ANTV: ¿canal de la Asamblea?

La “Declaración de Principios sobre Libertad de expresión” producida en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a finales de 2000, representa a nivel regional el marco jurídico más efectivo en defensa del ejercicio de la libertad de expresión, en concordancia con los principios doctrinarios de la legislación internacional. Cualquier análisis sobre la realidad comunicacional de algún país latinoamericano cuenta en la citada declaración, de un contexto amplio, fundamentado, doctrinario, para evaluar el grado de respeto a la garantía constitucional a la libertad de expresión y del derecho de información de sus ciudadanos.

¿Qué ocurre en Venezuela? Si nos atenemos a los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana y a lo consagrado en laDeclaración de Principios sobre Libertad de expresión, un breve recuento de la realidad comunicacional venezolana ilustra lo precario del ejercicio de la libertad de expresión y las insuficiencias sobre la garantía al derecho a la información: 1) El inconstitucional uso y abuso de los medios radioeléctricos del Estado venezolano por parte del presidente Chávez, en particular, el abuso de las “cadenas”; 2) Dispositivo legal intimidatorio, la consagración de normas jurídicas que tipifican como leyes de desacato, la reforma del Código Penal, artículos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y medios electrónicos, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia 1013, sentencia 1942), la abortada Ley Especial Contra los Delitos Mediáticos, 3) Retrasos administrativos y discrecional permisología para el otorgamiento de autorizaciones para la colocación de antenas y ampliación de la cobertura de estaciones de radio y de televisión por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); 4) El cierre de RCTV y de más de 34 emisoras de radio; 5) El permanente acoso del Seniat en contra de medios que mantienen una posición editorial crítica al desempeño ineficiente, burocrático y corrupto del Gobierno. 6) La discrecionalidad en la colocación de la pauta de propaganda oficial, tanto de la administración central como descentralizada, regional y local; 7) La concentración de medios de comunicación del Estado para uso exclusivo del Gobierno y para el culto a la personalidad del Presidente de la República; 8) Los atentados a las instalaciones físicas y las agresiones directas a los periodistas; 9) El desamparo institucional y la manifiesta actitud negativa del Estado venezolano ante las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de medios y de comunicadores. 10) La negativa o los obstáculos para acceder a las fuentes informativas de entidades del Gobierno. 11) Las modificaciones en el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Este preocupante panorama que califico como “cerco a la libertad de expresión en Venezuela” tiene dos dimensiones particularmente agravantes en los numerales 11 y 12 de este recuento.

Siendo la Asamblea Nacional, el foro por excelencia del debate político, expresión de la pluralidad de la opinión política del país, el parlamento, es inaceptable que sea conducida bajo un Reglamento de Interior y de Debates que limita la libertad de expresión de los parlamentarios. Para agravación de este mal, la nueva legislatura ha validado dócilmente una arbitrariedad y atropello de la anterior directiva: la prohibición de la cobertura de los debates parlamentarios por los medios libres e independientes.

“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional...”

La decisión de que los debates se sigan por el llamado canal de la Asamblea forma parte de la estrategia restrictiva y coercitiva que en otros frentes ejecuta el gobierno. ANTV no es un canal imparcial, no ofrece una cobertura informativa equilibrada y equitativa, y mantiene una línea editorial subalterna a los lineamientos ideológicos de hegemonía comunicacional del mal llamado “sistema nacional de medios públicos”. No sólo por principios de ética periodística sino de respeto a la voluntad popular expresada el 26 de septiembre ANTV se debe a todos los venezolanos y no a una parcialidad política. ¿ANTV, canal de la Asamblea? los diputados de la alternativa democrática tienen la palabra. Y votamos por ellos para que la hagan oír.

