El ejemplo de autorregulación que Weil dio
8 DE OCTUBRE 2014 - 00:01
La libertad de expresión es un derecho humano. Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
En una sociedad democrática, el periodismo no puede concebirse como la simple prestación de un servicio al público, es una profesión que está vinculada con la libertad de expresión, que es una libertad inherente a todo ser humano.
El pasado domingo, una caricatura dibujada por el periodista Roberto Weil se convirtió en blanco de furibundos ataques y críticas por dirigentes y grupos afectos al oficialismo, quienes la consideraron como una ofensa a la muerte del joven diputado Robert Serra. Por ejemplo, el gobernador del estado Aragua, Tareck el Aissami, a través de las redes sociales señaló: “Esta es la libertad de expresión que defiende la miserable derecha. Fascistas y cobardes es lo que son”.
No obstante frente a tales críticas, Roberto Weil explicó a través de su cuenta en Twitter que entrega sus caricaturas a la revista dominical del diario Últimas Noticias con dos semanas de antelación y que en esta oportunidad estuvo de acuerdo con que se retirara por la posibilidad de que fuese vinculada con la muerte del diputado Robert Serra. Textualmente afirmó: “No me hago eco de comentarios malintencionados sobre una tragedia. Y desautorizo el uso de mi trabajo para eso”.
Lo que hizo Weil constituye un ejercicio legítimo de autorregulación del ejercicio de la libertad de expresión. Por voluntad propia y ponderación del riesgo de causar daños a terceros desistió de la publicación de un contenido que, de hecho, causó controversia. Es de esta forma y no a través de imposiciones estatales o de cualquier grupo de poder que se debe regular la libertad de expresión. El oficialismo, por el contrario, ha recurrido a la hegemonía que detenta en la Asamblea Nacional para imponer normativas que van más allá de las restricciones legítimas: la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y, más recientemente, con el anteproyecto de Ley de la Comunicación Social que propone la modificación del marco regulatorio del periodismo en Venezuela, en cuyo articulado avala la desprofesionalización del periodismo (artículo 2), contradice la Ley de Ejercicio del Periodismo vigente (artículo 1) y promueve la censura y la autocensura (artículo 17).
La libertad de expresión está firmemente ligada al ejercicio ético y responsable del periodismo. No es legítimo ampararse en la libertad de expresión para mentir, calumniar, distorsionar, manipular, descalificar, injuriar, estigmatizar a la disidencia o amedrentar a la población.
En Venezuela la libertad de expresión se encuentra amenazada desde hace más de quince años. En diferentes medios gubernamentales son sistemáticas y recurrentes las expresiones estigmatizantes en contra de la oposición política. Ejercer el periodismo es una tarea peligrosa, pues la intimidación y las agresiones verbales y físicas se han incorporado a los gajes del oficio periodístico. El hostigamiento policial y la persecución judicial en contra de los periodistas cada día es mayor. El ataque a los medios, a través de restricciones administrativas y diversos mecanismos de censura, ya forman parte de nuestra cotidianidad.
También hay que agregar el incremento de restricciones ilegítimas a través de otros mecanismos: dificultades para el acceso a páginas web y redes sociales, uso proselitista de los medios de comunicación del Estado y presiones para invisibilizar las voces disidentes.
Hay iniciativas gubernamentales particularmente graves, como la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), organismo que puede “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada, cualesquiera información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento”.
Los medios de comunicación son servicios públicos fundamentales en una sociedad democrática. La venta y negociación de este servicio, sin control por parte del Estado, debilita la posibilidad de que la ciudadanía haga visibles sus demandas sociales. Los espacios para la crítica disminuyen aceleradamente y, en esa misma medida, el espacio para el debate libre y plural de ideas que es esencial en democracia.
La ley establece restricciones legítimas a la libertad de expresión. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, instrumento este que forma parte del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, refiere que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”. También señala que las restricciones deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
La directora de la revista Dominical, Nilda Silva Franco, públicamente aclaró que la revista, y consecuentemente la caricatura de Weil, estaba en manos de la imprenta dos semanas antes de la fecha de su publicación, y que el martes 30 de septiembre ya estaba impresa la revista que circuló este domingo.
“Tras las trágicas muertes del joven diputado Robert Serra y de María Herrera, ocurridas el pasado miércoles 1° de octubre, y ya con la revista en nuestras manos, decidimos responsable y respetuosamente suprimir la página donde estaba impresa la caricatura de Roberto Weil de la edición de este domingo, a fin de evitar cualquier asociación que de carácter político o impropia se le pudiera dar a la mencionada caricatura. Esta decisión fue consultada con el caricaturista Weil, quien estuvo de acuerdo en la supresión de su trabajo, por cuanto la misma fue elaborada con antelación y nunca pretendió aludir a tan lamentables hechos”.
Cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos y libertades de los ciudadanos, el comunicador social debe buscar una armonización que tenga como fundamento el bien común y la dignidad de la persona humana.
La autorregulación mediática es importante porque propicia el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos; promueve valores éticos que guíen la actividad periodística; crea estándares con la finalidad mejorar la calidad de la expresión e información, y protege los derechos de los ciudadanos al informar. En suma, propicia un periodismo.
