Critican normativa para medios alternativos
Oscar Lucien cuestiona propuesta para regular medios comunitarios
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Medios alternativos deberán registrase en Vicepresidencia KISAI MENDOZA
EL UNIVERSAL
sábado 6 de agosto de 2011 12:00 AM
Aunque el Gobierno dice impulsar la democratización del espectro radioeléctrico, el profesor Oscar Lucien advierte que el proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular apunta en otro sentido.
Lucien, miembro de Ciudadanía Activa y ex director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, asevera que el texto consignado el jueves por colectivos chavistas ante la Asamblea Nacional atenta contra tres principios universales: independencia, pluralismo y libertad de asociación.
La propuesta legal consta de 35 artículos y crea el Fondo para el financiamiento de los medios de comunicación para el Poder Popular. Las empresas de publicidad y medios de comunicación privados deberán depositar el equivalente al 2% de sus ganancias o utilidades en ese fondo, que estará adscrito a la Vicepresidencia.
Para que un medio comunitario o alternativo pueda tener acceso a ese dinero, deberá inscribirse en un registro que también llevará la Vicepresidencia. Además, se impone como un requisito para la radiodifusión y la televisión comunitarias, que asuman "formas de articulación y relacionamiento interno y externo siguiendo los principios y valores democráticos, socialistas y humanistas".
Igualmente, los medios comunitarios deberán ceñirse a un modelo "antihegemónico, antiimperialista, antioligárquico y desalienante".
Cerco rojo
Lucien señala que el espíritu del proyecto no es democrático y que, en cierta forma, legitima una realidad: la mayoría de los medios comunitarios son controlados por el Gobierno.
"Ellos deben autofinanciarse. No deben mantenerse con fondos de entes públicos o privados, sino a través del patrocinio y los auspicios", sostiene el investigador.
El cineasta dice que convertir a los medios comunitarios en un instrumento para la constitución del Estado comunal socialista vulnera la Carta Magna de 1999. "No garantiza el pluralismo político, en una misma comunidad hay diversas versiones de la realidad", acota.
El artículo 25 del proyecto establece que "la cobertura dependerá de las características sociales y culturales de la zona geográfica determinada, de las organizaciones comunitarias que impulsan el medio y de las características técnicas de los equipos de transmisión". Lucién cuestiona esta disposición y subraya que "debe especificarse claramente cuál es el alcance que deben tener".
"Esta ley tiene que ser analizada en el contexto del cerco a la libertad de expresión, no se hace con un criterio claro de democratización sino en función de la consolidación de la hegemonía comunicacional", denuncia el experto, tras manifestar que la propuesta contradice la normativa internacional.
ppenaloza@eluniversal.com
Lucien, miembro de Ciudadanía Activa y ex director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, asevera que el texto consignado el jueves por colectivos chavistas ante la Asamblea Nacional atenta contra tres principios universales: independencia, pluralismo y libertad de asociación.
La propuesta legal consta de 35 artículos y crea el Fondo para el financiamiento de los medios de comunicación para el Poder Popular. Las empresas de publicidad y medios de comunicación privados deberán depositar el equivalente al 2% de sus ganancias o utilidades en ese fondo, que estará adscrito a la Vicepresidencia.
Para que un medio comunitario o alternativo pueda tener acceso a ese dinero, deberá inscribirse en un registro que también llevará la Vicepresidencia. Además, se impone como un requisito para la radiodifusión y la televisión comunitarias, que asuman "formas de articulación y relacionamiento interno y externo siguiendo los principios y valores democráticos, socialistas y humanistas".
Igualmente, los medios comunitarios deberán ceñirse a un modelo "antihegemónico, antiimperialista, antioligárquico y desalienante".
Cerco rojo
Lucien señala que el espíritu del proyecto no es democrático y que, en cierta forma, legitima una realidad: la mayoría de los medios comunitarios son controlados por el Gobierno.
"Ellos deben autofinanciarse. No deben mantenerse con fondos de entes públicos o privados, sino a través del patrocinio y los auspicios", sostiene el investigador.
El cineasta dice que convertir a los medios comunitarios en un instrumento para la constitución del Estado comunal socialista vulnera la Carta Magna de 1999. "No garantiza el pluralismo político, en una misma comunidad hay diversas versiones de la realidad", acota.
El artículo 25 del proyecto establece que "la cobertura dependerá de las características sociales y culturales de la zona geográfica determinada, de las organizaciones comunitarias que impulsan el medio y de las características técnicas de los equipos de transmisión". Lucién cuestiona esta disposición y subraya que "debe especificarse claramente cuál es el alcance que deben tener".
"Esta ley tiene que ser analizada en el contexto del cerco a la libertad de expresión, no se hace con un criterio claro de democratización sino en función de la consolidación de la hegemonía comunicacional", denuncia el experto, tras manifestar que la propuesta contradice la normativa internacional.
ppenaloza@eluniversal.com
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