Óscar Lucien (El Nacional, 27 de mayo de 2011)

Berlusconi, Chávez italiano de ultraderecha

Es vox populi que Berlusconi es una suerte de Chávez italiano de ultraderecha. El 20 de mayo pasado, en apoyo a los candidatos de su partido a las elecciones regionales, ensayó por primera vez... las "cadenas", enlazando durante diez minutos sus tres televisoras comerciales con dos de la RAI. Lo realmente interesante fue la reacción de los italianos: una poblada delante de la sede de AGCOM, ente regulador de medios italianos denunciando la grave violación a la ley de la par condicio o trato igual en medios; el Partido Democrático de izquierda declaró que era "unavergüenza incurable... métodos tipo Bielorrusia"; tres denuncias de diputados ante los tribunales por violación de la par condicio, por conflicto de intereses y por violación de los tiempos de exposición mediática. El semanario católico Familia Cristiana (tres millones de lectores) editorializó en los siguientes términos: "Una página negativa escrita por un primer ministro dueño de televisoras que se arroga prerrogativas inaccesibles a sus adversarios políticos". AGCOM impuso 350.000 euros de multa a las dos cadenas públicas y 450.000 euros a los tres comerciales de Berlusconi por "violación de reglamentos electorales". Cosas del otro mundo. 


"Por mi madre", Diario Tal Cual (28 de mayo de 2011)

RCTV, cuatro años

Hace cuatro años me tocó participar junto a Colette Capriles en la programación especial de Globovisión para cubrir el cierre de las transmisiones de RCTV. Sobre la emisión pesaba la carga emotiva y el desconcierto nacional ante lo que se consideraba una medida arbitraria y sobre todo retaliativa, del gobierno nacional; pesaba la aflicción y el desconcierto por el que atravesaban empleados y propietarios del otrora canal 2, pionero de la televisión venezolana. Frente a las inquietudes e interrogantes de Leopoldo Castillo, conductor del programa, y de las preocupaciones de la audiencia, Capriles y yo fuimos exponiendo nuestras consideraciones y alcances sobre la radical sanción que, disfrazada de un mero trámite administrativo, se estaba aplicando contra RCTV.

Finalmente, el reloj marcó la medianoche y la pantalla de RCTV se volvió negra. Lágrimas de los allí presentes se sumaron a las de quienes en las propias instalaciones del canal de Bárcenas seguían atónitos las incidencias de un proceso como quien camina impotente al cadalso: una arbitraria e ilegal decisión ponía a fin a más de cinco décadas de una oferta televisiva que gozaba de la mayor audiencia nacional. Sin embargo, mi referencia del cierre de RCTV, a pesar de lo dramático y emotivo del "black out", no es la noche del 27 de mayo sino un emblemático acto ocurrido unos meses antes: el 28 de diciembre de 2006.

Día de los inocentes, en el cual los venezolanos suelen jugarse burlas y los titulares de los periódicos sorprenden a sus lectores con insólitas noticias que luego sus páginas interiores desmienten como bromas de la redacción, ese día el humor del jefe del Estado no era de chistes. En el acto de salutación tradicional del Ejecutivo a la Fuerza Armada Nacional, el teniente coronel Chávez anunció la revocatoria de la concesión a RCTV. En su ya habitual talante pendenciero y ataviado de militar el Jefe del Estado interpeló directamente a los propietarios y directivos del canal de televisión: "Es mejor que vayan preparando sus maletas. No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llama Radio Caracas Televisión. Ya está redactada la medida, así que vayan apagando sus equipos".

Ninguna de las distintas, precarias e inconsistentes justificaciones que pretendieron darse después por intermedio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) del Ministerio de Información y Comunicación, de la Asamblea Nacional, por los voceros más engolados del gobierno, sobre la caducidad de la licencia, sobre potestades administrativas del gobierno, sobre la democratización de las comunicaciones e incluso sobre las garantías constitucionales sobre el servicio público, pueden contra la contundente evidencia de esta declaración (noticia criminis) presidencial: "ya está redactada la medida, así que vayan apagando sus equipos".

