Autocensura

El reciente encarcelamiento de Oswaldo Álvarez Paz por sus opiniones expresadas en el programa Alo Ciudadano, de Globovisión, debe entenderse en el marco del incesante cerco a la libertad de expresión en Venezuela. De manera acertada, el comunicado de la “Mesa de la Unidad Democrática” señala que la detención del exgobernador del Zulia “es un intento de promover el miedo y la autocensura, como medios para silenciar a los venezolanos”. Por un lado, el gobierno busca acallar a los medios de comunicación mediante dispositivos legales que determinan supuestos ampliamente genéricos de infracciones que criminalizan la opinión y penalizan la expresión pública del disentimiento; se utilizan los controles impositivos, la discrecionalidad en la pauta de propaganda del gobierno y se recurre a la sanción extrema del cierre o revocatoria de licencia a capricho del ente regulador (sic).

Pero, por otro lado, se ponen en práctica mecanismos más sutiles y perversos para promover la autocensura: el propio condicionamiento de los medios de comunicación por temor a las repercusiones negativas derivadas de su labor intrínseca de información y de opinión. La averiguación contra el Presidente de Fedecámaras por declaraciones en el programa La Entrevista de RCTV internacional, el juicio a Rafael Poleo por  comentarios en Alo Ciudadano y la privación de libertad a Oswaldo Álvarez Paz, para solo citar los casos más recientes, tienen un impacto nefasto para la garantía de la pluralidad de la opinión pública de los venezolanos. Aunque los medios impresos no son ajenos a esta perversa dinámica, particularmente, por su mayor audiencia, se busca atemorizar a los prestadores de servicios radioeléctricos, en la misma medida que se pretende atemorizar al ciudadano común cada vez más inhibido a la expresión libre de su pensamiento. Y esto atenta contra la vida democrática. 

El oxígeno indispensable de una democracia es la garantía de que todos los ciudadanos puedan expresar de viva voz o por cualquier medio, su parecer de cuanto acontece en su vida ciudadana. Esta norma esencial, consagrada en las legislaciones de las democracias modernas, no siempre supone un diálogo fluido entre los ciudadanos y el Estado. En Venezuela son numerosos los ejemplos que muestran lo intolerante que pueden ser los gobiernos frente a la crítica de sus adversarios, como torcidos y perversos los mecanismos que se ponen en marcha para silenciar las opiniones adversas. A pesar de la insistencia oficial de que el gobierno actual ha sido muy respetuoso de la libertad  de expresión, lo “dicho dicta mucho del hecho”.

Más allá de las constantes embestidas verbales del Presidente contra los periodistas, de las descalificaciones a columnistas, de las constantes interpelaciones – y en repetidos casos  agresiones- a propietarios de los medios, son muchas las situaciones de coerción a los periodistas que han quedado en el limbo de la confusión, en la opacidad de lo sucedido, que le hacen muy flaco servicio al necesario y vital compromiso del ciudadano con la defensa de la libertad de expresión. Valdría la pena tener a mano un inventario de delicadas situaciones que han privado a la ciudadanía de numerosas fuentes de información y de opinión. Eventos en los que las explicaciones no han sido del todo claras y trasparentes y donde el ciudadano ha quedado con una extraña desazón que posibilita la coartada oportuna del régimen: se trata de un problema privado, entre patronos y empleados, y el gobierno no tiene nada que ver con el asunto. Y en lugar de explicación, clara y transparente, magazines ligeros, horóscopos, cartas astrales, comiquitas. Comiquitas que no dan risa por supuesto.

Los ciudadanos, y no sólo los periodistas y empresarios de los medios, tenemos la enorme responsabilidad de estar muy atentos a la más mínima acción gubernamental, o privada, que impida la libre expresión. En el mundo de hoy, se hace cada día más imposible callar a un medio con tanques de guerra o comandos policiales. Pero existen mecanismos más sutiles y certeros que una metralla o una paliza, que, aparentemente, no dejan huellas.

La prisión de Oswaldo Álvarez Paz es un claro mensaje del gobierno. Abrumado por las denuncias de corrupción, inmovilizado por el burocratismo y la ineficiencia, blanco de consistentes críticas por su incapacidad para resolver la adecuadamente la prestación de servicios tan esenciales como el agua y la electricidad, y asediado por los sondeos de opinión que vaticinan la pérdida de la Asamblea Nacional el gobierno arrecia su ataque a los medios. Tiene en marcha todos los dispositivos y la autocensura es uno de los más perniciosos.

