Editorial de la Revista SIC 767. Agosto 2014.
El totalitarismo de Estado, que tiende a la hegemonía mediática y limita, so pretexto de seguridad de Estado, el acceso a la información de la ciudadanía, debe ser superado como paso imprescindible para cultivar la democracia. El ciudadano común necesita estar bien informado para asumir su responsabilidad tanto pública como privada. Uno de los desafíos que tenemos es cómo rehabilitar la cultura democrática. En este mismo orden, los medios de comunicación social privados deben empeñarse en trascender la censura y autocensura, desarrollando un periodismo de investigación que ponga el dedo en la llaga de los asuntos neurálgicos del país y así evitar caer, como está sucediendo, en la lógica polarizante de la contrapropaganda.
Es llamativo que ante la escasez de papel los diarios han sacrificado la información y la investigación, dándole mayor relevancia a la opinión y a la contrapropaganda. El periodismo de investigación con vocación democrática es un aporte imprescindible para la construcción de ciudadanía, y en esto los medios privados no están invirtiendo.
Propaganda vs información
Una política pública coherente con las necesidades del país no puede fundarse en supuestos ideológicos, sino en los datos concretos que ofrece la realidad misma. El Gobierno nacional ha hecho una gran inversión en propaganda para crear la ficción de que el país marcha por buen camino. La misma cotidianidad que vive el pueblo pobre y la clase media hace írrita esta pretensión. No se puede mantener la ficción de una revolución que marcha a paso de vencedores cuando una madre joven en el interior del país no tiene ni leche ni pañales para su bebé; cuando las instituciones hospitalarias, y hasta las clínicas privadas, están en estado de coma; cuando en nuestros barrios se vive en toque de queda por la impunidad y el negocio de las mafias; cuando la carencia de agua y los apagones eléctricos se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día; cuando una mujer de la parte alta de La Vega, que se levanta todos los días a las 3 de la mañana para ir a su trabajo, tiene que sacrificar su sueño de fin de semana para amanecer en una cola de Mercal y acceder así a los alimentos de la dieta básica; cuando la calle es una lotería en la que cualquier día, ni Dios lo quiera, te puede tocar el chance de ser atracado, robado o asesinado, engrosando la lista de víctimas anónimas convertidas en números y porcentajes; cuando los funcionarios públicos paran el tráfico para que sus escoltas y carros blindados pasen porque su tiempo es oro y el nuestro hierba; cuando sabemos que las cosas no están bien y vivimos la impotencia e incertidumbre de no contar con información clara de lo que pasa.
En una auténtica democracia los poderes del Estado y sus instituciones, por su alcance y vocación de servicio al país, han de ser fuente de información de primera mano. La ciudadanía, cualquier venezolano de a pie, tiene derecho a saber, por ejemplo, qué pasa con los recursos de la nación; qué entra por la renta petrolera y adónde va; qué producen las otras empresas del Estado y a qué costos, por ejemplo el complejo siderúrgico de Guayana; qué pasa con nuestros impuestos recolectados por el Seniat; cuál es el impacto real de la inversión social en la calidad de vida del venezolano. Hoy en nuestros barrios resurge el sentimiento de exclusión, en contraste con la propaganda del Estado; las protestas sociales de los sectores populares son el indicador. La sensación es que para los del establishment el pueblo se ha ido convirtiendo cada vez más en objeto de su propaganda, y que la democracia participativa y protagónica ha pasado a ser mera retórica.
La danza del poder y las migajas de información
La subordinación del conjunto de los poderes del Estado e instituciones estratégicas (Pdvsa, BCV, FANB) al Ejecutivo, en tiempos de su líder carismático, minó la poca institucionalidad existente en el país; y hoy, en la administración Maduro, las instituciones parecieran danzar al compás de los pequeños personalismos que se reparten las cuotas de poder, desconociendo el marco constitucional. Mientras tanto, el Presidente, en un intento desesperado por afirmarse como el auténtico heredero, trata de imponer su liderazgo a la fuerza, generando resistencias y disgregación entre los adeptos al régimen.
La información se ha reducido a un simple recurso de poder. Solo caen migajas de los actores en pugna. Lo que ha pasado en junio a propósito de las cartas de Giordani y Navarro y el efecto dominó que están generando en el oficialismo –al punto de que algunos expertos hablan de una posible implosión en ciernes– es una señal clara de que hay muchas ollas tapadas sobre asuntos que nos conciernen a todos los venezolanos: el dinero que ha ido a las empresas de maletín; o el invertido en las empresas del Estado y en particular en las expropiadas; la denuncia de que Pdvsa es un Estado dentro del Estado, como lo era en el último tiempo antes de Chávez… ¿Quiénes son los responsables y dónde están?
La lógica de la seguridad nacional
En los últimos meses el Ejecutivo ha intensificado su cerco informativo con el objeto de dar visos de gobernabilidad, metiendo en un mismo saco las protestas sociales pacíficas y lasguarimbas de los sectores más radicales de la oposición. Esta táctica gubernamental sirvió para correr la arruga y amalgamar internamente sus fuerzas ante el enemigo externo. Hoy, después de haberse debilitado la estrategia guarimbera, la divergencia interna amenaza con implosionar al partido de gobierno. Con el objeto de excluir la disidencia intestina y dictar desde las cúpulas la unidad a toda costa, se nos está introduciendo en una política de seguridad nacional donde, pareciera que por razón de Estado, cualquier información es un asunto de seguridad. Con la lógica del poder por el poder se han venido sacrificando los derechos fundamentales de los ciudadanos y el bien común.
La ciudadanía: un cuero seco
Como respuesta al control de la información por parte del Estado, la sociedad se ha visto en la necesidad de crear sus propias fuentes y han aumentado los observatorios que monitorean los problemas sociales y los derechos humanos, ofreciendo información sobre temas concretos. Vale mencionar aquí las organizaciones de DD.HH. agrupadas en el Foro por la Vida, las organizaciones de desarrollo social interconectadas en Sinergia y las organizaciones articuladas en La Red Social de la Iglesia, entre otras. Estas organizaciones y redes han mantenido un denodado empeño por dialogar con las instituciones del Estado, tanto para contrastar sus informes como para aportar desde sus experiencias y saberes en el diseño de políticas públicas incluyentes. El resultado: archivos llenos de cartas de peticiones con el sello derecibido, esperando durante años ser atendidas.
Tiempo de rectificar
Atender los grandes problemas sociales y económicos es el único camino para rehabilitar la política, por el interés superior del país, por el bien común. Todo este tiempo de alta inversión en propaganda y contrapropaganda desligada del sentido de realidad, dolorosamente podría desembocar en una gran depresión social y en una despolitización de la sociedad si no ponemos los correctivos a tiempo. No habrá soluciones sin conocer realmente la magnitud de lo que nos pasa. En esta hora en que necesitamos dialogar los grandes asuntos de la República, es condición necesaria la transparencia y el acceso a la información para acertar en las decisiones y en las políticas públicas. Sabemos que estamos quebrados, y necesitamos con honestidad hacernos una idea del tamaño de la quiebra para juntar voluntades y poner los remedios necesarios. El acceso a la información es un derecho que el Estado debe garantizar con urgencia para poner las bases de un auténtico diálogo nacional, y para ofrecer certidumbre a nuestro quehacer cotidiano mientras buscamos las vías que nos lleven como sociedad a buen puerto.
RCR ejercerá las acciones legales para responder. (Foto Archivo/El Carabobeño)
