OSCAR LUCIEN

Ley de la Comunicación Social

29 DE AGOSTO 2014 - 00:01

¿Tiene sentido invertir tiempo en considerar bagatelas seudofilosóficas que parecieran escritas por alguien en un momento de delirio?

Debí vencer mi resistencia inicial porque una iniciativa legislativa sobre un tema tan complejo y delicado como la comunicación, si bien se presenta a título personal, debe responder a alguna necesidad del gobierno de la dupla Maduro Cabello de seguir estrechando el cerco rojo a los medios de comunicación. Luego de quince años en el gobierno no hay una sola acción que se haya avanzado en una real perspectiva de democratizar las comunicaciones. Y, para no dejar ningún suelto, digamos de una vez que lo ocurrido con la radio televisión comunitaria es una de las más grandes estafas y traiciones de este gobierno al someterlas al ideario excluyente de la “revolución”.

No pierdo tiempo en los considerando, la parte risible del anteproyecto de Ley de Comunicación Social presentado por el editor Gastón Guisandes, el miércoles 13 de agosto ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, para entrar en lo sustancial.

Llama la atención que una Asamblea Nacional, que se caracteriza por su morosidad, poco rendimiento y delegación de atribución legislativa en el poder ejecutivo, haya sido tan expedita para aceptar una iniciativa legislativa proveniente de un particular a apenas dos días del cierre del periodo ordinario de sesiones. La propuesta de Guisandes rompe todo esquema institucional de presentación de leyes ante la Asamblea Nacional: no es acompañada por firmas, no la presentan diputados, no aparece como decisión de la dupla gobernante. Al no haberse cumplido esta formalidad podría uno pensar que la Comisión de Medios conocía el proyecto y, en función de su importancia y urgencia, decidió darle el trámite. Pero ¿pudo alguien sacar algo claro de tan heterodoxos considerandos? Lo dudo, y la duda me conduce a pensar que el proyecto de Guisandes debe ser parte de un plan dentro de la tristemente famosa conceptualización de la hegemonía comunicacional. Notoriamente contiene lo que con justificada alarma rechaza el Colegio Nacional de Periodistas y reconocidos académicos venezolanos: el proyecto de marras es un torpedo contra la profesionalización del ejercicio del periodismo y contra la colegiación. Siendo tan “evidente” que toda persona “al momento de nacer, se incorpora a la vida con una propiedad que es, intrínsecamente, propia al ser” por qué debe inscribirse en un Capítulo Estadal del Colegio de la Comunicación Social que será creada por mandato de esta nueva ley. Cierto que en otro artículo se dice que tal inscripción es facultativa pero se parece mucho a las captahuellas del racionamiento de Maduro, es voluntaria pero obligatoria.

Estaríamos ante la misma estrategia utilizada en otros ámbitos de ir creando estructuras paralelas que socaban la institucionalidad existente, la cual no ha podido ser sometida ni en la consulta popular ni con las permanentes descalificaciones ni presiones.

Pero junto a este vistoso asunto de la desprofesionalización del ejercicio del periodismo y hay otro más opaco y pernicioso: la censura y la autocensura.

El artículo 17 establece: “Se consideran faltas inexcusables, publicar o difundir informaciones o noticias que expongan, causen la muerte o provoquen daño grave o irreparable, a personas que desconozcan cuanto vaya a publicar el comunicador social, conociendo éste, las consecuencias de la o las publicaciones a efectuar o efectuadas”. ¿Quiere decir esto que el comunicador debe llamar a la persona para consultarle el tratamiento u oportunidad de su noticia?

De la misma manera en el artículo 18 se dice: “Igualmente se considera inexcusable, publicar o difundir hechos que exponen al desprecio público o pueden producir males irreparables o muy conflictivos, a personas sobre las cuales se informa de estados, condiciones irrelevantes, que nada tienen que ver o en nada influyen en los hechos que originan la noticia o la información que se difunde o publica o difunde, ni en el desenlace de la misma”. ¿Cuál es el funcionario que va a hacer prevalecer su criterio?