Oswaldo Álvarez Paz está preso por opinar libremente. ¿Se impondrá la autocensura?

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

El Nacional, 26 de marzo de 2010

Internet en la mira

La verborrea del teniente coronel Chávez ha encendido nuevamente la mecha y la obsecuente Fiscal General Ortega Díaz terminó por enredar el asunto citando chapuceramente a la canciller alemana Angela Merkel: “Internet no puede ser un territorio sin ley”. La alarma, legítimamente, se ha disparado. La Asamblea Nacional se ocupa del tema del asunto en un penoso acto de logomaquia, es decir, en una discusión en la que se atiende solo a las palabras y no a lo esencial del asunto.

Con todos sus bemoles, Internet representa la utopía de la comunicación. Por su filosofía del intercambio abierto de la información, la producción social del conocimiento y de la inteligencia colectiva. Por su arquitectura informática reticular, por la multidimensionalidad de los tipos de comunicación posible (interpersonal, de grupo, o masiva), por la hipertextualidad, por la desterritorialización. 

Sin embargo, es obvio, que en la realidad real, Internet no es un mundo aparte, que se encuentra en continua interrelación con el resto de la sociedad y en, consecuencia, condicionado por ella misma.

Internet, en efecto, no es un territorio sin ley. Existen condicionamientos, leyes si se quiere, relativas a la arquitectura de la información, a los protocolos que deben usarse para poder comunicar, sistemas de filtros propios a la misma red. Existen leyes relativas a la llamada cibercriminalidad, para la protección contra los fraudes electrónicos, contra la pedofilia y la pornografía infantil. En Alemania, por ejemplo, ya que ha citado a la canciller Merkel, está prohibido cualquier tipo de propaganda nazi. Esta es una prohibición que está asentada en la Constitución alemana. Y sin embargo, los nazis alemanes que no pueden colgar su propaganda en el portal Yahoo  alemán, porque está prohibido, lo colocan en el Yahoo francés. Internet no puede ser un territorio sin ley, es verdad, y de hecho no lo es. En las sociedades democráticas, donde el Estado actúa en defensa de los ciudadanos, se legisla para proteger a los ciudadanos de la utilización indebida de datos sensibles, contra el uso de informaciones personales para la creación de perfiles de usuarios con fines económicos.

En el caso de Venezuela toda referencia a una eventual regulación a un medio o sistema de comunicación como Internet genera preocupación por la racionalidad totalitaria y no democrática en el fondo de su motivación. La intervención de altos voceros del gobierno no ha contribuido a tranquilizar a la colectividad. Al Presidente de la República se le informa de una noticia falsa en un portal digital sobre la presunta muerte de uno de sus Ministros. En lugar de solicitar la corrección, la rectificación oportuna o en, caso extremo, querellarse con el autor de la noticia, al Jefe del Estado no se le ocurre otra cosa que mandar a controlar Internet. Es como si se pretendiera legislar y controlar la venta de cuchillos porque un amante enloquecido por los celos apuñaleó a su compañera. La Fiscal General, bueno, ni se diga. En lugar de defender derechos de la ciudadanía o, en el caso en cuestión, averiguar lo que ocurre, también solicita una ley, que dados sus antecedentes cuando propuso la Ley contra Delitos Mediáticos, no puede ser sino para controlar. Aristóbulo Isturiz ex-Ministro de Educación que tiene responsabilidad en la fallida aplicación del Decreto 825 relativo a Internet como prioridad para el desarrollo, “para facilitar la promoción y masificación de su uso en la población” defiende al Jefe del Estado aclarando que no se pide una nueva legislación porque esta ya existe: la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con las pestañas?

La hipersensibilidad del gobierno a la crítica que cada vez se estrecha en los medios masivos de comunicación, el efectivo cerco a la libertad de expresión en nuestro país a través de dispositivos legales como la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, la utilización discrecional del uso de la propaganda del gobierno para premiar o castigar políticas editoriales e informativas independientes y particularmente, la creciente y perversa autocensura, ha hecho que Internet se potencie como fuente esencial de información y comunicación. Y por ello debe ser preservada del control del gobierno.

