Entrevista a Gustavo Hernández Díaz

Baja audiencia de medios públicos atenta contra penetración ideológica

Ivonne Ayala

El exdirector del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) Gustavo Hernández Díaz observa que no hay en el Gobierno la menor intención de dialogar con la oposición y aunque reconoce que el manejo de los medios públicos es grosero, estima que con 7% de audiencia distribuida entre todos aquellos con los que el Ejecutivo cuenta, tampoco se puede hablar de un adoctrinamiento exitoso por esta vía. 

Un día después de este proceso comicial ¿a qué situación nos enfrentamos los venezolanos siendo que en realidad el control del aparato de los medios, crucial en estas coyunturas ideológicas, continúa en manos solo del Gobierno? 

 -Un día después de esta jornada electoral la situación continúa agravándose en Venezuela. No existe un proyecto de país que convoque a los funcionarios más competentes y a la sociedad civil organizada, plural y diversa, para encarar, de una vez por todas,  los ingentes problemas de orden social, político, económico, jurídico y comunicacional. El Gobierno no tiene ninguna intención de dialogar con la oposición democrática y esto obedece a que  quiere imponer su doctrina política inspirada en modelos totalitarios, y que de manera eufemística el oficialismo denomina socialismo del siglo XXI. El país requiere con suma urgencia establecer un genuino régimen de civilidad democrática a partir de los principios éticos, morales y jurídicos que establece la Constitución nacional. A los sectores educativo y comunicacional les corresponde la gran responsabilidad de fortalecer valores humanos universales, solidaridad, respeto, libertad de expresión, por señalar algunos. Obviamente, lo que he señalado, hasta ahora, exige que el Gobierno rectifique y convoque a la construcción democrática del país para que la situación nacional no se siga agravando.        

-¿Existe la posibilidad de que los ciudadanos de este país rescaten, si es el caso, o preserven su autonomía de pensamiento y decisión?

 -Pensar que el ciudadano ha perdido su autonomía de pensamiento y libertad de elección significa asumir, en términos comunicacionales, que los medios masivos del Gobierno son eficaces en lo que atañe a su misión de adoctrinar sobre la base de un pensamiento único a los ciudadanos del país, y esto, en definitiva, no está ocurriendo en Venezuela. Solo basta con observar las encuestas sobre el nivel de penetración de los medios oficialistas para cerciorarnos de que estos no alcanzan ni el 7 por ciento de aceptación de las audiencias. Otro aspecto importante es que los telespectadores han migrado, de manera superlativa, a la televisión por suscripción, desmarcándose, literalmente, de las reiterativas e interminables cadenas presidenciales, propagandas y noticias irrelevantes de corte político.  Hay un factor determinante que no podemos soslayar: la historia política contemporánea de Venezuela ha demostrado con creces que el sistema democrático es el más viable y universal para las sociedades que abrazan la libertad en todas sus manifestaciones dentro del Estado de Derecho, siguiendo normas diáfanas en materia jurídica, esto es, cumplir con los deberes y derechos que nos exige la Constitución nacional. Ningún proyecto de políticas públicas es viable si se le da la espalda a la Constitución y a las necesidades sociales que demanda el país en estos momentos de profunda crisis moral. 

Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero el Estado ha dejado al margen estos principios democráticos a favor de su agenda política que pretende imponer.  

-¿Puede en mente y poder de decisión el ciudadano común hacerse impermeable a un discurso mediático,  adoctrinante, envolvente y permanente como el que se emite por todos los medios?

