!Huele a fo!

"Algo huele a podrido en Dinamarca". Metáfora de estos tiempos de revolución bolivariana (sic), la podredumbre que cada día escandaliza a los venezolanos da trágica corporeidad a la alusión de Horacio en el Hamlet de William Shakespeare. Mucho huele a podrido en Venezuela y la criminal descomposición de alimentos y medicinas escondidas en contenedores y depósitos a lo largo de todo el país no es sino la materialización de lo que el mismo teniente coronel Chávez ha denunciado como talón de Aquiles de su revolución: burocratismo, ineficiencia y corrupción.

Después de tanto gallinero vertical, de cultivos “orinopónicos”, de saraos y rutas de la empanada, luego del anuncio de tantas comunas socialistas y como consecuencia de tanto ¡expropiése! irresponsable, a quién puede sorprender hoy ver a esos camiones con el logo de Agrotiendas Socialistas trasladando semillas de papa dañadas a un relleno sanitario. ¿De cuál soberanía alimentaria nos habla Chávez cuando la hediondez debería privarle el aliento para “encadenarse” a cada rato buscando  engatusar al pueblo sobre los verdaderos responsables de estos crímenes?

Huele a podrido en Venezuela. Pero en medio de la hediondez de los alimentos y medicinas corrompidos es importante detenerse en la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) mediante decreto presidencial 7454, con el objeto,  aparente, de  coordinar la recopilación de información que realizan las instituciones del Estado y analizar los datos que requiera el Ejecutivo para tomar decisiones estratégicas pero que, en el fondo, esconde un nuevo y sofisticado instrumento de control en el incesante cerco a la libertad de expresión en nuestro país. Uno de los aspectos más sensibles y delicados de la actuación de este CESNA es lo relacionado con su atribución (art.9) de “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento”.  En consecuencia, vista la vocación “secretista” de este gobierno los venezolanos estaremos ahora a merced de unos funcionarios que de manera discrecional determinarán cuales informaciones son aptas para el consumo de la ciudadanía, prerrogativa que contradice el mandato constitucional (art.337) según el cual, ni siquiera en los estados de excepción puede ser restringido el derecho a la información. De igual manera, los alcances tan genéricos de una atribución que permite al Estado (léase al Presidente) “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia” contraviene lo pautado en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA que establece: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

Temas tan delicados como este de informar sobre la podredumbre de alimentos, sobre la presencia de oficiales cubanos en la Fuerza Armada Nacional y en instituciones estratégicas como identificación y extranjería, notarias y registros públicos, sobre el número de asesinatos semanales y el genocidio carcelario, dar cuenta de las ingentes sumas de dinero que se regalan a otros países, de acuerdo a consideraciones de este CESNA pueden considerarse de “reservado, clasificado, o de divulgación limitada” y privar a la soberanía de estar enterada de informaciones de evidente interés nacional.

El libre acceso a la información pública es un derecho constitucional: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular (...)” art.143. La creación del CESNA no hace sino escamotear este derecho y ofrecer un manto de seudo legalidad a indebidas prácticas, habituales de funcionarios públicos y del obsesivo celo de las instancias institucionales para la cobertura de los medios independientes.

Huele a fo y el olor es tan fuerte que no hay CESNA que pueda esconderlo. Tampoco las largas cadenas que, igualmente son otra modalidad de restricción de acceso a la información. Insisto, el libre acceso a la información pública es un derecho constitucional, razón por la que el próximo 26 de septiembre debemos elegir diputados que hagan cumplir la Constitución.

Óscar Lucien

Twitter:@olucien