Globovisión: memorial de agravios

La sociedad democrática venezolana saldrá mañana a proclamar en las calles, ante Venezuela y el mundo, su rechazo absoluto a la pretensión del teniente coronel Chávez de convertir nuestro país en un remedo de la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, régimen que el Jefe de Estado califica como “mar de la felicidad”. A tan pocos días de la conmemoración del 2 de diciembre de 2007, cuando el pueblo venezolano rechazó en referendo popular la trampa de Chávez para dar una fachada constitucional a su perverso plan autocrático y militarista, salir a marchar mañana es un compromiso ineludible para quien piense que los venezolanos tenemos el derecho y las oportunidades para vivir y progresar en paz. Son muchas las razones para sumarse a la marcha de mañana: para reclamar por una vivienda digna y rechazar las expropiaciones, contra la inseguridad, para denunciar la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción que nos somete a apagones constantes y fallas en el servicio de agua, contra la depauperación de la salud pública. Realidades dramáticas de las cuales se hacen eco los pocos medios de comunicación que aún sobreviven al cerco a la libertad de expresión que de manera sistemática ejerce el gobierno de Chávez, y que constituyen el telón de fondo de su reiterada amenaza contra el canal de noticias Globovisión. Al igual que la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, el teniente coronel Chávez sólo quiere una prensa, una radio y una televisión oficial, un Discovery Chávez permanente, cuyo botón de muestra es la degradada VTV.

Considero entonces que una muy buena razón para marchar mañana es por la defensa de la libertad de expresión, oxigeno vital de la democracia y, en particular, en razón de las reciente amenazas del presidente de la república, en solidaridad con Globovisión que ha resistido con entereza el acoso permanente y el complot de los poderes públicos en su contra. Para quienes necesiten algunas pruebas resumo nuevamente algunos hechos incontestables del informe institucional Globovisión en la mira: “Guillermo Zuloaga, Presidente de GLOBOVISIÓN, tiene dos (2) causas penales abiertas en su contra.   Su residencia fue allanada en 2 ocasiones. Su abogada también fue imputada. Zuloaga fue aprehendido el 25 de marzo de 2010 por el presunto delito de "informaciones falsas difundidas" y “vilipendio al Presidente de la República” durante su intervención en la SIP, el 21 de marzo; con insistente frecuencia el Presidente de la República ha referido la persecución contra el Presidente de GLOBOVISIÓN y ha amenazado con “tomar” esa televisora independiente; entre 2009 y 2010 en por lo menos  6 oportunidades el Presidente Chávez amenazó con revocar la concesión de GLOBOVISIÓN y ha dado  orden pública a CONATEL, la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia a actuar contra el canal y sus directivos; los directivos de GLOBOVISIÓN (Guillermo Zuloaga, María Fernanda Flores y Nelson Mezerhane) tienen actualmente causas penales abiertas en su contra; Nelson Mezerhane fue acusado por homicidio, estuvo preso aproximadamente 2 meses.  Su causa sigue abierta, “archivada” desde hace aproximadamente 3 años. Tras la intervención del Banco Federal en junio de 2010, institución de la cual era propietario, fue imputado por nuevos delitos relacionados con la actividad bancaria y fue solicitada nuevamente su aprehensión.  Se han tomado medidas contra sus bienes personales; Alberto Ravell, ex director general del canal, tiene más de 5 causas penales en su contra.  Entre los delitos que se le han atribuido resalta la incitación al magnicidio; la sede de GLOBOVISIÓN ha sido atacada violentamente en más de 10 ocasiones, con uso de granadas, bombas y armas de fuego; trabajadores de GLOBOVISIÓN han sido víctimas de más de 250 agresiones físicas por parte de funcionarios policiales, militares o por seguidores del Presidente Chávez; los directivos y trabajadores de GLOBOVISIÓN han sido objeto de más de 300 agresiones verbales por parte del Presidente de la República, altos funcionarios públicos y seguidores del Presidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el discurso violento del Presidente y altos funcionarios contra GLOBOVISION genera las agresiones físicas de las que son víctimas sus trabajadores. Contra GLOBOVISIÓN cursan aproximadamente 40 causas, entre juicios y procedimientos administrativos, iniciados por organismos públicos o por seguidores del Presidente Chávez ante diferentes tribunales, instancias y organismos públicos (CNE, Ministerios, tribunales de protección de menores, tribunales civiles, Tribunal Supremo de Justicia, etc.). En mayo de 2009, el SENIAT multó a GLOBOVISIÓN por un monto de 5 millones, que a los pocos días fue doblado a más de 9 millones de bolívares”.