Transcurridos cuatro años, el fondo de lo que planteamos esa noche se mantiene vigente: faltas al debido proceso, robo de sus equipos, hostigamiento, ensañamiento judicial y atropello en su posterior salida como canal de suscripción y en la modalidad de canal internacional ratifican la convicción de que el cierre de RCTV fue una decisión política por la línea editorial e informativa del canal, no complaciente con los designios autocráticos y militaristas del presidente de la república.

Cuatro años después del cierre de RCTV los venezolanos no contamos con un servicio público de radio televisión, no se han democratizado las comunicaciones en Venezuela, se ha degradado la oferta comunicacional pública meramente convertida en propaganda gubernamental al servicio exclusivo del culto a la personalidad al Jefe del Estado. Cuatro años después el cierre de RCTV el gobierno se obstina en una perversa hegemonía comunicacional que conspira contra una verdadera democratización de las comunicaciones y atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los venezolanos. Cuatro años después el cierre de RCTV sigue siendo una herida abierta en el corazón de los venezolanos. Sin medios de comunicación libres e independientes no hay democracia. Pero el 2102 está cerca. 
Óscar Lucien (elobservador.rctv.net)
26/05/11
twitter: @olucien

Cerco rojo a los rojos

Destituyen a la directora de la Radio del Sur, Cristina González, por dar cabida a testimonios de solidaridad a Joaquín Becerra, editor de la agencia de comunicación ANCOLL y miembro fundador de la Agencia Bolivariana de Comunicadores, expulsado de Venezuela por ordenes directas del teniente coronel Chávez, presidente de la república. Colectivos sociales critican las faltas al debido proceso y las irregularidades en la expulsión de Becerra y sobre todo rechazan las acusaciones de ¨infiltrados e irresponsables¨ proferidas por Chávez. También critican los hechos de censura en Telesur.
Les tocó a los ¨rojos¨ de la propia medicina que usualmente se les da a opositores democráticos venezolanos, acusados de agentes de la CIA, quinta columnas y, para colmo de males, de ¨enemigos internos¨

http://www.kaosenlared.net/noticia/siguen-renuncias-intelectuales-debido-intolerancia-critica-entrega-per

No nos rendimos

" Hoy domingo 8 de mayo, Día de la Madre para más señas, en el primer intermedio del Kiosco Veraz, se me informó desde la Gerencia de Producción de Venezolana de Televisión que debido al operativo especial de la Gran Misión Vivienda, suspendiera el programa para no estar sometido a sucesivos cortes y pases de prensa. Periodísticamente, me pareció un disparate y una improvisación, pero no quedaba otra, ni era la primera vez que se incurría en semejante forma atropellada (y atropellante) de hacer las cosas. La víspera, me encontraba en el sur de Anzoátegui y me regresé el sábado para cumplir con el programa y su audiencia, responsablemente.... Los operativos especiales pueden (y deben) hacerse en combinación con la programación regular del canal". Justifico la extensa cita por la relevancia de su autor: periodista, profesor universitario, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y, en particular, distinguido vocero del oficialismo en el área comunicacional. "Me rindo, cierro el Kiosko Veraz" titula un artículo el diputado Earle Herrera para hacer público su malestar y su decisión de no seguir adelante con su programa que desde 2002 conduce en VTV, el otrora canal de todos los venezolanos.

No voy a agobiar al diputado Herrera con cuitas personales por esa "forma atropellada (y atropellante) de hacer las cosas", de las innumerables veces que luego de horas de tráfico llego a la estación de radio o TV para asistir al programa al que fui invitado y de mi frustración por la suspensión de la entrevista por la arbitraria cadena presidencial. Mucho menos voy a referirle la desesperación de periodistas que al igual que él han viajado del interior del país o regresado oportunamente de un viaje fuera de Venezuela para encontrarse imposibilitados de ejercer su oficio por esa "forma atropellada (y atropellante) de hacer las cosas", ni de quien ha colocado una pauta publicitaria que no se cumple, ni del productor que ve desvanecer días previos de preparación.