Sin duda alguna, la presentación de este anteproyecto ha causado justa alarma en un año en que el gobierno ha avanzado en su asfixia a la libertad de expresión y al derecho a la información, agregando nuevas modalidades al cerco rojo: limitaciones en acceso a las divisas para adquisición de papel de los medios impresos, compras de medios de comunicación bajo opacidad absoluta de sus nuevos propietarios pero muy transparente el giro en sus nuevas políticas editoriales informativas favorables al ejecutivo, incremento de las abusivas cadenas presidenciales, cierre de programas, imperio de la autocensura.

Si Venezuela necesita legislación en el campo de las comunicaciones sería para dar cumplimiento al mandato constitucional del articulo 108 de ofrecer a los venezolanos un servicio público de radiotelevisión, en ofrecernos una norma jurídica que garantice el libre acceso a la información pública y, muy particularmente, una ley que regule el abuso de las cadenas presidenciales. #AbajoCadenas

El Nacional

(OTRA) RENUNCIA AL DIARIO EL UNIVERSAL 

Renuncia formal e irrevocable de FERNANDO OCHOA ANTICH a su columna semanal en el Diario EL UNIVERSAL.

Caracas, 2 de agosto de 2014
Señor ingeniero
Jesús Abreu Anselmi
Presidente de El Universal
Presente
Me dirijo a usted públicamente con la finalidad de informarle que en carta dirigida al licenciado Miguel Maita, editor de opinión de EL UNIVERSAL, hice formal e irrevocable renuncia de mi columna semanal que, durante casi dos décadas, escribí en dicho diario. Lo hago, porque ayer se cuestionó mi artículo semanal por no coincidir su contenido con la nueva línea editorial establecida por usted y los nuevos propietarios de tan importante diario venezolano. Creo de interés para la opinión pública manifestar mis observaciones sobre su cuestionable conducta y la nueva orientación editorial de EL UNIVERSAL.
El contenido de mi artículo se refería a los recientes e inaceptables hechos ocurridos en el Centro Penitenciario Militar de Ramo Verde con los detenidos políticos Leopoldo López. Enzo Scarano, Daniel Ceballo y Salvatore Luchesse al ser golpeados por una comisión de funcionarios encapuchados de la Dirección de Inteligencia Militar durante una requisa a sus celdas que no cumplía los requisitos establecidos reglamentariamente. También señalé la injusticia que significa la detención del general en jefe Raúl Isaías Baduel, del comisario Iván Simonovis y los demás agentes de la Policía Metropolitana
Establecer una línea editorial que limite la denuncia sobre un hecho tan irregular como el que narré en dicho artículo lo único que muestra es un claro interés, de usted y los nuevos propietarios de EL UNIVERSAL, de evitar cualquier crítica que se haga al régimen de Nicolás Maduro, obligando a los columnistas de EL UNIVERSAL a autocensurarse permanentemente. Ese tipo de actitud, de la cual usted es responsable,  es  un  paso  más  dado  por  el actual gobierno para limitar la libertad de prensa en Venezuela. EL UNIVERSAL había tenido la fortaleza de resistir las presiones del régimen chavista al mantener un sentido pluralista en su orientación periodista. Por lo que se ve, esa orientación terminó.
La historia de Venezuela, ha sido siempre una permanente lucha entre la libertad y la opresión. Los medios de comunicación nunca dejaron de ser factores fundamentales en la defensa de los derechos ciudadanos. Es muy triste, que usted y los nuevos propietarios de El Universal, no hayan tenido la entereza para oponerse a las presiones que claramente están recibiendo del actual gobierno para limitar la capacidad de crítica de sus colaboradores y columnistas. Tenga usted por seguro que nuestro pueblo no olvidará tan deplorable actuación, y recordará con dolor que entre los medios que se doblegaron ante el régimen chavista estuvo El Universal, dirigido por usted.
Fernando Ochoa Antich.