¿Nos vemos mañana en la marcha?

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

¡Usted lo vio!

El crudo  e incesante acoso a Globovisión no es un hecho aislado. Las recientes acciones judiciales contra Guillermo Zuloaga y Nelsón Mezerhane, dos de sus principales accionistas, deben analizarse como parte del cerco a la libertad de expresión que está en marcha en Venezuela, libertad, que constituye el único antídoto contra el modelo autocrático y militarista que se nos pretende imponer.  Una mirada retrospectiva de estos once años de gobierno puede mostrar que estamos ante un plan, si bien no explícito en sus años iniciales se ha ido articulando hasta el momento en que se anuncia a viva voz la pretensión oficial de la hegemonía comunicacional. A partir del desacato del Presidente Chávez del resultado del referendo de diciembre de 2007,  podemos afirmar con  absoluta convicción que el cerco a la libertad de expresión en Venezuela anuncia la muerte de la democracia en nuestro país. Cuando hablamos de cerco nos referimos, efectivamente, a acciones judiciales, a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, a la actuaciones del Seniat y de Conatel, a las agresiones físicas a periodistas y sedes de medios de comunicación, a los insultos e intimidaciones del teniente coronel Chávez, a la utilización perversa de las cadenas presidenciales, al uso discrecional de colocación de la propaganda oficial, a la promoción de la autocensura, al desacato a los pronunciamientos y fallos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A manera de ejemplo,  nos detenemos en el informe Globovisión en la mira que el canal de noticias 24 horas publica en su portal digital. De manera sumaria, al estilo de los certeros micros ¡Usted lo vio! que transmite diariamente el canal, resaltamos: Guillermo Zuloaga, Presidente de GLOBOVISIÓN, tiene dos causas penales abiertas en su contra.  Pesan sobre él y su hijo las medidas de prohibición de salida del país y régimen de presentación.  Su residencia fue allanada en 2 ocasiones, ocasión la que, también, se imputa su abogada. El pasado 11 de junio un tribunal dictó una orden de captura en su contra. En el último año en por lo menos 4 oportunidades el Presidente Chávez amenazó con revocar la concesión de GLOBOVISIÓN.  El Presidente dio orden pública a CONATEL, la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia a actuar contra el canal y sus directivos.  Todos, de inmediato acataron la orden. Los directivos de GLOBOVISION (Guillermo Zuloaga, Alberto Ravell, María Fernanda Flores y Nelson Mezerhane) tienen actualmente causas penales abiertas en su contra. Mezerhane fue acusado por homicidio, estuvo preso aproximadamente 2 meses.  Su causa sigue abierta, “archivada” desde hace aproximadamente 3 años. Alberto Ravell, ex director general del canal,  tiene más de 5 causas penales en su contra.  Entre los delitos que se le han atribuido resalta la incitación al magnicidio. Guillermo Zuloaga, fue aprehendido el 25 de marzo por el presunto delito de "informaciones falsas difundidas" durante su intervención en la SIP, 4 días antes. La sede de GLOBOVISIÓN ha sido atacada violentamente en más de 10 ocasiones, con uso de granadas, bombas y armas de fuego. Trabajadores del canal han sido víctimas de más de 250 agresiones físicas por parte de funcionarios policiales, militares o por seguidores del Presidente Chávez. Los directivos y trabajadores de GLOBOVISIÓN han sido objeto de más de 300 agresiones verbales por parte del Presidente de la República, altos funcionarios públicos y seguidores del Presidente. En los últimos 14 meses CONATEL inició 6 procedimientos sancionatorios. En todos los casos las posibles sanciones son: suspensión de las transmisiones o revocatoria de la concesión. En el último año, el SENIAT multó a GLOBOVISIÓN por un monto de 5 millones, que a los pocos días fue doblado a más de 9 millones de bolívares; el TSJ dictó 4 decisiones en contra, en casos que tenían años pendientes: (i) se incautaron definitivamente microondas de la empresa, (ii) se declararon liberadas frecuencias radioeléctricas que estaban reservadas al canal para expandir su cobertura, (iii) se le aplicó una multa por aproximadamente 500 mil bolívares, que a los pocos días fue doblada; todos los registradores se han negado a recibir actas de asamblea de accionistas de GLOBOVISION y sus empresas relacionadas. Contra GLOBOVISION cursan aproximadamente 40 causas, entre juicios y procedimientos administrativos, iniciados por organismos públicos o por seguidores del Presidente Chávez ante diferentes tribunales, instancias y organismos públicos; se les ha impedido el acceso a cubrir informaciones oficiales en por lo menos 40 oportunidades.

