Cerco rojo
Óscar Lucien
Cuando oí a Nicolás Maduro
chillar en días recientes “Me van a llamar dictador, no me importa, pero yo
acabaré con el amarillismo (sic) en los medios”, me dije “esta barajita la
tengo”. Busqué en mis archivos y allí estaba, resaltada en amarillo, la frase
del hoy Comandante galáctico: “A mí me importa un comino lo que digan los
oligarcas del mundo”. El texto subrayado concluía una declaración, en un
recinto militar, mientras apuntaba con un fusil Kalashnikov el bombillo rojo de
la cámara del periodista: “Nosotros no podemos ser tan irresponsables para
seguir dándole concesiones a un pequeño grupo de personas para que usen el
espacio radioeléctrico que es del Estado, es decir del pueblo, contra nosotros
mismos, en nuestras propias narices, como quinta columnas. A mí me importa un
comino lo que digan los oligarcas del mundo”. Diez meses después se producía el
brutal cierre de RCTV y, desde ese momento hasta el presente, cuando a Maduro
no le importa que le llamen dictador, con los afinamientos a la ley de
responsabilidad social en radio y televisión, con el acoso permanente de
Conatel y del Seniat a los prestadores privados de servicios de comunicación y
el fortalecimiento del poder comunicacional del Estado y su apropiación por
operadores políticos del partido de gobierno, la libertad de expresión y el
derecho a la información de los venezolanos se ha reducido a niveles que contrarían todos los estándares
internacionales y dejan muy poco espacio para calificar de democrático al
modelo político que bajo la tutela de Cuba se impone a los venezolanos.
En distintas oportunidades
hemos denunciado este incesante proceso de confiscación de derechos
fundamentales consagrados en la Constitución ilustrando el proceso como un
“cerco”, vocablo que se aviene perfectamente a la naturaleza militar del
régimen. En la lógica castrense un cerco es el asedio de una fuerza militar que
rodea una plaza o una ciudad para combatirla, para someterla. Es un plan
sistemático, que en el caso de los medios de comunicación en Venezuela, ha
operado mediante una arquitectura legal muy refinada para criminalizar la
práctica periodística y la opinión, se promueve la autocensura, la negación o
limitaciones para acceder a las fuentes informativas de entidades del Estado, se
avalan los retrasos administrativos y la discrecionalidad para el otorgamiento
de permisología para la operación de servicios radioeléctricos, la colocación
discrecional de pauta de publicidad o propaganda para premiar o castigar pautas
informativas y políticas editoriales, y un largo etcétera que incluye, incluso,
la agresión física.
Amparado el gobierno en la
potestad del Estado de administrar el espectro radioeléctrico esta lógica del
cerco ha sido muy eficaz para someter a la radio y a la televisión. Aunque
valga decir que de administrador ha pasado a ser dueño usurpador y confiscador
en manos de un partido político orientado bajo el pervertido concepto de la
hegemonía comunicacional. Claramente lo expresó el difunto presidente en marzo
de 2009: “Si no fuera por estos medios, que están en manos de la oligarquía y
atacan y mienten y manipulan tanto, el apoyo al Gobierno, a la revolución,
estaría en mucho más del 80 por ciento”
Por eso con tanto
desparpajo confiesa ahora Maduro que no le importa que lo llamen dictador. Toca
ahora el turno a los medios impresos. En efecto, la prensa independiente ha
sido sistemáticamente víctima de una implacable discriminación excluida de toda
posibilidad de financiamiento alterno vía pautas de entidades públicas,
política de exclusión de la que son más vulnerable las empresas regionales.
Pero el cerco ahora se ha fortalecido con la limitaciones al acceso a las
divisas para la compra del papel necesario para la publicación.
La sociedad venezolana está
en una encrucijada capital: impedir en Venezuela la réplica del modelo cubano.
Comprender que el cerco rojo no es un problema que compete sólo a los
periodistas, editores o dueños de medios de comunicación y que es compromiso de
todos defender los derechos constitucionales de libertad de expresión y el
derecho a la información. La Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de
Derechos Humanos condena la utilización del Poder del Estado y recursos de la
hacienda pública para silenciar la labor informativa de los medios. Es
fundamental entender que los obstáculos con Cadivi, o el organismo
correspondiente, son parte de un plan sistemático de silenciamiento por el
régimen de turno. La denuncia y combate
al cerco rojo son sustanciales a la posibilidad de vivir en democracia y no
bajo un neoautoritarismo militarista tutelado por los hermanos Castro.
(Publicado en El Nacional, el 14 de febrero de 2013