El diputado Herrera al menos ha gozado del privilegio de ser advertido de que su programa no iría. Probablemente tampoco corra el riesgo de ser acusado de agente del imperialismo y de que sus críticas sean parte del plan desestabilizador contra el Gobierno y que responden a una estrategia de la CIA. Sin embargo, si nos quedamos en estas quejas apenas estamos viendo la mitad del problema. ¿Dónde quedan los compromisos y el respeto por la audiencia, o sea, los usuarios y las usuarias en la jerga oficialista? ¿Debemos dar por descontado el negativo efecto económico sobre la industria de radio y televisión, la actividad publicitaria, los intereses ciudadanos de entretenimiento e información? La pista para entender la magnitud del verdadero problema esbozado por el diputado Herrera está en su reflexión autocrítica: "La endogamia comunicacional, el endogenismo informativo y la contemplación periodística umbilical no son buenos para ningún proceso". Mucho menos sanos para la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la información garantizados en la Constitución.

Hasta diciembre de 2010, el Presidente de la República realizó 2.125 cadenas, equivalentes a 1.464 horas. Durante ese tiempo también estuvo más de 2.500 horas al frente de su magazine Aló, Presidente.

El tema de fondo es que en once años de revolución bolivariana el Estado ha sido incapaz de garantizar el ordenamiento del espacio público de las comunicaciones para promover y garantizar amplitud y variedad de las coberturas informativas y, en particular, el pluralismo de la opinión pública nacional. Los venezolanos, por el contrario, hemos estado sometidos a una peculiar dictadura mediática que se expresa en dos ver- tientes fundamentales: por un lado, la confiscación progresiva de todos los medios radioeléctricos del Estado sometidos al exclusivo beneficio de la parcialidad política en el gobierno; por otro, el cerco incesante a la libertad de expresión. En el libro Cerco rojo a la libertad de expresión intento un análisis más detenido de esta problemática; trato de demostrar que el gobierno de Chávez se ha caracterizado por una marcada valoración y dominio de lo mediático. Mientras expresa una hipersensibilidad a la crítica, ha ido construyendo un contundente entramado radioeléctrico, de canales de televisión abierta, cable, de medios pretendidamente comunitarios, que sirven de manera exclusiva a la "ideología de la revolución bolivariana".

Pero, contrariamente al diputado Herrera, una parte sustancial de venezolanos no se rinde.

Aspira, en consecuencia, a que se coloque en la agenda pública la restitución de los medios del Estado al servicio de toda la ciudadanía. 

@olucien

"Cerco rojo a la libertad de expresión" en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y apoyada por la Cámara Colombiana del Libro de Colombia, el viernes 13, en la Biblioteca de los Fundadores del Colegio Gimnasio Moderno, Oscar Lucien presentará Cerco rojo a la libertad de expresión. Lo acompañará la periodista colombiana Claudia López.

Cadenas presidenciales son ilegítimas

Entrevista de Dhameliz Díaz a Óscar Lucien                                                                 en El Carabobeño

Como sociólogo e investigador de la comunicación, Oscar Lucien se ha convertido en un ciudadano activo. Y su compromiso lo compromete más cuando la data que arroja su trabajo revela "el plan sistemático para silenciar a los medios de comunicación social independientes". 

-Por allí viene la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, parte de todo un dispositivo legal, para presionar a los medios radioeléctricos y someter a los impresos vía aprobación o no de pautas publicitarias, la falta de papel o demandas como las que afrontan El Nacional y Tal cual por fotos publicadas.

Incansable luchador por una comunicación libre y de los ciudadanos desde antes que el país fuera dividido en IV y V República, cuestionó más de una vez el manejo de los medios de comunicación en manos del Estado. Es imposible que ahora, se quede inmóvil al borde del camino mientras que el Comandante Presidente de la República sumó dos mil 125 trasmisiones encadenando al país a sus discursos, hasta 2010.

