¿Existe libertad de expresión en Venezuela?

Si nos atenemos a los citados artículos, fundamentales de la Constitución, y a lo consagrado en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, podemos glosar un inicial repertorio de atentados, restricciones, limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de información en Venezuela que desenmascaran la cada vez más gastada coartada del oficialismo:

a) El inconstitucional uso y abuso de los medios radioeléctricos del Estado venezolano por parte del presidente Chávez, en particular, el abuso de las llamadas “cadenas”, es decir el copamiento totalitario de todo el sistema radioeléctrico, público y privado. Las cadenas, digámoslo de una vez, constituyen una palmaria violación de la libertad de expresión y del derecho a la información de los venezolanos.

b) El marco legal intimidatorio, la consagración de normas jurídicas que tipifican entre las leyes de desacato, la reforma del Código Penal, artículos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la Ley de Educación, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia 1013, sentencia 1942), la abortada Ley Especial Contra los Delitos Mediáticos, el amago de una ley para controlar internet, que se concreta luego en la reforma a la Ley Resorte.

c) Los retrasos administrativos y burocráticos, la discrecio- nal permisología para el otorgamiento de autorizaciones para la colocación de antenas y ampliación de la cobertura de estacio- nes de radio y de televisión por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), restringen el ejercicio de la libertad de expresión y de información de los venezolanos. El cierre de RCTV y de 34 emisoras de radio, agudiza en su condición ex- trema la estrechez del cerco.

d) El permanente acoso del Seniat (entidad recaudadora de impuestos) que denuncian directores y propietarios de medios que mantienen una posición editorial crítica al Gobierno tipifica como limitación al ejercicio de la libertad de expresión.

e) La discrecionalidad en la colocación de la pauta de pro- paganda oficial, tanto de la administración central como descentralizada, regional y local.

f) La negativa o los obstáculos para acceder a las fuentes informativas de entidades del Gobierno.

g) La concentración de medios de comunicación del Estado para uso exclusivo del Gobierno y para el culto a la persona- lidad del Presidente de la República.

h) Los atentados a las instalaciones físicas y las agresiones directas a los periodistas constituyen una amenaza latente dada la displicencia con la que los organismos policiales y judiciales abordan el asunto.

i) Las modificaciones en el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional que limitan la libertad de expresión de los parlamentarios.

j) El desamparo institucional y la manifiesta actitud negativa del Estado venezolano ante las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de medios y de comunicadores.

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