15 agosto 2014

Conatel ordenó a RCR suspender programa de Nitu Pérez Osuna

RCR ejercerá las acciones legales para responder. (Foto Archivo/El Carabobeño)

AP

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó suspender el programa radial “Aquí entre tú y yo”, conducido por la periodista Nitu Pérez Osuna en la emisora Radio Caracas Radio, y abrió un procedimiento administrativo por presuntas violaciones a la Ley que regula el sector.

“Radio Caracas Radio C.A. informa que recibimos la orden de Conatel para el cierre inmediato del programa Aquí entre tú y yo con @NituPerez”, anunció cerca de las 5:30 de la tarde de este viernes la estación en su cuenta de Twitter @RCR750.

Esta es la segunda medida de este tipo que recibe en tres meses RCR, uno de los pocos medios críticos que quedan en el país. En mayo pasado Conatel suspendió el programa de denuncias “Plomo Parejo”, conducido por el periodista Iván Ballesteros, fuerte crítico del presidente Nicolás Maduro y de la oposición venezolana.

Jesús Torrealba, periodista y conductor de varios programas radiales, dijo durante la transmisión de su espacio vespertino Conexión 750 que RCR recibió el viernes la orden de Conatel de suspender el espacio de Pérez Osuna, y que el ente regulador abrió un procedimiento administrativo a la emisora por presuntas violaciones a la ley del sector, pero no ofreció más detalles.

Torrealba indicó que RCR ejercerá las acciones legales para responder a la medida de suspensión del programa radial, acción que consideró como “equivocada” y “arbitraria”. Las autoridades no emitieron de momento comentarios sobre la medida.

El fallecido presidente Hugo Chávez mantuvo durante sus 14 años de gobierno relaciones tirantes con los principales medios locales, a los que acusó de apoyar el fallido golpe del 2002 y de difundir “mentiras” contra su administración.

Esa situación no ha variado mucho en los 16 meses de gobierno de Maduro, su heredero político elegido presidente en abril de 2013, y quien ha acusado a los principales medios locales de promover conspiraciones.

EL Carabobeño

http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/87324/conatel-orden-a-rcr-suspender-programa-de-nitu-prez-osuna#.U-6tnoIswv8.twitter

agosto 1, 2014

Editorial SIC 767: Totalitarismo mediático y ciudadanía

Editorial de la Revista SIC 767. Agosto 2014.

El totalitarismo de Estado, que tiende a la hegemonía mediática y limita, so pretexto de seguridad de Estado, el acceso a la información de la ciudadanía, debe ser superado como paso imprescindible para cultivar la democracia. El ciudadano común necesita estar bien informado para asumir su responsabilidad tanto pública como privada. Uno de los desafíos que tenemos es cómo rehabilitar la cultura democrática.  En este mismo orden, los medios de comunicación social privados deben empeñarse en trascender la censura y autocensura, desarrollando un periodismo de investigación que ponga el dedo en la llaga de los asuntos neurálgicos del país y así evitar caer, como está sucediendo, en la lógica polarizante de la contrapropaganda.

Es llamativo que ante la escasez de papel los diarios han sacrificado la información y la investigación, dándole mayor relevancia a la opinión y a la contrapropaganda. El periodismo de investigación con vocación democrática es un aporte imprescindible para la construcción de ciudadanía, y en esto los medios privados no están invirtiendo.

