Opinar ¿es un delito?

Las recientes detenciones del dirigente político Oswaldo Álvarez Paz y de Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias Globovisión, por opiniones emitidas sobre aconteceres de la realidad política venezolana me llevan a revisar unos apuntes personales sobre lo que califico de “cerco a la libertad de expresión en Venezuela” con el propósito de encarar apropiadamente la respuesta a la interrogante de si, en Venezuela, opinar ¿es un delito?.

Entre los aspectos más preocupantes que limitan o cercan la libertad de expresión mediante las trabas al acceso a la información,  las demandas judiciales, la violencia verbal y las agresiones físicas, está la reforma al Código Penal promulgada el 16 de marzo de 2005 la cual repotencia los llamados delitos de desacato o vilipendio, y endurece significativamente las sanciones para lo que podríamos calificar delitos de expresión.

Sin duda alguna lo más grave de esta reforma al Código Penal es la criminalización de la opinión o manifestación de desaprobación, hecha en público o en privado, contra funcionarios públicos. Cualquier reclamo considerado una ofensa a un funcionario público será castigado con penas privativas de libertad. El nuevo Código Penal eleva las sanciones para los delitos de prensa, y muy en especial, los delitos de injuria, calumnia y difamación de una personalidad pública en el ejercicio de sus funciones.

La nueva versión del artículo 148 “establece una pena de 6 a 30 meses de cárcel para las ofensas al Presidente de la República. La sanción se incrementará en un tercio más cuando la ofensa sea pública”. Según el artículo 149, si va dirigida contra otro representante del Estado, la sanción será de la mitad, o dos tercios de la prevista en el artículo 148, de acuerdo con el rango de la persona ofendida: Vicepresidente, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, miembros de los Poderes Públicos, Ministros, Diputados o Alto Mando Militar.

Vale la pena destacar las consideraciones a este respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según las cuales leyes de desacato o vilipendio son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de igual manera, su insistencia, desde 1994, en recomendar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que adecuen sus legislaciones a las obligaciones y estándares internacionales sobre derechos humanos.

Por otra parte, de acuerdo con “el nuevo artículo 297A, la difusión de informaciones falsas a través de prensa escrita, teléfono o e-mail, con intención de ‘sembrar el pánico’, se castigará con una pena que va de dos a cinco años de cárcel”. Una verdadera espada de Damocles, la discrecionalidad de una autoridad pública o de un juez para determinar cuando un ciudadano con sus comunicaciones intentó “crear pánico”.

El artículo 444, referido al delito de  difamación, establece que toda persona que haga manifestaciones que puedan "exponer a otra persona al desprecio o el odio público" será castigada con una pena de uno a tres años de cárcel, y una multa. El Código Penal, previo a esta reforma, sancionaba una pena máxima de 18 meses de cárcel. Ahora bien, este artículo que hace expresa referencia a las publicaciones en la prensa, establece que si el delito se comete públicamente, la condena podrá llegar hasta cuatro años de cárcel, además de duplicar la sanción económica.

Por último, el artículo referido a la protección del honor incrementa considerablemente las penas del viejo Código: en el caso de la  injuria, que era castigada con un máximo de ocho días de cárcel, ahora podrá tener una pena comprendida entre seis meses y un año de cárcel, pero si el delito se comete a través de la prensa la sanción se eleva a uno a dos años de cárcel.

Voces calificadas como la de los abogados Alberto Arteaga y Rafael Chavero, a nivel nacional, han alertado sobre lo inconveniente y delicado de dicha reforma. En lo internacional el informe de la asociación Reporteros Sin Fronteras es muy claro al respecto: "Esta reforma supone una auténtica regresión en la materia. En lugar de ir hacia la despenalización preconizada por la Organización de Naciones Unidas, agrava las penas de cárcel previstas para determinados delitos de prensa. (...) las autoridades venezolanas van a contracorriente de la actual liberalización. Por otra parte, las fuertes sanciones establecidas para algunos delitos mal definidos, tales como "la ofensa" o "la protección del honor", van a animar a los periodistas a autocensurarse en sus críticas a las autoridades, por temor a incurrir en graves castigos".

Oswaldo Alvárez Paz está preso en una cárcel de la policía política por opinar en un programa de tv. Guillermo Zuloaga está en libertad en virtud de una medida cautelar, luego de opinar en un foro internacional. Opinar ¿es un delito?

