Trabajadores de Globovisión fueron ayer a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para exigir respuesta al amparo que la defensa del canal introdujo hace 25 días, en el que solicitó que le retiren a la televisora la multa por 9,3 millones de bolívares.
El 18 de octubre Conatel sancionó a Globovisión por considerar que la cobertura que hizo de los sucesos ocurridos en la cárcel Rodeo entre el 16 y el 19 de junio incitaba a alterar el orden público, fomentaba la zozobra, demostraba odio político y constituía apología al delito.
María Alejandra Fernández, periodista que reportó gran parte de lo ocurrido en Rodeo, leyó un comunicado en nombre de los empleados en el que aseguran que "la actuación periodística fue impecable, apegada a la ley y a los principios éticos y profesionales del periodismo, propios de la libertad de expresión e información".
"Reiteramos que la multa impuesta es inconstitucional, injusta e impagable, y que no sólo afecta a los accionistas y trabajadores de Globovisión, sino a todos los venezolanos.
Esta sanción impuesta por un directorio (de Conatel) parcializado en su mayoría de funcionarios públicos y afectos al presidente de la República es a todas luces política", señala el documento.
El comunicado señala que el objetivo de la multa es "atemorizar a los periodistas y quebrar económicamente a Globovisión".
Parcializados. Ricardo Antela, abogado de la televisora, denunció que por ley la Corte tenía máximo tres días para pronunciarse y advirtió que el Poder Judicial no es imparcial.
"Ofender e injuriar está protegido por la libertad de expresión, pero informar o criticar al Gobierno, si se hace desde Globovisión, es un delito de conspiración y de golpe de Estado", dijo en referencia a la decisión del Tribunal 15º de Juicio que el miércoles exoneró de responsabilidad penal a Mario Silva, quien llamó "hijo de puta" a Miguel Henrique Otero.
DIANA LOZANO PERAFÁN
EL NACIONAL - VIERNES 02 DE DICIEMBRE DE 2011
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