EL NACIONAL - VIERNES 21 DE JUNIO DE 2013

Opinión ¿TV de servicio público?  ÓSCAR LUCIEN @olucien 1 .La reciente decisión del Gobierno griego de cerrar la radiotelevisión pública (ERT) ha avivado nuevamente la polémica en Europa sobre la vigencia de los servicios públicos de radiotelevisión y el papel que deberían jugar en un contexto de múltiple oferta mediática. Con relativo prestigio en Francia, Italia, España, el norte lo ha marcado siempre el Reino Unido con su legendaria BBC, reconocida por su compromiso de "ofrecer en sus programas y servicios los niveles de calidad editorial y principios éticos más altos, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo". Contrariamente al desarrollo de la radiotelevisión en este lado del mundo, el modelo europeo de radio y televisión siempre fue un monopolio público hasta los años ochenta cuando se produjeron acelerados procesos de desregularización y de privatización que determinan el panorama audiovisual actual de toda Europa. Siempre en el candelero del debate político y de las interferencia de los grupos políticos cuando acceden a posiciones de gobierno, la radiotelevisión pública garantiza a los ciudadanos unos compromisos con la información, el entretenimiento, la educación, la pluralidad de la opinión política, muy complejos y contradictorios en el sistema privado condicionado por los imperativos de la publicidad comercial y los intereses de grupos privados. Comprensible entonces la alarma con la decisión griega que no sólo deja a millares de personas sin empleo, sino que cierra una fundamental ventana de comunicación a la sociedad. Al suprimir la oferta de una comunicación desde la óptica del servicio público se le sustrae oxígeno a la democracia. 2. Paradójicamente las preocupaciones más visibles sobre los temas de comunicación en el caso venezolano parecieran centrarse en el ámbito privado como consecuencia de las sorpresivas compras de medios de comunicación. El caso más emblemático ha sido el del canal de noticias Globovisión, apreciado por un importante sector de la colectividad venezolana por su política editorial claramente opuesta al Gobierno y por una oferta informativa no apegada a las matrices comunicacionales oficiales. También han sido temas de interés la compra de la popular Cadena Capriles, conglomerado mediático de medios impresos de alta penetración en audiencias populares, o las posibles ventas del impreso El Universal y la planta televisiva Televen. Tal interés deriva no sólo por la opacidad en las transacciones y los perfiles de los nuevos propietarios, sino también por la presunción de potenciales cambios en las líneas editoriales y políticas informativas de estos medios en nuevas manos que se alejen de los intereses más plurales de la colectividad venezolana y se alineen con directrices gubernamentales, con un claro sesgo partidista o de mero sello propagandístico. Estemos claros: cambios en las composiciones accionarias o titularidad en propiedad de las empresas no constituyen en esencia fuente del problema, pero si tales cambios obedecen a presiones o estrategias oficiales para silenciar o mediatizar políticamente medios, la alarma y preocupación son válidas. Insisto, si se limitan fuentes plurales de información y espacios de diversidad para la opinión política se quita oxígeno a la democracia. 3. Hace unas semanas se cumplieron seis años del brutal cierre de RCTV. Con todo lo arbitrario y errado de esa decisión, el Gobierno intentó buscar una cierta "legitimidad" en el supuesto de utilizar la recuperada frecuencia en manos privadas para cumplir con el mandato constitucional de ofrecer a los venezolanos un servicio público de radiotelevisión. Transcurridos seis años, todo es transparente: fue un engaño. Un engaño aun para quienes ingenua o manipuladamente validaban la potestad estatal para la administración del uso de frecuencias del espacio radioeléctrico limitado. Venezuela, luego de quince años de una administración caracterizada por la más absoluta perversión de la confusión entre partido, Gobierno y Estado no sólo no dispone de un asomo de un verdadero servicio público de radiotelevisión sino que ha degradado la comunicación pública a los estándares más primarios del amarillismo político, el proselitismo, el culto a la personalidad al fallecido ex presidente y la clausura absoluta de la diversidad de la opinión política del país. Un servicio público de radiodifusión debe atender a criterios esenciales de universalidad, independencia editorial, diferenciación, diversidad, credibilidad y cohesión social; debe garantizar la pluralidad política del país. En Grecia se cancela la radio y la TV pública porque el Estado no tiene recursos. En Venezuela, precisamente, por todo lo contrario: tiene recursos y abusa de su poder.