Internet, en efecto, no es un mundo, aparte. No es un territorio sin ley. Pero Internet representa el imaginario de la comunicación y de la información sin restricciones, de la horizontalidad. Más allá de las consideraciones, restricciones y controles que las sociedades democráticas han ido construyendo para preservar este espacio de libertad con la protección debida a derechos humanos fundamentales, el mayor control sobre Internet es su credibilidad.

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

¿Vayan a lavarse ese palto?

A comienzos de mayo de 2007 se conoció en Venezuela una declaración de la Comisión interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) sobre la amenaza de cierre de RCTV, en la cual se acusaba al Estado venezolano de violar la libertad de expresión, de atentar contra la integridad de sus periodistas y trabajadores y de violar sus garantías judiciales. La respuesta del jefe del Estado no se hizo esperar: ¡Vayan a lavarse ese palto!

Sorpresa. No. Este ha sido el tono y la conducta del gobierno venezolano frente a las numerosas declaraciones, denuncias y demandas de la Comisión como de los fallos de la Corte misma. Displicencia, discurso altisonante, desacato. La CIDH ha dictado numerosas medidas cautelares en defensa de la libertad de expresión en Venezuela y de protección a trabajadores y periodistas que se han estrellado contra los oídos sordos y el desacato del jefe del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia, supuesto garante de la constitucionalidad de los pactos y tratados legítimamente firmados por la república.

Una de las disposiciones que hacían considerar la Constitución venezolana entre las más avanzadas del mundo la consagra su artículo 23: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (...)  son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Como sabemos, otra letra muerta de la Carta Magna que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la penosa situación de la democracia en Venezuela pone al desnudo, vista la reiterada indisposición del Estado venezolano de atender a sus recomendaciones. ¡Vayan a lavarse ese palto!

El informe aborda asuntos capitales referidos a los derechos políticos y la participación, la separación e independencia de los poderes públicos, la defensa de los derechos humanos y la libertad de asociación, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales y los derechos, económicos, sociales y culturales y a la libertad de pensamiento y expresión.

Respecto de este último y medular aspecto, tanto los dictámenes ­­­­­­de la Comisión como de la Corte Interamericana expresan con reiteración que se acuerdan medidas en beneficio de los periodistas, directivos y trabajadores de medios de comunicación venezolanos  por considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión se encuentran en una situación de grave riesgo,  agudizado, además, por el continuo incumplimiento por parte del Estado venezolano a las medidas cautelares acordadas a favor de dichos medios y comunicadores.

Nuevamente, el informe de la CIDH describe los aspectos más recientes relacionados con la libertad de expresión y reitera sus recomendaciones al Estado venezolano. Entre los elementos analizados por la CIDH resaltamos los siguientes: impactos negativos de la Ley Resorte, el acoso a Globovisión, la utilización perniciosa de las cadenas presidenciales, la tipificación de delitos contra el honor, el código de justicia militar, las manifestaciones de altas autoridades del Estado contra medios de comunicación y periodistas con base en la línea editorial, los casos de Cedice y de las asociaciones teatrales, la suspensión de 32 emisoras de radio, las agresiones físicas a periodistas.

La CIDH insiste en recomendar al Estado venezolano, entre otras:

a)Adecuar  la  legislación  interna  conforme  a  los  parámetros  establecidos  en  la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de Principios sobre Libertad 

de Expresión. b) Asegurar  que  el  uso  de  la  facultad  de  imponer  la  cadena  a  los  medios  de  comunicación  para  difundir  mensajes  estatales,  se  adecue  a  los  estándares interamericanos especialmente en lo referido a la satisfacción del 

requisito  de estricta necesidad. c) Garantizar  la  más  absoluta  imparcialidad  y  el  debido  proceso  en  todos  los  procedimientos  administrativos  y  judiciales. d)Asegurar que ninguna de sus actuaciones está motivada o dirigida 

a premiar a los medios que comparten su política de gobierno o castigar a aquéllos 

que son críticos o independientes. e)Mantener desde las más altas instancias estatales 

la condena pública de los actos de violencia contra los comunicadores sociales y 

medios de comunicación. f)Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger 

la vida, la integridad personal de los comunicadores sociales, y la protección de la 

infraestructura de  los  medios  de  comunicación. ¿Vayan a lavarse ese palto?

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

El Nacional, 12 de marzo de 2010