En fin, pruebas y pruebas fehacientes de un perverso cerco.

¿La sociedad democrática venezolana dejará sola a Globovisión?

Óscar Lucien

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¿BBC criolla?

Pensar que Venezuela pueda contar con servicios públicos de radiotelevisión, cuyo paradigma se resume coloquialmente en la aspiración de una BBC criolla, ha sido motivo de burla, de incredulidad, incluso, en un momento determinado, de clara oposición. Con la perspectiva de estos once años de mediocridad, insuficiencias y descarada parcialidad de los medios bajo la tutela del teniente coronel Chávez y,  peor aún, bajo la declarada pretensión de una hegemonía comunicacional, quizá sea hora que la sociedad democrática encare nuevamente con seriedad la conveniencia de que los venezolanos podamos contar con unos servicios públicos de radiotelevisión.

¿Por qué se alude siempre a la BBC?  La Corporación Británica de Radiodifusión,  siempre se toma como referencia por ser la empresa pública con mayor tradición, universalmente reconocida por la prestación de sus servicios bajo el imperativo de la imparcialidad, el mandato de la precisión, la obligación de verificar y comparar la información tantas veces sea necesario, y, en definitiva, con el deber de “ser justos, estar libres de prejuicios, mostrar amplitud de criterio y respetar la verdad”.

Pero ¿no son estos los atributos esenciales de toda actividad comunicacional? Si, en efecto, pero las empresas de comunicación privadas prestan sus servicios condicionadas por los imperativos propios a una actividad comercial y se exponen más frágiles ante los intereses y compromisos políticos de sus propietarios y anunciantes.

En una sociedad democrática pueden convivir en equilibrio un sistema público de radiotelevisión y empresas de comunicación privadas, como ocurre en Europa, luego de los procesos de desregulación ocurridos en las últimas décadas del siglo pasado.

En Venezuela, la aspiración a un servicio público de radiotelevisión ya tuvo un elaboradísimo nivel de concreción en 1974, en el célebre Proyecto RATELVE.  La crítica situación de la comunicación de nuestro país, el cerco incesante a la libertad de expresión y de información, la confiscación de los espacios públicos y privados de la comunicación al servicio de la parcialidad política en el gobierno y el culto a la personalidad del presidente de la república, colocan nuevamente sobre la agenda pública, ahora con carácter de urgencia, la conveniencia de los servicios públicos no gubernamentales de comunicación, la vieja pero siempre vigente idea de una BBC criolla. Antonio Pasquali, reconocida autoridad en la materia, resume claramente lo definitorio de un servicio público: “... todo Servicio Público tiene como características esenciales las de ser Universal (igual para todos), continuo (ininterrumpido), versatil (diferenciado según necesidades), adecuado (tecnológicamente actualizado) y no-gubernamental (no políticamente controlado por gobiernos).  

Basados en estas consideraciones y conforme a lo establecido en el artículo 108 de la  Constitución: “El Estado garantizará Servicios Públicos de Radio y Televisión”, suscribí el documento que el pasado lunes 12 de julio, junto a Antonio Pasquali y Elizabeth Safar (exdirectores del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, UCV, y miembros del Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público), fue consignado en la Defensoría del Pueblo, en tanto institución con mandato constitucional para defender a los ciudadanos antes los abusos de las autoridades estatales. La Defensora Gabriela Ramirez está obligada a procesar esa documentada denuncia contra el gobierno por haber pervertido la función de los medios de Estado para convertirlos en: “a), uno de los mayores y más anti-democráticos instrumentos creadores de asimetría de poder a favor del grupo político gobernante, por confiscación total de su capacidad emisora y control ideológico de sus contenidos, habiéndosele confiado como única misión la de ser órgano propagandístico de la ideología oficial y principal emisor de las alocuciones presidenciales de obligatoria retransmisión,.... b) un mecanismo formador de opinión pública desde el cual funcionarios públicos abusan de sus cargos y funciones para vulnerar en su dignidad, discriminar, marginalizar e insultar a ciudadanos, grupos y partidos cuyas creencias  políticas no coinciden con  las del régimen en el poder, c) un caso emblemático de uso anti-constitucional, indebido y arbitrario  de patrimonio público puesto al servicio de la parcialidad política en el poder bajo el estímulo y el mal ejemplo del propio ciudadano Presidente de la República,...”.