EL NACIONAL - VIERNES 07 DE JUNIO DE 2013	OPINIÓN/7

Opinión Fuentes congeladas  ÓSCAR LUCIEN @olucien D os eventos relevantes relativos a las limitaciones de acceso a las fuentes de información han sido noticia esta semana. Vivimos en carne propia el desplante de Tibisay Lucena, presidenta del CNE, para muchos ministra de asuntos electorales del gobierno, con el periodista Eugenio Martínez, apreciado y reconocido periodista, experto en la fuente electoral. Talante altanero y de ruda manera la rectora Lucena cercenó el derecho de palabra de Martínez, y lo calificó de "operador político". Este caso toma mayor relevancia porque fue visto "en vivo y en directo" en la televisión y tuvo destacada resonancia en las redes sociales. Fuera del ámbito de la agresión personal, presumiblemente derivada de la publicación del artículo "El error 0 del CNE" en El Universal , la actitud de esta funcionaria contra un comunicador social no es un hecho aislado en la administración pública. También hemos seguido en noticieros y medios impresos las peripecias de la periodista Maru Morales, de El Nacional , ante el TSJ solicitando un amparo para librarse del veto comunicacional que se ejerce en la AN para la cobertura informativa de los medios independientes desde la época en que era presidida por Cilia Flores. Esta ex diputada, convertida hoy por actos de magia electoral en primera combatiente (sic), clausuró la cobertura directa de los medios de comunicación de las sesiones plenarias, los obligó a conectarse a la señal de la ANTV y confinó a los periodistas a un espacio anexo, fuera del recinto de los debates. Desde ese momento los venezolanos nos enteramos de las discusiones parlamentarias bajo el sesgado color rojo y poco profesional filtro del canal ANTV. Es importante insistir en que no estamos antes hechos insólitos o casos aislados, sino que las limitaciones que hacen visible estos recientes episodios constituyen el pan cotidiano del ejercicio del periodismo en Venezuela y tienen un lugar destacado en lo que llamo "cerco rojo" a la libertad de expresión en nuestro país. Gracias a la "mediatización" de estos casos, los venezolanos han podido tomar conciencia de una situación grave y delicada como lo es la limitación a las fuentes de información que, junto con la autocensura, pareciera no tener la debida visibilidad y resonancia entre los otros graves problemas que restringen la libertad de expresión y el derecho a la información: violencia física, censura directa, colocación discrecional de pauta de propaganda oficial, manejo político de Conatel y Seniat, promoción de autocensura, compra directa de medios de comunicación que reflejen líneas editoriales y políticas informativas independientes. Vale la pena dejar sentado que no estamos ante un problema exclusivo de los profesionales del periodismo sino de un grave asunto que concierne a todos los ciudadanos. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aparte 4, de la OEA, consagra que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos, y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Las únicas limitaciones excepcionales a este principio deben estar establecidas previamente por la ley en la circunstancia que exista un real peligro que amenace la seguridad nacional. La desidia parlamentaria que abdicó de su función legislativa al habilitar indefinidamente al difunto ex presidente, y sólo parece tener tiempo para la aprobación de créditos adicionales para el Gobierno, no ha posibilitado que Venezuela cuente con una normativa que garantice el acceso a la información pública, otra de las ostensibles moras del Parlamento venezolano. Sin embargo, la Constitución sí establece unos derechos que deben obligar al Estado a mayor flexibilidad y transparencia. De acuerdo con el artículo 28, "toda persona tiene derecho de acceder a los datos que (...) consten en registros oficiales o privados (...) y poder acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley". En atención al artículo 143, los ciudadanos tienen derecho de ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados. Por fortuna, esta semana la bancada parlamentaria demócrata ha anunciado el compromiso de garantizar la presencia de medios de comunicación independientes en la AN. La sociedad civil, y no sólo los gremios profesionales de la comunicación, debemos acompañarlos en esta importante iniciativa.