Propaganda vs información

Una política pública coherente con las necesidades del país no puede fundarse en supuestos ideológicos, sino en los datos concretos que ofrece la realidad misma. El Gobierno nacional ha hecho una gran inversión en propaganda para crear la ficción de que el país marcha por buen camino. La misma cotidianidad que vive el pueblo pobre y la clase media hace írrita esta pretensión. No se puede mantener la ficción de una revolución que marcha a paso de vencedores cuando una madre joven en el interior del país no tiene ni leche ni pañales para su bebé; cuando las instituciones hospitalarias, y hasta las clínicas privadas, están en estado de coma; cuando en nuestros barrios se vive en toque de queda por la impunidad y el negocio de las mafias; cuando la carencia de agua y los apagones eléctricos se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día; cuando una mujer de la parte alta de La Vega, que se levanta todos los días a las 3 de la mañana para ir a su trabajo, tiene que sacrificar su sueño de fin de semana para amanecer en una cola de Mercal y acceder así a los alimentos de la dieta básica; cuando la calle es una lotería en la que cualquier  día, ni Dios lo quiera, te puede tocar el chance de ser atracado, robado o asesinado, engrosando la lista de víctimas anónimas convertidas en números y porcentajes; cuando los funcionarios públicos paran el tráfico para que sus escoltas y carros blindados pasen porque su tiempo es oro y el nuestro hierba; cuando sabemos que las cosas no están bien y vivimos la impotencia e incertidumbre de no contar con  información clara de lo que pasa.

En una auténtica democracia los poderes del Estado y sus instituciones, por su alcance y vocación de servicio al país, han de ser fuente de información de primera mano. La ciudadanía, cualquier venezolano de a pie, tiene derecho a saber, por ejemplo, qué pasa con los recursos de la nación; qué entra por la renta petrolera y adónde va; qué producen las otras empresas del Estado y a qué costos, por ejemplo el complejo siderúrgico de Guayana; qué pasa con  nuestros impuestos recolectados por el Seniat; cuál es el impacto real de la inversión social en la calidad de vida del venezolano. Hoy en nuestros barrios resurge el sentimiento de exclusión, en contraste con la propaganda del Estado; las protestas sociales de los sectores populares son el indicador. La sensación es que para los del establishment el pueblo se ha ido convirtiendo cada vez más en objeto de su propaganda, y que la democracia participativa y protagónica ha pasado a ser mera retórica.

La danza del poder y las migajas de información

La subordinación del conjunto de los poderes del Estado e instituciones estratégicas (Pdvsa, BCV, FANB) al Ejecutivo, en tiempos de su líder carismático, minó la poca institucionalidad existente en el país; y hoy, en la administración Maduro, las instituciones parecieran danzar al compás de los pequeños personalismos que se reparten las cuotas de poder, desconociendo el marco constitucional. Mientras tanto, el Presidente, en un intento desesperado por afirmarse como el auténtico heredero, trata de imponer su liderazgo a la fuerza, generando resistencias y disgregación entre los adeptos al régimen.

La información se ha reducido a un simple recurso de poder. Solo caen migajas de los actores en pugna. Lo que ha pasado en junio a propósito de las cartas de Giordani y Navarro y el efecto dominó que están generando en el oficialismo –al punto de que algunos expertos hablan de una posible implosión en ciernes– es una señal clara de que hay muchas ollas tapadas sobre asuntos que nos conciernen a todos los venezolanos: el dinero que ha ido a las empresas de maletín; o el invertido en las empresas del Estado y en particular en las expropiadas; la denuncia de que Pdvsa es un Estado dentro del Estado, como lo era en el último tiempo antes de Chávez… ¿Quiénes son los responsables y dónde están?

La lógica de la seguridad nacional

En los últimos meses el Ejecutivo ha intensificado su cerco informativo con el objeto de dar visos de gobernabilidad, metiendo en un mismo saco las protestas sociales pacíficas y lasguarimbas de los sectores más radicales de la oposición. Esta táctica gubernamental sirvió para correr la arruga y amalgamar internamente sus fuerzas ante el enemigo externo. Hoy, después de haberse debilitado la estrategia guarimbera, la divergencia interna amenaza con implosionar al partido de gobierno. Con el objeto de excluir la disidencia intestina y dictar desde las cúpulas la unidad a toda costa, se nos está introduciendo en una política de seguridad nacional donde, pareciera que por razón de Estado, cualquier información es un asunto de seguridad. Con la lógica del poder por el poder se han venido sacrificando los derechos fundamentales de los ciudadanos y el bien común.

