La “Declaración de Principios sobre Libertad de expresión” producida en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a finales de 2000, representa a nivel regional el marco jurídico más efectivo en defensa del ejercicio de la libertad de expresión, en concordancia con los principios doctrinarios de la legislación internacional. Cualquier análisis sobre la realidad comunicacional de algún país latinoamericano cuenta en la citada declaración, de un contexto amplio, fundamentado, doctrinario, para evaluar el grado de respeto a la garantía constitucional a la libertad de expresión y del derecho de información de sus ciudadanos.
¿Qué ocurre en Venezuela? Si nos atenemos a los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana y a lo consagrado en laDeclaración de Principios sobre Libertad de expresión, un breve recuento de la realidad comunicacional venezolana ilustra lo precario del ejercicio de la libertad de expresión y las insuficiencias sobre la garantía al derecho a la información: 1) El inconstitucional uso y abuso de los medios radioeléctricos del Estado venezolano por parte del presidente Chávez, en particular, el abuso de las “cadenas”; 2) Dispositivo legal intimidatorio, la consagración de normas jurídicas que tipifican como leyes de desacato, la reforma del Código Penal, artículos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y medios electrónicos, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia 1013, sentencia 1942), la abortada Ley Especial Contra los Delitos Mediáticos, 3) Retrasos administrativos y discrecional permisología para el otorgamiento de autorizaciones para la colocación de antenas y ampliación de la cobertura de estaciones de radio y de televisión por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); 4) El cierre de RCTV y de más de 34 emisoras de radio; 5) El permanente acoso del Seniat en contra de medios que mantienen una posición editorial crítica al desempeño ineficiente, burocrático y corrupto del Gobierno. 6) La discrecionalidad en la colocación de la pauta de propaganda oficial, tanto de la administración central como descentralizada, regional y local; 7) La concentración de medios de comunicación del Estado para uso exclusivo del Gobierno y para el culto a la personalidad del Presidente de la República; 8) Los atentados a las instalaciones físicas y las agresiones directas a los periodistas; 9) El desamparo institucional y la manifiesta actitud negativa del Estado venezolano ante las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de medios y de comunicadores. 10) La negativa o los obstáculos para acceder a las fuentes informativas de entidades del Gobierno. 11) Las modificaciones en el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Este preocupante panorama que califico como “cerco a la libertad de expresión en Venezuela” tiene dos dimensiones particularmente agravantes en los numerales 11 y 12 de este recuento.
Siendo la Asamblea Nacional, el foro por excelencia del debate político, expresión de la pluralidad de la opinión política del país, el parlamento, es inaceptable que sea conducida bajo un Reglamento de Interior y de Debates que limita la libertad de expresión de los parlamentarios. Para agravación de este mal, la nueva legislatura ha validado dócilmente una arbitrariedad y atropello de la anterior directiva: la prohibición de la cobertura de los debates parlamentarios por los medios libres e independientes.
“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional...”
La decisión de que los debates se sigan por el llamado canal de la Asamblea forma parte de la estrategia restrictiva y coercitiva que en otros frentes ejecuta el gobierno. ANTV no es un canal imparcial, no ofrece una cobertura informativa equilibrada y equitativa, y mantiene una línea editorial subalterna a los lineamientos ideológicos de hegemonía comunicacional del mal llamado “sistema nacional de medios públicos”. No sólo por principios de ética periodística sino de respeto a la voluntad popular expresada el 26 de septiembre ANTV se debe a todos los venezolanos y no a una parcialidad política. ¿ANTV, canal de la Asamblea? los diputados de la alternativa democrática tienen la palabra. Y votamos por ellos para que la hagan oír.
Óscar Lucien (El Nacional, 27 de mayo de 2011)
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