Alianza por la Libertad de Expresión pide al gobierno el cese del hostigamiento contra periodistas, y a los editoresactuar sin temor
| EDGAR LÓPEZ CARMEN SOFÍA ALFONZO | |
Al analizar la escasa divulgación de la manifestación estudiantil del 12 de febrero, así como su desenlace violento, la Alianza por la Libertad de Expresión llegó a dos conclusiones: 1.- La recurrente política de Estado contra los medios de comunicación que le son adversos y sus periodistas causó un silenciamiento informativo, y 2.- Los editores, propietarios de medios e intermediarios en la distribución de canales deben rendir cuentas sobre los mecanismos que aplican para ocultar información y, al mismo tiempo, denunciar las presiones que reciben.
La coalición de organizaciones no gubernamentales dedicada al fomento y la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información denunció por igual la censura y la autocensura.
Identifi caron como un antecedente determinante el comunicado del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones emitido el 11 de febrero en la noche. En el documento se indica: "El directorio considera de suma gravedad que nuevamente, al amparo de la libertad de expresión, plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, algunos actores del espectro radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o pudiese privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje, la promoción de la violencia y los llamados a caotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la solución pacífi ca de los confl ictos".
La alianza considera que el comunicado constituye un mecanismo institucionalizado de amenaza y coerción para los medios radioeléctricos y contribuyó al silenciamiento de eventos informativos en las estaciones de radio y televisión.
"Fue evidente que las movilizaciones pacífi cas no tuvieron cobertura en directo por los medios locales. Todo ello contribuyó a que circularan rumores e información no verifi cada y generó incertidumbre en amplios sectores de la sociedad".
Para mayor gravedad, indican las ONG: "Alrededor de las 6:00 de la tarde del 12 de febrero de 2014 las cableoperadoras de Venezuela Movistar y DirectTV eliminaron de sus canales disponibles la programación de noticias NTN24. Era el único canal de televisión que transmitía información".
Las exigencias también fueron dirigidas a los medios: "Cumplan su deber de informar a la colectividad sobre los hechos noticiosos que sucedan en el país, venciendo el temor y actuando con responsabilidad profesional".
Sobre la orden gubernamental de excluir a NTN24, una fuente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción dijo que las compañías del gremio no son responsables directas de los contenidos de los canales. Sin embargo, reconoció que son corresponsales por transmitirlos, lo cual les podría acarrear sanciones. Admitió que esto sentará un mal precedente en el sector.
Desde Miami, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero denunció otros atropellos: "Haciendo uso abusivo de las cadenas de radio y televisión, (el gobierno) impidió que los medios radioeléctricos informaran. También algunos medios, de manera vergonzosa, optaron por la autocensura cuando todavía podían transmitir".
La coalición de organizaciones no gubernamentales dedicada al fomento y la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información denunció por igual la censura y la autocensura.
Identifi caron como un antecedente determinante el comunicado del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones emitido el 11 de febrero en la noche. En el documento se indica: "El directorio considera de suma gravedad que nuevamente, al amparo de la libertad de expresión, plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, algunos actores del espectro radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o pudiese privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje, la promoción de la violencia y los llamados a caotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la solución pacífi ca de los confl ictos".
La alianza considera que el comunicado constituye un mecanismo institucionalizado de amenaza y coerción para los medios radioeléctricos y contribuyó al silenciamiento de eventos informativos en las estaciones de radio y televisión.
"Fue evidente que las movilizaciones pacífi cas no tuvieron cobertura en directo por los medios locales. Todo ello contribuyó a que circularan rumores e información no verifi cada y generó incertidumbre en amplios sectores de la sociedad".
Para mayor gravedad, indican las ONG: "Alrededor de las 6:00 de la tarde del 12 de febrero de 2014 las cableoperadoras de Venezuela Movistar y DirectTV eliminaron de sus canales disponibles la programación de noticias NTN24. Era el único canal de televisión que transmitía información".
Las exigencias también fueron dirigidas a los medios: "Cumplan su deber de informar a la colectividad sobre los hechos noticiosos que sucedan en el país, venciendo el temor y actuando con responsabilidad profesional".
Sobre la orden gubernamental de excluir a NTN24, una fuente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción dijo que las compañías del gremio no son responsables directas de los contenidos de los canales. Sin embargo, reconoció que son corresponsales por transmitirlos, lo cual les podría acarrear sanciones. Admitió que esto sentará un mal precedente en el sector.
Desde Miami, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero denunció otros atropellos: "Haciendo uso abusivo de las cadenas de radio y televisión, (el gobierno) impidió que los medios radioeléctricos informaran. También algunos medios, de manera vergonzosa, optaron por la autocensura cuando todavía podían transmitir".
(Viernes 14 de febrero de 2014 El Nacional)
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