La ciudadanía: un cuero seco

Como respuesta al control de la información por parte del Estado, la sociedad se ha visto en la necesidad de crear sus propias fuentes y han aumentado los observatorios que monitorean los problemas sociales y los derechos humanos, ofreciendo información sobre temas concretos. Vale mencionar aquí las organizaciones de DD.HH. agrupadas en el Foro por la Vida, las organizaciones de desarrollo social interconectadas en Sinergia y las organizaciones articuladas en La Red Social de la Iglesia, entre otras. Estas organizaciones y redes han mantenido un denodado empeño por dialogar con las instituciones del Estado, tanto para contrastar sus informes como para aportar desde sus experiencias y saberes en el diseño de políticas públicas incluyentes. El resultado: archivos llenos de cartas de peticiones con el sello derecibido, esperando durante años ser atendidas.

Tiempo de rectificar

Atender los grandes problemas sociales y económicos es el único camino para rehabilitar la política, por el interés superior del país, por el bien común. Todo este tiempo de alta inversión en propaganda y contrapropaganda desligada del sentido de realidad, dolorosamente podría desembocar en una gran depresión social y en una despolitización de la sociedad si no ponemos los correctivos a tiempo. No habrá soluciones sin conocer realmente la magnitud de lo que nos pasa. En esta hora en que necesitamos dialogar los grandes asuntos de la República, es condición necesaria la transparencia y el acceso a la información para acertar en las decisiones y en las políticas públicas. Sabemos que estamos quebrados, y necesitamos con honestidad hacernos una idea del tamaño de la quiebra para juntar voluntades y poner los remedios necesarios. El acceso a la información es un derecho que el Estado debe garantizar con urgencia para poner las bases de un auténtico diálogo nacional, y para ofrecer certidumbre a nuestro quehacer cotidiano mientras buscamos las vías que nos lleven como sociedad a buen puerto.

OSCAR LUCIEN

Cine, propaganda y control

1 DE AGOSTO 2014 - 00:0

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1. Muchas cosas malas se recordarán del gobierno de Nicolás Maduro. 

Las más pintoresca sin duda alguna, y por la cual hasta hace poco era conocido fuera de nuestras fronteras, es su confesión de hablar con el difunto Comandante galáctico transmutado en pajarito. Otro hecho, más trágico,que también ha hecho circular la imagen de Maduro a escala internacional es su rostro de represor. En apenas un año en el despacho de Miraflores luego del anuncio de Tibisay Lucena en abril de 2013, el gobierno de Maduro suma más muertes violentas en la represión de manifestaciones públicas que en catorce años de su predecesor. Pero en lo que sin duda alguna, “el hijo” ha superado “al padre” es la colonización absoluta de los medios públicos para ponerlos al servicio de un descomunal aparato de propaganda gubernamental, para el culto a la personalidad del fallecido presidente y para el proselitismo del régimen que preside. En número de cadenas, de apariciones públicas en televisión, proporcionalmente, Maduro supera al teniente coronel Chávez, con el agravante para la audiencia de su precario carisma y lo insípido de su discurso en buena parte concentrado en insistir en que él es Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, y en que él es quien tiene las riendas del gobierno. Maduro, de manera ostensible confunde gobernar con mandar a través de la televisión. Bajo su mandato el Ministerio de Comunicación e Información (MINCI)ha acentuado su talante de impúdico aparato de propaganda que atenta contra el pluralismo político consagrado en la Constitución. 

