Comunicación y democracia:
un olímpico salto atrás
5 DE DICIEMBRE 2014 - 00:01
“Más y mejor comunicación”, más que un emblema de promoción institucional, es la evidencia del compromiso académico asumido por el Instituto de Investigaciones de la Comunicación, Ininco, de la UCV que conmemora cuatro décadas de existencia. Una referencia ineludible en el contexto de la celebración de este cuadragésimo aniversario del Ininco y de la convocatoria de un seminario sobre la problemática de la “democracia y la comunicación en la Venezuela contemporánea”, es el nunca bien ponderado Proyecto Ratelve, estudio de largo aliento que tiene un cordón umbilical con el nacimiento del instituto en 1974. Sin duda alguna, Ratelve fue un paso fundamental en la perspectiva conceptual y práctica de democratizar las comunicaciones en Venezuela y lo esencial de lo allí planteado continúa siendo una asignatura pendiente para los venezolanos, luego de casi cuarenta años de su redacción.
En 1999, la nueva Constitución, que dentro de pocos días cumplirá 15 años de relativa vigencia, crea grandes expectativas en el sector académico por cuanto consagra derechos fundamentales en materia de comunicación, expresados esencialmente en el artículo 57: “Toda persona tiene el derecho de expresar libremente sus pensamientos, ideas, u opiniones”; y en su artículo 58: “La comunicación es libre y plural”. Pondría igualmente en valor dos artículos más: el artículo 108, referido el compromiso del Estado de garantizar servicios públicos de radio y televisión, y el artículo 337, que da la potestad al Ejecutivo para dictar estados de excepción en los cuales pueden ser restringidas temporalmente algunas garantías, pero hace la salvedad del derecho a la información, entre otros de los derechos humanos protegidos.
Está fuera de toda duda que para actuar libre y responsablemente en la vida política y social el ciudadano requiere de un acceso libre, plural y oportuno a la información. Liberado de tutela de gobierno o de corporación mediática alguna. La democracia supone la existencia de medios de comunicación independientes, en la misma medida que excluye el predominio de monopolios de información y de opinión públicos o privados.
El análisis de la realidad comunicacional de la Venezuela actual, a la luz de la valoración de las garantías constitucionales referidas, muestra hasta qué punto la nueva Constitución se ha convertido en letra muerta, que ha sido traicionada por la cúpula en el poder, por lo que podemos constatar hoy que carecemos de “más y mejor comunicación” como ha sido el emblema del Ininco en estos cuarenta años de existencia. En efecto, hemos dado un olímpico salto atrás.
La realidad actual nos hace ser bastante escépticos frente a la vigencia de un proyecto del aliento del Ratelve liderado por Antonio Pasquali en 1976. Por el contrario, desde el poder público se impone a los venezolanos una mal llamada “hegemonía comunicacional” que va a contracorriente de lo que ha sido el desiderátum institucional del Ininco de “más y mejor comunicación”.
Durante 15 años de gobierno bolivarero (sic) es claramente visible el plan, si bien no sistemático en sus años iniciales, de imponer tal hegemonía comunicacional que es antinatura a la misma idea de democracia en comunicaciones. Como botón de muestra constatamos que en el Presupuesto Nacional 2015 los medios y plataformas comunicacionales del Estado tendrán más recursos que el Poder Legislativo o el Poder Electoral, con un monto de 3.616.404.813 bolívares.
40 años después del nacimiento del Ininco quizá el eslogan “Más y mejor comunicación” podría actualizarse. Dudo entre: “Sin comunicación no hay democracia” o “Sin democracia no hay comunicación”.