-Cuando ocurren las cadenas es como si se produjera un cierre efectivo de los medios de comunicación, porque durante ese tiempo, no pueden continuar con la programación regular para imponer una ideología, un pensamiento único y un solo tipo de opinión. La lógica del usuario es apagar el aparato o se van al cable. No existe ningún dispositivo legal ni Constitucional para las cadenas presidenciales: Son ilegítimas y violan los derechos a libertad de expresión y al de estar informados. Además ¿Cuál es el contenido de las cadenas? Ocupan el tiempo para hacer proselitismo político. La Comisión Electoral Europea demostró que en época electoral aumentan el número, frecuencia y duración de las cadenas presidenciales, creando desequilibrios en una campaña que debiera ser equitativa. Los ciudadanos debemos estar alertas.

Sin fatigarse, documentó los abusos contra la libertad de pensamiento en Venezuela partiendo desde el momento aquel cuando el mandatario nacional se juramentó con "la moribunda" Constitución el 2 de febrero de 1999 hasta 2010. Incluyó las agresiones directas e indirectas a periodistas en el cumplimiento de su trabajo y a medios de comunicación para armar su libro Cerco Rojo a la Libertad de Expresión, ya en circulación.

-He querido mostrar cómo los atentados a la libertad de expresión no son hechos aislados, sino que corresponden a un cerco muy bien montado para alcanzar la hegemonía comunicacional. Cuando vemos cómo se agrede a los periodistas- van mil 689 agresiones a la prensa desde 2002 hasta lo que va de 2011, según Espacio Público- o una comisión del Seniat irrumpe abruptamente en un medio de comunicación o un entrevistado puede ser enjuiciado penalmente por opinar en un programa de televisión queda evidenciado un plan sistemático para alcanzarla, porque el modelo político en desarrollo es incompatible con la existencia de medios independientes.

Empeñado en la prohibición de olvidar el 11 de abril de 2002, se juntó con otros para fundar la ONG Ciudadanía Activa, "Ahora que hay un desierto de espacios de opinión". (En estricto sentido fue para no olvidar el 23 de enero de 1958, frente a la pretensión de Hugo Chávez de imponernos el 4 de febrero, fecha de un golpe de estado fallido, como una fecha patria {Nota del web master})

-El ejercicio del periodismo exige de un comunicador consciente de su responsabilidad de intermediación entre los acontecimientos y los ciudadanos. Sin tutela del Gobierno o corporación mediática. El papel crucial de los medios de comunicación es ser intermediarios, lo cual no significa que no tengan posición política, pero con una clara distinción entre lo que es la línea editorial y los compromisos de cobertura informativa que debe ser consecuente con la diversidad de opiniones políticas en el país.

Punto y seguido

-¿Qué hacer más allá de registrar las amenazas a periodistas y ataques a los medios de comunicación, para enfrentar la hegemonía comunicacional que impone una sola versión del hecho informativo?

-Gracias al compromiso con la libertad de expresión de diarios como El Carabobeño es que todavía queda oxígeno para la democracia. Los medios están siendo acosados a través de diversas estrategias, pero hay dos que quiero hacer relevantes: El uso discrecional y coercitivo de la pauta de propaganda gubernamental que se usa para premiar a los medios que se doblegan a la política oficial o castigar a los que tienen línea editorial independiente y la autocensura. La persecución y el acoso están propiciando que muchos medios se inhiban de publicar, que los periodistas limiten sus investigaciones y los que acuden a los programas o consultan en la calle sobre determinado tema se cohíban de expresar todo lo que saben. Esto es un golpe silente, certero, contra la libertad de expresión porque la autocensura no deja ninguna huella. Hay dueños de medios de comunicación que confían que si guardan silencio se mantendrán con vida, pero la historia ha demostrado que en los regímenes totalitarios es cuestión de tiempo sacarlos del juego ¿Cómo defenderse? Con el compromiso con los valores esenciales establecidos en la Constitución como la libertad de pensamiento, recoger las expresiones de la diversidad política, jugando ese rol de intermediación con los ciudadanos que le corresponde a los medios y documentando toda agresión por pequeña que sea y denunciándola ante los organismos judiciales por más desconfianza que se les tenga, porque tendrá mucho valor ante las instancias nacionales e internacionales esa especie de expediente.