-Como antecedentes podemos mencionar el caso de Cuba, que cuenta con una sola televisora, una radio nacional y un medio impreso bajo el estricto control gubernamental, propio de un Estado totalitario. Y el caso de Perú, concretamente el gobierno de Fujimori, que restringió la libertad de información y de opinión, confiscando, además, medios de comunicación. Estos casos emblemáticos atentan contra los principios éticos de la propia democracia. Por otro lado, en el caso venezolano, los medios masivos son gubernamentales; lo cual significa que el sistema nacional de medios no responde a las necesidades psicosociales ni culturales del país; responde exclusivamente a intereses ideológicos del sector oficial. Si bien el gobierno cuenta con una importante infraestructura mediática, televisoras, circuitos de radio, con innumerables portales en Internet y con satélites de telecomunicaciones, todo ello con el fin de propagar su doctrina política, sigue siendo un Gobierno que -paradójicamente- incomunica, porque establece una total disonancia entre lo que informan sus medios y los problemas sociales que ocurren en la realidad: desabastecimiento, inseguridad, alto costo de la vida, corrupción en todos los niveles de la sociedad, etc. Es por ello que el poder de recepción o el poder de elegir corresponde al ciudadano, que no comparte la visión del Gobierno sobre lo que está sucediendo en su vida cotidiana. 

-¿En qué forma se han visto afectados los grandes proyectos de estudio y análisis comunicacional en la última década?

--Las políticas nacionales de comunicación siempre han sido una aspiración legítima de universidades y organizaciones civiles dando cabida a proyectos democráticos como Ratelve, en los setenta, el Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, en los ochenta, loable esfuerzo que persigue reconstruir la institucionalidad democrática en el marco de comunicaciones libres y plurales. Lamentablemente, el Gobierno no ha considerado estos aportes en materia de comunicación y hasta ha tergiversado los principios democráticos de estas propuestas en materia de comunicaciones.  

-¿Hay una receta para sanar como sociedad? 

-Considero que debemos invocar hasta el cansancio la Constitución nacional para que se restaure la institucionalidad en el país. Corresponde a la sociedad civil, a las universidades, a la familia, entre otras mediaciones sociales, mantenerse en permanente debate y vigilancia sobre el acontecer social. No podemos caer en la autocensura, es necesario, hoy más que nunca, que el ciudadano aprenda a cotejar los mensajes del Gobierno con otros puntos de vista, con otras informaciones; es la mejor manera de formarse un criterio propio sin que se imponga una única mirada de la realidad, la que nos quiere hacer ver el Gobierno. Al Gobierno difusor de propaganda no le interesa debatir la realidad, mientras que el ciudadano exige con urgencia pluralidad de ideas y sobre todo propuestas que ofrezcan soluciones concretas a los graves problemas de la nación.

Nunca es más  oscuro que cuando  va a amanecer

¿Comunicacionalmente qué se atrevería a avizorar del futuro de los venezolanos como seres humanos y elementos sociales? -Cito una frase muy elocuente: nunca es más oscuro que cuando está a punto de  amanecer; y con esto quiero decir que contamos con un capital humano, moral e intelectual que hará valer la Constitución y las leyes de la República para de esta manera retomar el camino democrático. Es imposible darle la espalda a la globalización de la democracia que es lo que prevalece en el mundo, es imposible soslayar la sociedad de la comunicación y del conocimiento que garantiza el libre pensamiento, el acceso y la participación en los asuntos públicos.   La convivencia y el sentir democrático forman parte del ADN de los venezolanos, la historia no comenzó hace 15 años, los cimientos democráticos del país se establecieron hace más de 40 años mediante un pacto social perfectible, dentro del marco constitucional. Quiero cerrar con esta premisa fundamental: una democracia eficaz requiere de comunicaciones libres y plurales. Si el poder se centraliza en un partido político,  si la sociedad no puede participar en los asuntos públicos, es imposible concebir un Estado comunicador de valores democráticos.  Hay que señalar que el Estado democrático lo conforman los habitantes de este país, sin exclusiones políticas, ideológicas, económicas y religiosas, cuyos poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial son independientes a intereses partidistas. Confío abiertamente en los valores democráticos de los venezolanos, en su capacidad moral e intelectual para superar la enorme crisis que estamos viviendo; tenemos que seguir insistiendo en los mecanismos jurídicos que nos ofrece la Constitución nacional, es el único recurso legítimo que tenemos para enfrentar por la vía democrática las acciones irracionales del actual Gobierno.

El Carabobeño, lunes 9 de diciembre, 2013