En una sociedad democrática, el periodismo no puede concebirse como la simple prestación de un servicio al público, es una profesión que está vinculada con la libertad de expresión, que es una libertad inherente a todo ser humano.
El pasado domingo, una caricatura dibujada por el periodista Roberto Weil se convirtió en blanco de furibundos ataques y críticas por dirigentes y grupos afectos al oficialismo, quienes la consideraron como una ofensa a la muerte del joven diputado Robert Serra. Por ejemplo, el gobernador del estado Aragua, Tareck el Aissami, a través de las redes sociales señaló: “Esta es la libertad de expresión que defiende la miserable derecha. Fascistas y cobardes es lo que son”.
No obstante frente a tales críticas, Roberto Weil explicó a través de su cuenta en Twitter que entrega sus caricaturas a la revista dominical del diario Últimas Noticias con dos semanas de antelación y que en esta oportunidad estuvo de acuerdo con que se retirara por la posibilidad de que fuese vinculada con la muerte del diputado Robert Serra. Textualmente afirmó: “No me hago eco de comentarios malintencionados sobre una tragedia. Y desautorizo el uso de mi trabajo para eso”.
Lo que hizo Weil constituye un ejercicio legítimo de autorregulación del ejercicio de la libertad de expresión. Por voluntad propia y ponderación del riesgo de causar daños a terceros desistió de la publicación de un contenido que, de hecho, causó controversia. Es de esta forma y no a través de imposiciones estatales o de cualquier grupo de poder que se debe regular la libertad de expresión. El oficialismo, por el contrario, ha recurrido a la hegemonía que detenta en la Asamblea Nacional para imponer normativas que van más allá de las restricciones legítimas: la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y, más recientemente, con el anteproyecto de Ley de la Comunicación Social que propone la modificación del marco regulatorio del periodismo en Venezuela, en cuyo articulado avala la desprofesionalización del periodismo (artículo 2), contradice la Ley de Ejercicio del Periodismo vigente (artículo 1) y promueve la censura y la autocensura (artículo 17).
La libertad de expresión está firmemente ligada al ejercicio ético y responsable del periodismo. No es legítimo ampararse en la libertad de expresión para mentir, calumniar, distorsionar, manipular, descalificar, injuriar, estigmatizar a la disidencia o amedrentar a la población.
En Venezuela la libertad de expresión se encuentra amenazada desde hace más de quince años. En diferentes medios gubernamentales son sistemáticas y recurrentes las expresiones estigmatizantes en contra de la oposición política. Ejercer el periodismo es una tarea peligrosa, pues la intimidación y las agresiones verbales y físicas se han incorporado a los gajes del oficio periodístico. El hostigamiento policial y la persecución judicial en contra de los periodistas cada día es mayor. El ataque a los medios, a través de restricciones administrativas y diversos mecanismos de censura, ya forman parte de nuestra cotidianidad.
También hay que agregar el incremento de restricciones ilegítimas a través de otros mecanismos: dificultades para el acceso a páginas web y redes sociales, uso proselitista de los medios de comunicación del Estado y presiones para invisibilizar las voces disidentes.
Hay iniciativas gubernamentales particularmente graves, como la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), organismo que puede “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada, cualesquiera información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento”.
Los medios de comunicación son servicios públicos fundamentales en una sociedad democrática. La venta y negociación de este servicio, sin control por parte del Estado, debilita la posibilidad de que la ciudadanía haga visibles sus demandas sociales. Los espacios para la crítica disminuyen aceleradamente y, en esa misma medida, el espacio para el debate libre y plural de ideas que es esencial en democracia.
La ley establece restricciones legítimas a la libertad de expresión. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, instrumento este que forma parte del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, refiere que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”. También señala que las restricciones deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
La directora de la revista Dominical, Nilda Silva Franco, públicamente aclaró que la revista, y consecuentemente la caricatura de Weil, estaba en manos de la imprenta dos semanas antes de la fecha de su publicación, y que el martes 30 de septiembre ya estaba impresa la revista que circuló este domingo.
“Tras las trágicas muertes del joven diputado Robert Serra y de María Herrera, ocurridas el pasado miércoles 1° de octubre, y ya con la revista en nuestras manos, decidimos responsable y respetuosamente suprimir la página donde estaba impresa la caricatura de Roberto Weil de la edición de este domingo, a fin de evitar cualquier asociación que de carácter político o impropia se le pudiera dar a la mencionada caricatura. Esta decisión fue consultada con el caricaturista Weil, quien estuvo de acuerdo en la supresión de su trabajo, por cuanto la misma fue elaborada con antelación y nunca pretendió aludir a tan lamentables hechos”.
Cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos y libertades de los ciudadanos, el comunicador social debe buscar una armonización que tenga como fundamento el bien común y la dignidad de la persona humana.
La autorregulación mediática es importante porque propicia el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos; promueve valores éticos que guíen la actividad periodística; crea estándares con la finalidad mejorar la calidad de la expresión e información, y protege los derechos de los ciudadanos al informar. En suma, propicia un periodismo.