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

El Nacional, 9 de abril de 2010

Autocensura

El reciente encarcelamiento de Oswaldo Álvarez Paz por sus opiniones expresadas en el programa Alo Ciudadano, de Globovisión, debe entenderse en el marco del incesante cerco a la libertad de expresión en Venezuela. De manera acertada, el comunicado de la “Mesa de la Unidad Democrática” señala que la detención del exgobernador del Zulia “es un intento de promover el miedo y la autocensura, como medios para silenciar a los venezolanos”. Por un lado, el gobierno busca acallar a los medios de comunicación mediante dispositivos legales que determinan supuestos ampliamente genéricos de infracciones que criminalizan la opinión y penalizan la expresión pública del disentimiento; se utilizan los controles impositivos, la discrecionalidad en la pauta de propaganda del gobierno y se recurre a la sanción extrema del cierre o revocatoria de licencia a capricho del ente regulador (sic).

Pero, por otro lado, se ponen en práctica mecanismos más sutiles y perversos para promover la autocensura: el propio condicionamiento de los medios de comunicación por temor a las repercusiones negativas derivadas de su labor intrínseca de información y de opinión. La averiguación contra el Presidente de Fedecámaras por declaraciones en el programa La Entrevista de RCTV internacional, el juicio a Rafael Poleo por  comentarios en Alo Ciudadano y la privación de libertad a Oswaldo Álvarez Paz, para solo citar los casos más recientes, tienen un impacto nefasto para la garantía de la pluralidad de la opinión pública de los venezolanos. Aunque los medios impresos no son ajenos a esta perversa dinámica, particularmente, por su mayor audiencia, se busca atemorizar a los prestadores de servicios radioeléctricos, en la misma medida que se pretende atemorizar al ciudadano común cada vez más inhibido a la expresión libre de su pensamiento. Y esto atenta contra la vida democrática. 

El oxígeno indispensable de una democracia es la garantía de que todos los ciudadanos puedan expresar de viva voz o por cualquier medio, su parecer de cuanto acontece en su vida ciudadana. Esta norma esencial, consagrada en las legislaciones de las democracias modernas, no siempre supone un diálogo fluido entre los ciudadanos y el Estado. En Venezuela son numerosos los ejemplos que muestran lo intolerante que pueden ser los gobiernos frente a la crítica de sus adversarios, como torcidos y perversos los mecanismos que se ponen en marcha para silenciar las opiniones adversas. A pesar de la insistencia oficial de que el gobierno actual ha sido muy respetuoso de la libertad  de expresión, lo “dicho dicta mucho del hecho”.

Más allá de las constantes embestidas verbales del Presidente contra los periodistas, de las descalificaciones a columnistas, de las constantes interpelaciones – y en repetidos casos  agresiones- a propietarios de los medios, son muchas las situaciones de coerción a los periodistas que han quedado en el limbo de la confusión, en la opacidad de lo sucedido, que le hacen muy flaco servicio al necesario y vital compromiso del ciudadano con la defensa de la libertad de expresión. Valdría la pena tener a mano un inventario de delicadas situaciones que han privado a la ciudadanía de numerosas fuentes de información y de opinión. Eventos en los que las explicaciones no han sido del todo claras y trasparentes y donde el ciudadano ha quedado con una extraña desazón que posibilita la coartada oportuna del régimen: se trata de un problema privado, entre patronos y empleados, y el gobierno no tiene nada que ver con el asunto. Y en lugar de explicación, clara y transparente, magazines ligeros, horóscopos, cartas astrales, comiquitas. Comiquitas que no dan risa por supuesto.

Los ciudadanos, y no sólo los periodistas y empresarios de los medios, tenemos la enorme responsabilidad de estar muy atentos a la más mínima acción gubernamental, o privada, que impida la libre expresión. En el mundo de hoy, se hace cada día más imposible callar a un medio con tanques de guerra o comandos policiales. Pero existen mecanismos más sutiles y certeros que una metralla o una paliza, que, aparentemente, no dejan huellas.

La prisión de Oswaldo Álvarez Paz es un claro mensaje del gobierno. Abrumado por las denuncias de corrupción, inmovilizado por el burocratismo y la ineficiencia, blanco de consistentes críticas por su incapacidad para resolver la adecuadamente la prestación de servicios tan esenciales como el agua y la electricidad, y asediado por los sondeos de opinión que vaticinan la pérdida de la Asamblea Nacional el gobierno arrecia su ataque a los medios. Tiene en marcha todos los dispositivos y la autocensura es uno de los más perniciosos.

Oswaldo Álvarez Paz está preso por opinar libremente. ¿Se impondrá la autocensura?