-El Presidente en una de sus cadenas pidió utilizar los medios de comunicación "alternativos" para la agitación política y la propaganda o promoción de la obra de Gobierno. ¿Eso es informar?

-El otro derecho en juego es el derecho a la información. El presidente Chávez ha tergiversado la misión de servicio público de los medios de comunicación, una aspiración muy sentida del sector académico de contar con un servicio público de radio y televisión garante de una programación de calidad, líneas informativas independientes que junto a los medios del sector privado ofrecieran contenidos con mayor diversidad de visiones y ángulos del acontecer político, social y económico del país. Pero lo confundió con hegemonía comunicacional, disponer de medios de comunicación para la propaganda política y la agitación. Los medios que hoy forman parte del Sistema Nacional de Comunicación, a mi modo de ver son para descalificar al adversario político, desacreditarlo utilizando un lenguaje escatológico, hacer propaganda y donde son totalmente excluidos los que no profesen el credo de la revolución bolivariana.

-¿Cómo analiza la cerrazón de las fuentes oficiales y del acceso a los periodistas de medios de comunicación privados para cubrir eventos de particular importancia informativa? ¿Cuáles son las repercusiones de encasillar a los medios en la polarización política que sacude al país?

-Eso es muy delicado porque la polarización es parte de una estrategia política oficial que divide el país en dos: en buenos y malos, quienes tienen la verdad y quienes mienten. Y justamente cuando un funcionario le niega a un periodista la información o le impide el ejercicio periodístico está violando la Constitución. Quiero poner de relieve que la libertad de expresión y el derecho de información son universales, no exclusivo de los periodistas así que todos tienen que defenderlos. Impedir el acceso a los periodistas al salón de sesiones de la Asamblea Nacional, es una exclusión perversa y condenar a la visión sesgada que ofrece el canal oficial. Estimo que los parlamentarios deberían ser más combativos para impedir esta limitación a la información. Todo esto forma parte de un cerco a la libertad de expresión, un plan sistemático para coartarla porque los medios de comunicación libres e independientes son obstáculos para imponer el totalitarismo.

-¿Estamos inmersos en una guerra comunicacional o guerra de IV generación?

-Digamos que sí en términos que este es un gobierno militarista, que tiene un lenguaje cuartelario, de guerra y confrontación, no de acuerdo ni diálogo calificativos propios de la democracia.

Armas de agitación política

Distintos voceros del Gobierno han rechazado la acusación de que son violadores de la libertad de expresión, porque todavía circulan medios manipuladores y programas donde vocifera la oposición

-Es lo que identifico en mi libro como chantaje, según el discurso oficial no hay periodistas presos ni han cerrado medios de comunicación, pero sin duda hay condicionamientos que no permiten el ejercicio pleno de esa libertad. El caso del general Francisco Usón es un ejemplo, fue puesto preso cinco años por explicar en un programa de opinión cómo funciona un arma de guerra a propósito del incidente en un cuartel. Cuando ocurre que una persona es enjuiciada, condenada o sometida a régimen de presentación o tiene prohibición de salida al país por haber declarado, en la mayoría de los casos por Globovisión, uno tiene elementos suficientes para asegurar que hay ataques a la libertad de expresión.


Entrevista:Dhameliz Díaz 
ddiaz@el-carabobeno.com