Violar la libertad de expresión no se reduce a poner preso a un periodista

En Venezuela prevalece hoy un clima de intimidación, de autocensura, de amenazas veladas. Y no tan veladas.

En una oportunidad, disfrazado de militar y apuntando con un fusil Kalashnikov el pequeño bombillo rojo de una cámara grabadora encendida, el jefe del Estado afirmó:

Ustedes creen que es gratuita la campaña de todos los días por algunos canales de televisión, cuyas 24 horas de transmisión están dirigidas a dividir a los venezolanos. Eso viene pagado desde el imperio.
(...) Nosotros no podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a un pequeño grupo de personas para que usen el espacio radioeléctrico que es del Estado, es decir del pueblo, contra nosotros mismos, en nuestras propias narices, como quintas columnas. A mí me importa un comino lo que digan los oligarcas del mundo.

Durante estos once años de revolución bolivariana el Estado venezolano ha sido incapaz de garantizar el ordenamiento del espacio público de las comunicaciones para promover y garantizar amplitud y variedad de las coberturas informativas y, en particular, el pluralismo de la opinión pública nacional.

Los venezolanos, por el contrario, hemos estado sometidos a una peculiar dictadura mediática que se expresa en dos ver- tientes fundamentales: por un lado, la confiscación progresiva de todos los medios radioeléctricos del Estado sometidos al exclusivo beneficio de la parcialidad política en el gobierno; por otro, el cerco incesante a la libertad de expresión.

Como ningún otro en la historia de Venezuela, el gobierno del presidente Chávez se ha caracterizado por una marcada valoración y dominio de lo mediático. Mientras manifiesta una hipersensibilidad a la crítica, ha ido construyendo un contundente entramado radioeléctrico, de canales de televisión abierta, cable, de medios pretendidamente comunitarios, que sirven de manera exclusiva a la “ideología de la revolución bolivariana”.

En estos medios, concebidos al estilo de las dictaduras totalitarias del llamado “socialismo real”, sólo tienen cabida quienes suscriben el ideario excluyente de la revolución. Una tarea inmediata para un futuro gobierno de unidad nacional, de talante democrático, es colocar en su agenda política la restitución de los medios del Estado al servicio de la ciudadanía.

Cuando los periódicos y estaciones de radio y televisión están en condiciones de desempeñar sus tareas libremente, pueden ser ele- mentos importantes en la creación de la democracia. Además de fiscalizar a las instituciones locales y alertar al público acerca de asuntos de seguridad, pueden ayudar a los ciudadanos a compren- der su gobierno y acceder a él.

Los venezolanos requerimos con urgencia de una acción cultural y comunicativa que potencie la democracia y nos cure de los efectos, de los desatinos de corte autoritario y caudillista de estos últimos años.

Lea más en el libro Cerco rojo a la libertad de expresión...

Cerco rojo (y verde)

