¿Comunicación del poder popular?
L a introducción del proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular (sic) en la Asamblea Nacional en nada se diferencia de otras propuestas del gobierno del teniente coronel Chávez, y, por el contrario, confirma lo que es imposible dudar que forma parte de la estrategia legislativa oficialista: hacen circular un proyecto apócrifo sobre el tema propuesto en el cual se expresa lo medular del asunto en sus términos más radicales para luego ser desmentido alegando que se trata de un borrador, o de una de las versiones preliminares ya corregidas. Poco después aparece la versión oficial, previo tratamiento cosmético, en la cual se han maquillado los apartes que han causado más preocupación en la colectividad y han edulcorado los artículos más criticados pero en lo esencial se mantiene el propósito y naturaleza del proyecto jurídico: autoritario y centralizador aunque bajo el manto de la retórica democratizadora.
Para detenernos sólo en el campo de la comunicación, así ocurrió con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, con el frustrado anteproyecto de Ley de Delitos Mediáticos, y es lo que ocurre ahora con el proyecto de la así llamada Ley de Comunicación para el Poder Popular.
Con lo difícil que significa expresar una opinión fundamentada sobre este proyecto, que adolece de la mismas maniobras de cambios y modificaciones de artículos y de exposición de motivos, adelanto una versión sumaria del punto de vista que me han solicitado en otros medios tratando de puntualizar cuáles serían los aspectos esenciales que un proyecto de esta naturaleza, desde una perspectiva verdaderamente democrática, no podría eludir.
En primer lugar, el proyecto salda una mora de más de diez años de acuerdo con el mandato del La ley Orgánica de Telecomunicaciones: "El Estado promoverá la existencia de estaciones de radiotelevisión sonora y abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, como medios para la comunicación y actuación, plural y transparente, de las comunidades organizadas...".
En tal sentido, conceptualmente, la existencia de medios comunitarios ofrece la posibilidad real de una radio-televisión de proximidad, garante del pluralismo, en sintonía permanente con necesidades y expectativas de comunicación que no tienen cabida en los grandes aparatos de la difusión masiva condicionada por otros imperativos, entre ellos la rentabilidad, y mucho menos en los medios públicos, controlados por el Gobierno y sometidos a obscenos dispositivos de propaganda y del culto a la personalidad del Presidente. ¿No es acaso una desgraciada realidad la puesta en marcha de un plan del Gobierno que ha desnaturalizado los medidos comunitarios en sus propósitos y objetivos originarios, que sólo reciben apoyo si se alinean con el proyecto político del oficialismo y, en consecuencia, carecen de dos de sus rasgos definitorios: independencia y pluralismo? La propuesta de Ley de Comunicación para el Poder Popular, para consolidar y fortalecer el Estado comunal (sic) y construir el socialismo es contraria a la Constitución, es excluyente y discriminatoria. Un proyecto de ley en esta materia, de motivación democrática, tiene que ser plenamente consecuente con los principios del Derecho internacional para la regulación asociada a la libertad de expresión (principio de no discriminación, derecho de asociación, condicionamientos previos relativos a cobertura y potencia, libertad editorial, independencia financiera, entre otros) y con las recomendaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios: "La diversidad y el pluralismo en la radiodifusión es el principal objetivo de cualquier marco regulatorio de radiodifusión democrático".
A pesar de las contundentes críticas que se han hecho al proyecto de Ley de Comunicación Popular, en lo esencial por ser contrario a la Constitución de la República que consagra el pluralismo, el Gobierno ha amenazado con pasar su aplanadora antes del 15 de diciembre y aprobar en segunda discusión una versión que incluso desconocían los parlamentarios de la alternativa democrática en la AN.
¿Se habrá retomado allí lo contenido en el anteproyecto de abril de 2011sobre la asignación de 33% del espectro radioeléctrico al Poder Popular (sic)? ¿En qué queda lo relativo al financiamiento? ¿Habrá una mención concreta a las limitaciones expresas a la potencia irradiada? ¿Seguirán los medios comunitarios condicionados normativa y financieramente por la Vicepresidencia de la República? ¿Se seguirá hablando en la exposición de motivos de "la canalla mediática nacional"? ¿Comunicación popular o hegemonía oficialista?
