El reciente encarcelamiento de Oswaldo Álvarez Paz por sus opiniones expresadas en el programa Alo Ciudadano, de Globovisión, debe entenderse en el marco del incesante cerco a la libertad de expresión en Venezuela. De manera acertada, el comunicado de la “Mesa de la Unidad Democrática” señala que la detención del exgobernador del Zulia “es un intento de promover el miedo y la autocensura, como medios para silenciar a los venezolanos”. Por un lado, el gobierno busca acallar a los medios de comunicación mediante dispositivos legales que determinan supuestos ampliamente genéricos de infracciones que criminalizan la opinión y penalizan la expresión pública del disentimiento; se utilizan los controles impositivos, la discrecionalidad en la pauta de propaganda del gobierno y se recurre a la sanción extrema del cierre o revocatoria de licencia a capricho del ente regulador (sic).
Pero, por otro lado, se ponen en práctica mecanismos más sutiles y perversos para promover la autocensura: el propio condicionamiento de los medios de comunicación por temor a las repercusiones negativas derivadas de su labor intrínseca de información y de opinión. La averiguación contra el Presidente de Fedecámaras por declaraciones en el programa La Entrevista de RCTV internacional, el juicio a Rafael Poleo por comentarios en Alo Ciudadano y la privación de libertad a Oswaldo Álvarez Paz, para solo citar los casos más recientes, tienen un impacto nefasto para la garantía de la pluralidad de la opinión pública de los venezolanos. Aunque los medios impresos no son ajenos a esta perversa dinámica, particularmente, por su mayor audiencia, se busca atemorizar a los prestadores de servicios radioeléctricos, en la misma medida que se pretende atemorizar al ciudadano común cada vez más inhibido a la expresión libre de su pensamiento. Y esto atenta contra la vida democrática.
El oxígeno indispensable de una democracia es la garantía de que todos los ciudadanos puedan expresar de viva voz o por cualquier medio, su parecer de cuanto acontece en su vida ciudadana. Esta norma esencial, consagrada en las legislaciones de las democracias modernas, no siempre supone un diálogo fluido entre los ciudadanos y el Estado. En Venezuela son numerosos los ejemplos que muestran lo intolerante que pueden ser los gobiernos frente a la crítica de sus adversarios, como torcidos y perversos los mecanismos que se ponen en marcha para silenciar las opiniones adversas. A pesar de la insistencia oficial de que el gobierno actual ha sido muy respetuoso de la libertad de expresión, lo “dicho dicta mucho del hecho”.
Más allá de las constantes embestidas verbales del Presidente contra los periodistas, de las descalificaciones a columnistas, de las constantes interpelaciones – y en repetidos casos agresiones- a propietarios de los medios, son muchas las situaciones de coerción a los periodistas que han quedado en el limbo de la confusión, en la opacidad de lo sucedido, que le hacen muy flaco servicio al necesario y vital compromiso del ciudadano con la defensa de la libertad de expresión. Valdría la pena tener a mano un inventario de delicadas situaciones que han privado a la ciudadanía de numerosas fuentes de información y de opinión. Eventos en los que las explicaciones no han sido del todo claras y trasparentes y donde el ciudadano ha quedado con una extraña desazón que posibilita la coartada oportuna del régimen: se trata de un problema privado, entre patronos y empleados, y el gobierno no tiene nada que ver con el asunto. Y en lugar de explicación, clara y transparente, magazines ligeros, horóscopos, cartas astrales, comiquitas. Comiquitas que no dan risa por supuesto.
Los ciudadanos, y no sólo los periodistas y empresarios de los medios, tenemos la enorme responsabilidad de estar muy atentos a la más mínima acción gubernamental, o privada, que impida la libre expresión. En el mundo de hoy, se hace cada día más imposible callar a un medio con tanques de guerra o comandos policiales. Pero existen mecanismos más sutiles y certeros que una metralla o una paliza, que, aparentemente, no dejan huellas.
La prisión de Oswaldo Álvarez Paz es un claro mensaje del gobierno. Abrumado por las denuncias de corrupción, inmovilizado por el burocratismo y la ineficiencia, blanco de consistentes críticas por su incapacidad para resolver la adecuadamente la prestación de servicios tan esenciales como el agua y la electricidad, y asediado por los sondeos de opinión que vaticinan la pérdida de la Asamblea Nacional el gobierno arrecia su ataque a los medios. Tiene en marcha todos los dispositivos y la autocensura es uno de los más perniciosos.
Oswaldo Álvarez Paz está preso por opinar libremente. ¿Se impondrá la autocensura?
Óscar Lucien
Twitter:@olucien
El Nacional, 26 de marzo de 2010
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