La abusiva cadena del pasado 13 de abril, inconstitucional en sentido estricto, violatoria del ordenamiento que prohíbe a los funcionarios públicos favorecer parcialidades políticas y la ley sobre la corrupción, con la chocante imagen y el agravante de las botas militares pisoteando lo establecido en el artículo 328 constitucional, me llevó a la relectura de un breve capítulo del libro “Cerco rojo a la libertad de expresión” titulado: El año que vivimos en peligro (abril 2002) que me atrevo a compartir con los amables lectores que siguen esta columna.
En la tarde del 11 de abril de 2002 una imponente manifestación cívica que avanza hacia el centro de Caracas con el propósito de expresar su protesta es atacada a tiros. En medio de la confusa situación generada por los disparos, por la actuación de la Policía Metropolitana, por los grupos oficialistas armados y otros cuerpos de seguridad del Estado, por la presunta actuación de francotiradores (tanto el Gobierno como la oposición denuncian la presencia de tales asesinos), el Presidente de la República impone una cadena de radio y televisión que niega la posibilidad a la ciudadanía de un libre acceso al conocimiento de lo que efectivamente estaba ocurriendo en el centro de Caracas: “He tomado la decisión, cuando falta (sic), según mi reloj, quince minutos para las cuatro de la tarde, de convocar esta cadena nacional de radio y televisión para enviar un mensaje a todos los venezolanos…” anuncia el jefe del Estado. Esta providencia del Presidente privó a la ciudadanía del acceso a fuentes diversas y plurales para formarse un criterio cierto de lo que efectivamente estaba ocurriendo en ese momento. Como contrapartida, los canales privados de televisión deciden partir la pantalla en abierto desacato a la imposición de la “verdad” oficial.
En las horas siguientes, hasta el día trece, se suceden una cantidad de eventos que colocan a los medios, oficiales y privados, en el ojo del huracán del profundo y esencial compromiso con las garantías de la libertad de expresión y del derecho a la información de los ciudadanos: constatación de una masacre pública, presunta renuncia del Presidente, gobierno de facto,
vuelta al poder del Presidente. Y, aunque al pasar del tiempo unos y otros han tímidamente reconocido los errores cometidos en tan críticos momentos, es indudable que no se han procurado las condiciones adecuadas, las garantías y la serenidad para una evaluación descarnada y sincera que nos permitan consolidar esos pilares fundamentales de la vida en democracia: imparcialidad, transparencia y libre acceso a la información.
Las condiciones en las cuales durante esos agitados días los medios de comunicación se privaron de dar información a los venezolanos, por imposibilidad técnica operativa para realizar la cobertura, por la intimidación, por amenazas y agresiones reales, por autocensura, por la sobrevaloración de los riesgos, por sesgo político, constituyen todavía aspectos de la controversia política actual. ¿Con qué derecho y sobre qué legitimidad el
Presidente impuso la mencionada cadena? ¿Quién, con qué legitimidad y con qué derecho autorizó la salida del aire de VTV, canal oficial? ¿Por qué los medios de comunicación privados no informaron adecuadamente sobre las contingencias de la vuelta al poder del presidente Chávez?
Y aunque en la propia prensa de la época podemos encontrar pistas para el abordaje de tales interrogantes, es insoslayable relanzar el compromiso con los valores esenciales de la democracia: libertad de expresión y derecho a la información.
¿Por qué el reclamo de todos los venezolanos de una auténtica Comisión de la Verdad, constituida de acuerdo a los parámetros internacionales, verdaderamente independiente ha sido tan obstinadamente desatendida por el gobierno nacional durante estos largo nueve años?
La comisión especial que ahora se saca de la manga la Fiscal Ortega Díaz para investigar hechos del 11A en cuanto a medios se refiere, a contracorriente de experiencias validas y fructíferas en otros países, no puede ser vista sino como parte del sistemático cerco a la libertad de expresión y las limitaciones al derecho a la información de los venezolanos que hemos tratado de sistematizar en Cerco rojo a la libertad de expresión.
Una mirada retrospectiva de estos once años de gobierno puede mostrar que estamos ante un plan que se ha ido tejiendo amañadamente hasta el momento en que se anuncia a viva voz la pretensión oficial de la hegemonía comunicacional.
Las abusivas 2125 cadenas presidenciales que hasta diciembre de 2010 coparon el espectro radioeléctrico con un mensaje único y cerraron virtualmente todos los medios de comunicación, son expresión palpable del cerco que denunciamos.

Óscar Lucien
@olucien

#Abajocadenas en twitter

1. #abajocadenas Últimamente mi poceta se está tapando a mediodía ¿Alguien sabe por qué? Que se joda la cadena AUN hay internet #abajocadenas. Toda la sociedad debe pronunciarse contra cadenas y payasadas del régimen. Régimen intenta arrodillar al pueblo venezolano encadenando medios de comunicación #AbajoCadenas. Estas cadenas deberían llevarnos a una reacción en cadena. Debemos hacer caso a nuestro himno: #AbajoCadenas. Próxima telenovela de las 9: Cadenas de Amargura... #AbajoCadenas. Es un placer activar el Muting... #AbajoCadenas. Les recuerdo que esta es la segunda cadena del día. ¿Para qué crearon entonces el Sistema Nacional de Medios Públicos? #AbajoCadenas. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional contra el abuso de las cadenas? Es traición a la patria cuando encadenas en CHINO y olvidas que hoy se estrena una producción nacional VENEZOLANA. #AbajoCadenas/ Para que se acabe la cadena perpetua todos a votar en el 2012. #AbajoCadenas. ¿Cuánto será la media anual de encadenamientos abusivos? ¿Cuánto nos cuesta?... #AbajoCadenas. Dictadura de Chávez arrodilla a pueblo venezolano, y los toma de sus sentidos a través de cadenas.. #AbajoCadenas. El régimen tiene hegemonía mediática ... Está mostrando toda su capacidad de abuso de poder. #abajocadenas.

