Comunicado

Gobierno mantiene política de  agresiones e impunidad

Expresión Libre condena agresiones a periodistas en Aragua y Lara

Expresión Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia, vuelve a alzar su voz de denuncia y preocupación en rechazo a las continuas agresiones que sufren quienes tienen la función y el deber de informar a la colectividad sobre el acontecer nacional, como lo son los periodistas profesionales.

Como se ha denunciado en incontables ocasiones, en Venezuela trabajar como integrante del equipo reporteril de cualquier medio de comunicación independiente se ha vuelto una labor de alta peligrosidad, por las continuas agresiones que reciben periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos, durante las coberturas de las pautas que se les asigna.

Este jueves 11 de agosto se les violaron los derechos humanos a varios trabajadores de la comunicación por el simple hecho de estar haciendo su trabajo, recabar información para transmitirla al público.

En Maracay, estado Aragua, durante una actividad organizada por el Colegio de Médicos de esa entidad y la Federación Médica de Venezuela en protesta por la crisis de salud, el reportero gráfico del Diario El Siglo, Luis Torres, fue salvajemente agredido, lanzado al suelo y pateado, por un grupo que le exigía que no tomara fotos. El hecho ocurrió en los alrededores del Hospital Central. Los agresores llegaron de forma amenazante hacia donde estaban los médicos protestando, tomaron fotos, rompieron las pancartas de los manifestantes y agredieron también a varios galenos. La cámara de Luis Torres fue destrozada. Como agresores son señalados los llamados “grupos de choque” del hospital que depende de Corposalud.

Por otra parte, en Barquisimeto, estado Lara, en los alrededores del Centro Comercial Cosmos, durante un operativo especial de la Alcaldía de Iribarren que tenía como objetivo desalojar a los revendedores de teléfonos celulares y de otros objetos presuntamente producto de  robos, los afectados que se oponían a la medida de desalojo agredieron a los periodistas María Laura Martínez de Telecentro, a quien golpearon en la cara y le robaron el celular corporativo y el micrófono; igualmente a Marcos Chaviel, de V+TV; a Emilisa Rodríguez, de la Alcaldía de Iribarren; al camarógrafo Ildemaro Graterol, de Telecentro, y al reportero gráfico de El Informador, Rafael Rodríguez.

Estas agresiones se repiten con escandalosa frecuencia dada  la instauración por parte del Gobierno de una política de impunidad en protección de los agresores y delincuentes, por lo general adeptos al partido oficialista, que llevan a cabo estos ataques, a pesar de las constantes denuncias ante el Ministerio Público y organismos policiales.

De esta forma,  al impedir la labor periodística se viola  también  el derecho de los ciudadanos a estar informados y de poder expresarse libremente.

Esta combinación de agresiones e impunidad resulta desde todo punto de vista inaceptable en una sociedad democrática, como la que aspiramos la inmensa mayoría de los venezolanos. Al condenarla de la manera más enérgica, desde Expresión Libre nos solidarizamos con todos los periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos victimas de estas acciones delincuenciales y le exigimos al Defensor del Pueblo y a la Fiscal General de la República, que actúen con celeridad y justicia para que se apliquen las sanciones previstas por las leyes.

Caracas, 12 de agosto de 2016 

Máximo Tribunal no ve nada malo en que 

el Presidente encadene a la radio y TV

Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que el Presidente de la República pueda ordenarle a todas las televisoras y emisoras de radio a transmitir sus alocuciones y actos, sin tipo de restricción no le preocupa en lo absoluto, por el contrario considera que de esta manera el Gobierno evita que “nadie quede excluido del conocimiento de hechos relevantes”.

Así lo dictaminó la Sala Constitucional en su sentencia 2152, del 14 de noviembre de 2007, en la cual rechazó un recurso de nulidad que el entonces dirigente político Antonio Ledezma interpuso en julio de 2003 contra el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el cual precisamente faculta al Jefe del Estado ordenarle a todos los medios radioeléctricos a interrumpir sus transmisiones regulares y emitir los mensajes que él , el Vicepresidentes o los ministros del Gabinete Ejecutivo deseen lanzar sin ningún de tipo de restricción de tiempo ni de tema y mucho menos sin compensación alguna.

En el fallo redactado por Francisco Carrasquero López negó que las cadenas violen el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información, por el contrario afirmó que lo garantiza, “toda vez que coloca a la ciudadanía en condiciones de igualdad real sobre las oportunidades de acceso a la comunicación de relevancia general, corrigiendo eventuales desequilibrios en la transmisión de mensajes cuyo conocimiento resulta necesario para el colectivo”.

En sus largos mensajes al país tanto el fallecido Hugo Chávez como su sucesor, Nicolás Maduro, no se han realizado anuncios o referido a asuntos relacionados con su acción de Gobierno, sino que han criticado, atacado y hasta insultado a sus oponentes e incluso han revelado asuntos íntimos, referidos a su niñez, infancia, educación o familia.

La Sala también rechazó que las cadenas impliquen confiscación alguna para los medios, porque “no afecta per se la totalidad de los bienes o una parte sustancial de los operadores. Antes bien, los medios de comunicación, ni sufren el desapoderamiento de sus equipos o infraestructura,  ni de los ingresos que su actividad genera, sino que presentan una merma en el desarrollo de su actividad comercial por el espacio que dure el mensaje o alocución, el cual se constata por hecho notorio, que en ningún caso se extiende a copar la mayor parte de las transmisiones de un canal de radio o televisión”.

Esta última afirmación quedaría en entredicho en enero de 2012, cuando la cadena con motivo de la presentación del informe anual del presidente Hugo Chávez se prolongó por casi 10 horas, más de un tercio de una jornada de operación de los medios audiovisuales.

Por último, dejó las puertas abiertas a que los denunciantes acudieran ante la jurisdicción contencioso administrativo para actuar contra la omisión en la que ha incurrido el Gobierno al no dictar un reglamento que regule el uso de estas transmisiones.

De acuerdo con el Cadenometro del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello desde que Maduro asumió la jefatura del Estado en 2012, y hasta el 24 de junio de 2016, ha pasado 575 horas hablando en cadena de radio y televisión. Por su parte su antecesor, quien comenzó con esta tradición, pasó 1639 horas frente a una cámara o micrófono, según datos de la organización Espacio Público.

Fuente:https://supremainjusticia.org/2016/07/28/maximo-tribunal-no-ve-nada-malo-en-que-el-presidente-encadene-a-la-radio-y-tv/?platform=hootsuite