Pensar que Venezuela pueda contar con servicios públicos de radiotelevisión, cuyo paradigma se resume coloquialmente en la aspiración de una BBC criolla, ha sido motivo de burla, de incredulidad, incluso, en un momento determinado, de clara oposición. Con la perspectiva de estos once años de mediocridad, insuficiencias y descarada parcialidad de los medios bajo la tutela del teniente coronel Chávez y, peor aún, bajo la declarada pretensión de una hegemonía comunicacional, quizá sea hora que la sociedad democrática encare nuevamente con seriedad la conveniencia de que los venezolanos podamos contar con unos servicios públicos de radiotelevisión.
¿Por qué se alude siempre a la BBC? La Corporación Británica de Radiodifusión, siempre se toma como referencia por ser la empresa pública con mayor tradición, universalmente reconocida por la prestación de sus servicios bajo el imperativo de la imparcialidad, el mandato de la precisión, la obligación de verificar y comparar la información tantas veces sea necesario, y, en definitiva, con el deber de “ser justos, estar libres de prejuicios, mostrar amplitud de criterio y respetar la verdad”.
Pero ¿no son estos los atributos esenciales de toda actividad comunicacional? Si, en efecto, pero las empresas de comunicación privadas prestan sus servicios condicionadas por los imperativos propios a una actividad comercial y se exponen más frágiles ante los intereses y compromisos políticos de sus propietarios y anunciantes.
En una sociedad democrática pueden convivir en equilibrio un sistema público de radiotelevisión y empresas de comunicación privadas, como ocurre en Europa, luego de los procesos de desregulación ocurridos en las últimas décadas del siglo pasado.
En Venezuela, la aspiración a un servicio público de radiotelevisión ya tuvo un elaboradísimo nivel de concreción en 1974, en el célebre Proyecto RATELVE. La crítica situación de la comunicación de nuestro país, el cerco incesante a la libertad de expresión y de información, la confiscación de los espacios públicos y privados de la comunicación al servicio de la parcialidad política en el gobierno y el culto a la personalidad del presidente de la república, colocan nuevamente sobre la agenda pública, ahora con carácter de urgencia, la conveniencia de los servicios públicos no gubernamentales de comunicación, la vieja pero siempre vigente idea de una BBC criolla. Antonio Pasquali, reconocida autoridad en la materia, resume claramente lo definitorio de un servicio público: “... todo Servicio Público tiene como características esenciales las de ser Universal (igual para todos), continuo (ininterrumpido), versatil (diferenciado según necesidades), adecuado (tecnológicamente actualizado) y no-gubernamental (no políticamente controlado por gobiernos).
Basados en estas consideraciones y conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución: “El Estado garantizará Servicios Públicos de Radio y Televisión”, suscribí el documento que el pasado lunes 12 de julio, junto a Antonio Pasquali y Elizabeth Safar (exdirectores del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, UCV, y miembros del Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público), fue consignado en la Defensoría del Pueblo, en tanto institución con mandato constitucional para defender a los ciudadanos antes los abusos de las autoridades estatales. La Defensora Gabriela Ramirez está obligada a procesar esa documentada denuncia contra el gobierno por haber pervertido la función de los medios de Estado para convertirlos en: “a), uno de los mayores y más anti-democráticos instrumentos creadores de asimetría de poder a favor del grupo político gobernante, por confiscación total de su capacidad emisora y control ideológico de sus contenidos, habiéndosele confiado como única misión la de ser órgano propagandístico de la ideología oficial y principal emisor de las alocuciones presidenciales de obligatoria retransmisión,.... b) un mecanismo formador de opinión pública desde el cual funcionarios públicos abusan de sus cargos y funciones para vulnerar en su dignidad, discriminar, marginalizar e insultar a ciudadanos, grupos y partidos cuyas creencias políticas no coinciden con las del régimen en el poder, c) un caso emblemático de uso anti-constitucional, indebido y arbitrario de patrimonio público puesto al servicio de la parcialidad política en el poder bajo el estímulo y el mal ejemplo del propio ciudadano Presidente de la República,...”.
La urgencia de una Autoridad Independiente garante del añorado servicio público, solicitada en el documento en cuestión, es, también, un importante aliciente para que el próximo 26 de septiembre votemos por una nueva Asamblea Nacional, equilibrada y plural.
Óscar Lucien
Twitter:@olucien
El Nacional, 18 de junio de 2010
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