2. Son muy escasas las expresiones que existen en las sociedades democráticas de esta perversa y radical apropiación de todo el espectro radioeléctrico por parte de un jefe de Estado en beneficio de su acción de gobierno y, peor aún, para colocarlo al servicio de su parcialidad política, de sus veleidades personales de show man. En Venezuela, a pesar de lo que muchos pueden creer, no existe fundamento constitucional o jurídico alguno para que se nos “aplique la cadena” en tal grado de impunidad. Contrariamente a lo que da entender el propio mandatario, y el “rictus” sadista que suele acompañar su llamado a “cadenas”, su condición de Presidente de la República no lo faculta para imponer sus alocuciones oficiales de manera simultánea en todo el circuito radioeléctrico. La cadena contraviene los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional relativos a la libertad de expresión y al derecho a la información. Por otro lado, es falso que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (incluso con su reciente reforma) provea de algún asidero legal para esta cuestionable limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información. Esta ley establece que el Presidente podrá ordenar “a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través de canal de información a sus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta la transmisión gratuita de mensajes y alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los Ministros”, pero en ningún aparte establece que estas transmisiones deban ser simultáneas. El incremento de las cadenas presidenciales en los últimos días se corresponde con un patrón de conducta ya denunciado por la Misión de observación electoral de la Unión Europea: en época de campañas electorales el presidente de la república hace un uso abusivo de sus alocuciones que desequilibra el debate político por lo que recomienda al Consejo Nacional Electoral tomar resoluciones normativas al respecto. ¿Y el CNE? Tranquilos. En la peluquería, o haciéndole promoción al “mejor sistema electoral del planeta”. Con el mayor descaro el presidente de la república inicia anticipadamente la campaña electoral para su reelección y el CNE avala con su silencio cómplice, al igual que los otros poderes públicos.
Por su parte, en numerosísimas oportunidades la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la duración y frecuencia de las cadenas nacionales de radio y televisión del gobierno venezolanos, muchas de ellas consideradas abusivas en función de la información transmitida, y en general, en clara violación del artículo 13 de la Convención Americana sobre DDHH, referido al ejercicio de la libertad expresión.

3. En el libro “Cerco rojo a la libertad de expresión”, de próxima circulación, presento una reflexión más detenida del por qué la cadena presidencial es violatoria de derechos y garantías constitucionales, sobre emblemáticos impactos perjudiciales coyunturales, descontado el negativo impacto económico sobre la industria de la radio televisión, sobre los intereses ciudadanos de entretenimiento e información. Para muestra un botón: desde el inicio de su mandato hasta diciembre de 2010 el presidente nos encadenó 2.125 veces, con un total de 1464:01:45 horas.
Vaya abuso #Abajo cadenas.
Óscar Lucien

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¿Existe libertad de expresión en Venezuela?

Si nos atenemos a los citados artículos, fundamentales de la Constitución, y a lo consagrado en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, podemos glosar un inicial repertorio de atentados, restricciones, limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de información en Venezuela que desenmascaran la cada vez más gastada coartada del oficialismo:

a) El inconstitucional uso y abuso de los medios radioeléctricos del Estado venezolano por parte del presidente Chávez, en particular, el abuso de las llamadas “cadenas”, es decir el copamiento totalitario de todo el sistema radioeléctrico, público y privado. Las cadenas, digámoslo de una vez, constituyen una palmaria violación de la libertad de expresión y del derecho a la información de los venezolanos.

b) El marco legal intimidatorio, la consagración de normas jurídicas que tipifican entre las leyes de desacato, la reforma del Código Penal, artículos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la Ley de Educación, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia 1013, sentencia 1942), la abortada Ley Especial Contra los Delitos Mediáticos, el amago de una ley para controlar internet, que se concreta luego en la reforma a la Ley Resorte.

c) Los retrasos administrativos y burocráticos, la discrecio- nal permisología para el otorgamiento de autorizaciones para la colocación de antenas y ampliación de la cobertura de estacio- nes de radio y de televisión por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), restringen el ejercicio de la libertad de expresión y de información de los venezolanos. El cierre de RCTV y de 34 emisoras de radio, agudiza en su condición ex- trema la estrechez del cerco.

d) El permanente acoso del Seniat (entidad recaudadora de impuestos) que denuncian directores y propietarios de medios que mantienen una posición editorial crítica al Gobierno tipifica como limitación al ejercicio de la libertad de expresión.

e) La discrecionalidad en la colocación de la pauta de pro- paganda oficial, tanto de la administración central como descentralizada, regional y local.

f) La negativa o los obstáculos para acceder a las fuentes informativas de entidades del Gobierno.

g) La concentración de medios de comunicación del Estado para uso exclusivo del Gobierno y para el culto a la persona- lidad del Presidente de la República.

h) Los atentados a las instalaciones físicas y las agresiones directas a los periodistas constituyen una amenaza latente dada la displicencia con la que los organismos policiales y judiciales abordan el asunto.

i) Las modificaciones en el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional que limitan la libertad de expresión de los parlamentarios.

j) El desamparo institucional y la manifiesta actitud negativa del Estado venezolano ante las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de medios y de comunicadores.

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