La urgencia de una Autoridad Independiente garante del añorado servicio público, solicitada en el documento en cuestión, es, también, un importante aliciente para que el próximo 26 de septiembre votemos por una nueva Asamblea Nacional, equilibrada y plural.

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

El Nacional, 18 de junio de 2010

!Huele a fo!

"Algo huele a podrido en Dinamarca". Metáfora de estos tiempos de revolución bolivariana (sic), la podredumbre que cada día escandaliza a los venezolanos da trágica corporeidad a la alusión de Horacio en el Hamlet de William Shakespeare. Mucho huele a podrido en Venezuela y la criminal descomposición de alimentos y medicinas escondidas en contenedores y depósitos a lo largo de todo el país no es sino la materialización de lo que el mismo teniente coronel Chávez ha denunciado como talón de Aquiles de su revolución: burocratismo, ineficiencia y corrupción.

Después de tanto gallinero vertical, de cultivos “orinopónicos”, de saraos y rutas de la empanada, luego del anuncio de tantas comunas socialistas y como consecuencia de tanto ¡expropiése! irresponsable, a quién puede sorprender hoy ver a esos camiones con el logo de Agrotiendas Socialistas trasladando semillas de papa dañadas a un relleno sanitario. ¿De cuál soberanía alimentaria nos habla Chávez cuando la hediondez debería privarle el aliento para “encadenarse” a cada rato buscando  engatusar al pueblo sobre los verdaderos responsables de estos crímenes?

Huele a podrido en Venezuela. Pero en medio de la hediondez de los alimentos y medicinas corrompidos es importante detenerse en la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) mediante decreto presidencial 7454, con el objeto,  aparente, de  coordinar la recopilación de información que realizan las instituciones del Estado y analizar los datos que requiera el Ejecutivo para tomar decisiones estratégicas pero que, en el fondo, esconde un nuevo y sofisticado instrumento de control en el incesante cerco a la libertad de expresión en nuestro país. Uno de los aspectos más sensibles y delicados de la actuación de este CESNA es lo relacionado con su atribución (art.9) de “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento”.  En consecuencia, vista la vocación “secretista” de este gobierno los venezolanos estaremos ahora a merced de unos funcionarios que de manera discrecional determinarán cuales informaciones son aptas para el consumo de la ciudadanía, prerrogativa que contradice el mandato constitucional (art.337) según el cual, ni siquiera en los estados de excepción puede ser restringido el derecho a la información. De igual manera, los alcances tan genéricos de una atribución que permite al Estado (léase al Presidente) “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia” contraviene lo pautado en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA que establece: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

Temas tan delicados como este de informar sobre la podredumbre de alimentos, sobre la presencia de oficiales cubanos en la Fuerza Armada Nacional y en instituciones estratégicas como identificación y extranjería, notarias y registros públicos, sobre el número de asesinatos semanales y el genocidio carcelario, dar cuenta de las ingentes sumas de dinero que se regalan a otros países, de acuerdo a consideraciones de este CESNA pueden considerarse de “reservado, clasificado, o de divulgación limitada” y privar a la soberanía de estar enterada de informaciones de evidente interés nacional.

El libre acceso a la información pública es un derecho constitucional: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular (...)” art.143. La creación del CESNA no hace sino escamotear este derecho y ofrecer un manto de seudo legalidad a indebidas prácticas, habituales de funcionarios públicos y del obsesivo celo de las instancias institucionales para la cobertura de los medios independientes.

Huele a fo y el olor es tan fuerte que no hay CESNA que pueda esconderlo. Tampoco las largas cadenas que, igualmente son otra modalidad de restricción de acceso a la información. Insisto, el libre acceso a la información pública es un derecho constitucional, razón por la que el próximo 26 de septiembre debemos elegir diputados que hagan cumplir la Constitución.

Óscar Lucien

Twitter:@olucien