EL NACIONAL - VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2011
Al menos 20 emisoras de radio han sido cerradas por Conatel en los últimos dos meses. La forma en que han desalojado los equipos y los pretextos que utilizan para tomar esta medida ponen en evidencia que no se trata, como explican, de un "plan de acción para el control de la prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones", sino de una estrategia política.
Tal es el caso de Machiques 106.3, una de las tres emisoras de Perijá, en el estado Zulia, a la cual se le aplicó el pasado 2 de noviembre una medida cautelar por presunta "actividad clandestina".
Sin embargo, el propietario de la radio, Robinson Millano, denuncia que no pueden calificarlos de clandestinos porque antes habían sido inspeccionados y tenían más de 10 años funcionando. "Estábamos ilegales por culpa de ellos. Desde 2006 estábamos esperando respuesta de Conatel. Habíamos entregado toda la permisología que exigen y hasta habíamos pagado alrededor de Bs 13 millones", dice.
Millano relata que "un piquete de más de 50 guardias llegó a la emisora.
Agarraron al operador, que no cargaba las llaves, fueron al liceo donde trabaja mi esposa y la sacaron de ahí con amenazas, intimidación y armas largas.
Buscaron las llaves en mi casa, asaltaron la radio y le dieron a mi esposa un trato como si fuese la peor de las delincuentes", expresa.
LA RABIA DEL SALTO DE TALANQUERA En el caso de esta emisora la intención política parece ser muy clara, pues Millano confiesa que durante casi 20 años apoyó al presidente Hugo Chávez, es capitán retirado de la aviación, fue el fundador del MVR en Machiques, director regional del INTI y del Tránsito Terrestre, prefecto del municipio Machiques y candidato a esa alcaldía en 2000.
"Pero en 2002 comencé a ver que Chávez promueve la lucha de clases y que ha habido una desviación absoluta. Mi emisora era la única firmemente opositora de la zona. Mientras estuve con el chavismo no tuve problemas con la radio", añade.
PATTY FUENTES GIMÓN
Tal Cual, Viernes 02 de Diciembre de 2011
Trabajadores de Globovisión fueron ayer a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para exigir respuesta al amparo que la defensa del canal introdujo hace 25 días, en el que solicitó que le retiren a la televisora la multa por 9,3 millones de bolívares.
El 18 de octubre Conatel sancionó a Globovisión por considerar que la cobertura que hizo de los sucesos ocurridos en la cárcel Rodeo entre el 16 y el 19 de junio incitaba a alterar el orden público, fomentaba la zozobra, demostraba odio político y constituía apología al delito.
María Alejandra Fernández, periodista que reportó gran parte de lo ocurrido en Rodeo, leyó un comunicado en nombre de los empleados en el que aseguran que "la actuación periodística fue impecable, apegada a la ley y a los principios éticos y profesionales del periodismo, propios de la libertad de expresión e información".
"Reiteramos que la multa impuesta es inconstitucional, injusta e impagable, y que no sólo afecta a los accionistas y trabajadores de Globovisión, sino a todos los venezolanos.
Esta sanción impuesta por un directorio (de Conatel) parcializado en su mayoría de funcionarios públicos y afectos al presidente de la República es a todas luces política", señala el documento.
El comunicado señala que el objetivo de la multa es "atemorizar a los periodistas y quebrar económicamente a Globovisión".
Parcializados. Ricardo Antela, abogado de la televisora, denunció que por ley la Corte tenía máximo tres días para pronunciarse y advirtió que el Poder Judicial no es imparcial.
"Ofender e injuriar está protegido por la libertad de expresión, pero informar o criticar al Gobierno, si se hace desde Globovisión, es un delito de conspiración y de golpe de Estado", dijo en referencia a la decisión del Tribunal 15º de Juicio que el miércoles exoneró de responsabilidad penal a Mario Silva, quien llamó "hijo de puta" a Miguel Henrique Otero.
DIANA LOZANO PERAFÁN
EL NACIONAL - VIERNES 02 DE DICIEMBRE DE 2011