Óscar Lucien

Twitter:@olucien

El Nacional, 26 de marzo de 2010

Internet en la mira

La verborrea del teniente coronel Chávez ha encendido nuevamente la mecha y la obsecuente Fiscal General Ortega Díaz terminó por enredar el asunto citando chapuceramente a la canciller alemana Angela Merkel: “Internet no puede ser un territorio sin ley”. La alarma, legítimamente, se ha disparado. La Asamblea Nacional se ocupa del tema del asunto en un penoso acto de logomaquia, es decir, en una discusión en la que se atiende solo a las palabras y no a lo esencial del asunto.

Con todos sus bemoles, Internet representa la utopía de la comunicación. Por su filosofía del intercambio abierto de la información, la producción social del conocimiento y de la inteligencia colectiva. Por su arquitectura informática reticular, por la multidimensionalidad de los tipos de comunicación posible (interpersonal, de grupo, o masiva), por la hipertextualidad, por la desterritorialización. 

Sin embargo, es obvio, que en la realidad real, Internet no es un mundo aparte, que se encuentra en continua interrelación con el resto de la sociedad y en, consecuencia, condicionado por ella misma.

Internet, en efecto, no es un territorio sin ley. Existen condicionamientos, leyes si se quiere, relativas a la arquitectura de la información, a los protocolos que deben usarse para poder comunicar, sistemas de filtros propios a la misma red. Existen leyes relativas a la llamada cibercriminalidad, para la protección contra los fraudes electrónicos, contra la pedofilia y la pornografía infantil. En Alemania, por ejemplo, ya que ha citado a la canciller Merkel, está prohibido cualquier tipo de propaganda nazi. Esta es una prohibición que está asentada en la Constitución alemana. Y sin embargo, los nazis alemanes que no pueden colgar su propaganda en el portal Yahoo  alemán, porque está prohibido, lo colocan en el Yahoo francés. Internet no puede ser un territorio sin ley, es verdad, y de hecho no lo es. En las sociedades democráticas, donde el Estado actúa en defensa de los ciudadanos, se legisla para proteger a los ciudadanos de la utilización indebida de datos sensibles, contra el uso de informaciones personales para la creación de perfiles de usuarios con fines económicos.

En el caso de Venezuela toda referencia a una eventual regulación a un medio o sistema de comunicación como Internet genera preocupación por la racionalidad totalitaria y no democrática en el fondo de su motivación. La intervención de altos voceros del gobierno no ha contribuido a tranquilizar a la colectividad. Al Presidente de la República se le informa de una noticia falsa en un portal digital sobre la presunta muerte de uno de sus Ministros. En lugar de solicitar la corrección, la rectificación oportuna o en, caso extremo, querellarse con el autor de la noticia, al Jefe del Estado no se le ocurre otra cosa que mandar a controlar Internet. Es como si se pretendiera legislar y controlar la venta de cuchillos porque un amante enloquecido por los celos apuñaleó a su compañera. La Fiscal General, bueno, ni se diga. En lugar de defender derechos de la ciudadanía o, en el caso en cuestión, averiguar lo que ocurre, también solicita una ley, que dados sus antecedentes cuando propuso la Ley contra Delitos Mediáticos, no puede ser sino para controlar. Aristóbulo Isturiz ex-Ministro de Educación que tiene responsabilidad en la fallida aplicación del Decreto 825 relativo a Internet como prioridad para el desarrollo, “para facilitar la promoción y masificación de su uso en la población” defiende al Jefe del Estado aclarando que no se pide una nueva legislación porque esta ya existe: la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con las pestañas?

La hipersensibilidad del gobierno a la crítica que cada vez se estrecha en los medios masivos de comunicación, el efectivo cerco a la libertad de expresión en nuestro país a través de dispositivos legales como la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, la utilización discrecional del uso de la propaganda del gobierno para premiar o castigar políticas editoriales e informativas independientes y particularmente, la creciente y perversa autocensura, ha hecho que Internet se potencie como fuente esencial de información y comunicación. Y por ello debe ser preservada del control del gobierno.

Internet, en efecto, no es un mundo, aparte. No es un territorio sin ley. Pero Internet representa el imaginario de la comunicación y de la información sin restricciones, de la horizontalidad. Más allá de las consideraciones, restricciones y controles que las sociedades democráticas han ido construyendo para preservar este espacio de libertad con la protección debida a derechos humanos fundamentales, el mayor control sobre Internet es su credibilidad.

Óscar Lucien

Twitter:@olucien