2.Hace apenas unos días  el investigador Andrés Cañizales, en su acertado artículo “La máquina de mentir”, destaca que en el presupuesto de la nación se le asignan al Minci Bs. 1.133.600.000 (cerca de 22 millones de dólares a tasa Sicad II), lo cual representa un aumento de 35,86% con respecto a los Bs. 840.600.217 contemplados en 2013 (unos 16,8 millones de dólares). Por si fuera poco el año pasado, entre enero y agosto, ese despacho recibió, vía créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional,un monto de Bs. 132.998.087 (2,6 millones de dólares) en tres créditos para el área. Lo que quiere decir, que en la práctica, el Minci dispuso de casi 20 millones de dólares para su ejecución en 2013. Para el año en curso solicitó el equivalente a 22 millones de dólares.

¿Tenemos los venezolanos más y mejor comunicación? No. Sólo tenemos másy más Maduro. Todos esos ingentes recursos que recibe el ministerio de propaganda sólo han servido para profundizar un cerco a la libertad de expresión y al derecho a la información de los venezolanos. Para construir una narrativa sobre las bondades del socialismo (bolivarero) y escamotear  la precaria realidad de escasez, corrupción y alta criminalidad que padecemos los venezolanos. Sobran los datos y hechos contundentes para demostrar cómo en un año de gobierno de Maduro el ejercicio de la libertad de expresión ha sido afectado, se ha criminalizado la opinión disidente, se ha limitado el acceso a las fuentes informativas y se han producido, en opacas transacciones que no permiten identificar a los verdaderos propietarios, adquisiciones de medios con el consecuente cambio en sus líneas editoriales e informativas que vienen a reforzar la estrategia comunicacional del gobierno

3. ¿No es válida, entonces, la inquietud en los sectores que laboran en la cinematografía nacional por la pretendida adscripción al Ministerio de Comunicación e Información (Minci) del órgano rector del cine, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)?

¿Qué garantía tienen los creadores nacionales que, bajo tutela de un ministerio de propaganda, sus obras puedan realizarse en el ámbito de autonomía que mal que bien ha prevalecido en el CNAC? ¿Podemos tener los venezolanos un mínimo de confianza que la libertad de creación no será limitada, coartada, sometida a la perversa autocensura (que no deja “huella” visible) con sólo comparar el impúdico desempeño del Minci frente a los canales del Estado, de todos los venezolanos como dice el emblema del VTV, sometidos de manera obscena a las necesidades y estrategias del partido de gobierno? ¿No es contra la Constitución y, en consecuencia, absolutamente repudiable, el nivel de invisibilidad de los actores democráticos en los canales del Estado? 

El cine que se ha hecho en Venezuela estos últimos años se ha beneficiado de una plataforma productiva más sólida gracias a que en la institucionalidad cinematográfica ha prevalecido, con sus bemoles por supuesto, el peso de una tradición democrática y de concertación entre el sector creativo, el de la distribución y el propio gobierno, que es inexistente en otros sectores de la vida nacional. El pretendido cambio de adscripción del CNAC atentaría contra esta realidad objetiva. La mayor fortaleza de la cinematografía venezolano, descontado el empeño, tenacidad y creatividad de sus autores, es la existencia de la Ley de Cine, con sus reglamentaciones, siempre factible de corrección y mejoramiento. Es inconcebible que Maduro –mandando, repito, no gobernando- pretenda pasarle por encima vía Ley Habilitante.

La existencia de Fonprocine, que se nutre de los aportes de todos sectores productivos, de distribución y exhibición ligados a lo audiovisual garantiza los recursos necesarios para la producción y promoción del cine venezolano. No suelo hacerme eco de rumores pero se ha comentado que gente no particularmente ligada al cine estaría haciendo nuevos planes sobre los recursos existentes en este Fondo.

El Estado juega su rol, importante dentro de esta concertación. Considero que la adscripción del CNAC al Ministerio de Comunicación e Información responde más a una estrategia política de propaganda y control y no a las intereses propios de la cinematografía, sus creadores y el público.

El Nacional