La verborrea del teniente coronel Chávez ha encendido nuevamente la mecha y la obsecuente Fiscal General Ortega Díaz terminó por enredar el asunto citando chapuceramente a la canciller alemana Angela Merkel: “Internet no puede ser un territorio sin ley”. La alarma, legítimamente, se ha disparado. La Asamblea Nacional se ocupa del tema del asunto en un penoso acto de logomaquia, es decir, en una discusión en la que se atiende solo a las palabras y no a lo esencial del asunto.
Con todos sus bemoles, Internet representa la utopía de la comunicación. Por su filosofía del intercambio abierto de la información, la producción social del conocimiento y de la inteligencia colectiva. Por su arquitectura informática reticular, por la multidimensionalidad de los tipos de comunicación posible (interpersonal, de grupo, o masiva), por la hipertextualidad, por la desterritorialización.
Sin embargo, es obvio, que en la realidad real, Internet no es un mundo aparte, que se encuentra en continua interrelación con el resto de la sociedad y en, consecuencia, condicionado por ella misma.
Internet, en efecto, no es un territorio sin ley. Existen condicionamientos, leyes si se quiere, relativas a la arquitectura de la información, a los protocolos que deben usarse para poder comunicar, sistemas de filtros propios a la misma red. Existen leyes relativas a la llamada cibercriminalidad, para la protección contra los fraudes electrónicos, contra la pedofilia y la pornografía infantil. En Alemania, por ejemplo, ya que ha citado a la canciller Merkel, está prohibido cualquier tipo de propaganda nazi. Esta es una prohibición que está asentada en la Constitución alemana. Y sin embargo, los nazis alemanes que no pueden colgar su propaganda en el portal Yahoo alemán, porque está prohibido, lo colocan en el Yahoo francés. Internet no puede ser un territorio sin ley, es verdad, y de hecho no lo es. En las sociedades democráticas, donde el Estado actúa en defensa de los ciudadanos, se legisla para proteger a los ciudadanos de la utilización indebida de datos sensibles, contra el uso de informaciones personales para la creación de perfiles de usuarios con fines económicos.
En el caso de Venezuela toda referencia a una eventual regulación a un medio o sistema de comunicación como Internet genera preocupación por la racionalidad totalitaria y no democrática en el fondo de su motivación. La intervención de altos voceros del gobierno no ha contribuido a tranquilizar a la colectividad. Al Presidente de la República se le informa de una noticia falsa en un portal digital sobre la presunta muerte de uno de sus Ministros. En lugar de solicitar la corrección, la rectificación oportuna o en, caso extremo, querellarse con el autor de la noticia, al Jefe del Estado no se le ocurre otra cosa que mandar a controlar Internet. Es como si se pretendiera legislar y controlar la venta de cuchillos porque un amante enloquecido por los celos apuñaleó a su compañera. La Fiscal General, bueno, ni se diga. En lugar de defender derechos de la ciudadanía o, en el caso en cuestión, averiguar lo que ocurre, también solicita una ley, que dados sus antecedentes cuando propuso la Ley contra Delitos Mediáticos, no puede ser sino para controlar. Aristóbulo Isturiz ex-Ministro de Educación que tiene responsabilidad en la fallida aplicación del Decreto 825 relativo a Internet como prioridad para el desarrollo, “para facilitar la promoción y masificación de su uso en la población” defiende al Jefe del Estado aclarando que no se pide una nueva legislación porque esta ya existe: la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con las pestañas?
La hipersensibilidad del gobierno a la crítica que cada vez se estrecha en los medios masivos de comunicación, el efectivo cerco a la libertad de expresión en nuestro país a través de dispositivos legales como la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, la utilización discrecional del uso de la propaganda del gobierno para premiar o castigar políticas editoriales e informativas independientes y particularmente, la creciente y perversa autocensura, ha hecho que Internet se potencie como fuente esencial de información y comunicación. Y por ello debe ser preservada del control del gobierno.
Internet, en efecto, no es un mundo, aparte. No es un territorio sin ley. Pero Internet representa el imaginario de la comunicación y de la información sin restricciones, de la horizontalidad. Más allá de las consideraciones, restricciones y controles que las sociedades democráticas han ido construyendo para preservar este espacio de libertad con la protección debida a derechos humanos fundamentales, el mayor control sobre Internet es su credibilidad.
Óscar Lucien
Twitter:@olucien
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