o, en el caso en cuestión, averiguar lo que ocurre, también solicita una ley, que dados sus antecedentes cuando propuso la Ley contra Delitos Mediáticos, no puede ser sino para controlar. Aristóbulo Isturiz ex-Ministro de Educación que tiene responsabilidad en la fallida aplicación del Decreto 825 relativo a Internet como prioridad para el desarrollo, “para facilitar la promoción y masificación de su uso en la población” defiende al Jefe del Estado aclarando que no se pide una nueva legislación porque esta ya existe: la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con las pestañas?

La hipersensibilidad del gobierno a la crítica que cada vez se estrecha en los medios masivos de comunicación, el efectivo cerco a la libertad de expresión en nuestro país a través de dispositivos legales como la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, la utilización discrecional del uso de la propaganda del gobierno para premiar o castigar políticas editoriales e informativas independientes y particularmente, la creciente y perversa autocensura, ha hecho que Internet se potencie como fuente esencial de información y comunicación. Y por ello debe ser preservada del control del gobierno.
Internet, en efecto, no es un mundo, aparte. No es un territorio sin ley. Pero Internet representa el imaginario de la comunicación y de la información sin restricciones, de la horizontalidad. Más allá de las consideraciones, restricciones y controles que las sociedades democráticas han ido construyendo para preservar este espacio de libertad con la protección debida a derechos humanos fundamentales, el mayor control sobre Internet es su credibilidad.

Óscar Lucien
Twitter:@olucien